En plena vorágine por el cierre de la negociación de la deuda, se insertó el debate sobre la tan aclamada (como postergada) reforma del Poder Judicial. Un debate pendiente desde, por lo menos, la transición a la democracia. El Presidente de la Nación Alberto Fernández, el 10 diciembre de 2019 ante una plaza colmada de gente y esperanzas, había dicho “nunca más” a los sótanos de la democracia. Hacía referencia a la persecución judicial que se libró contra Cristina Fernández de Kirchner y lxs opositorxs al, por entonces, gobierno de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos.
El Poder Judicial junto a la deuda externa son los dos problemas estructurales y estructurantes con los que asumió el Frente de Todxs. El que concierne a la deuda cerró un primer capítulo días atrás. El segundo ¿qué viabilidad tiene? ¿Es posible pensar una transformación real del Poder Judicial?
Más allá de los recursos retóricos y la división de poderes que propone la República, los vínculos y el nivel de condicionamiento inter-poderes del Estado siempre fueron un signo de interrogación y estuvieron sujetos a los cambios coyunturales. La judicialización de la política o la politización de la Justicia, lejos de ser una novedad, ha sido un fenómeno que se ha repetido a lo largo de los años. Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) el Poder Judicial ha tenido un rol legitimador del orden de facto y del accionar represivo. Tras el fin de la misma y en el marco de la transición a la democracia, fue parte del problema democrático en su totalidad. Un problema que sigue irresuelto hasta hoy.
Por la persistencia de sus lógicas regias su composición expone la negación de la democracia misma. La “familia judicial” se define a partir de relaciones parentales, tradiciones, linaje y prestigio, donde la incorporación de sus miembros y el ascenso en la carrera judicial se genera a partir de intercambio de favores (y obligaciones). Esto conjuga una trama de alianzas y lealtades circunstanciales que, como elemento orgánico, evidencian el emparentamiento con las clases dominantes y sus intereses, básicamente porque pertenecen a ella.
La pesada herencia del macrismo: la guerra judicial como estrategia de persecución estatal (y paraestatal)
Para hacerse de la dirección del gobierno y el Estado, la alianza Cambiemos apeló a la reconfiguración de las estrategias políticas. En términos superestructurales, el Poder Judicial devino en el espacio político e institucional dilecto para reorganizarla y vehiculizarla junto con los medios de comunicación –garantizado no solo la estigmatización del kirchnerismo sino también su propio blindaje mediático- y los servicios de inteligencia –operando discrecionalmente en los tribunales federales y como mano de obra en el armado de causas. Esta tríada conformada por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los medios de comunicación apostaron a la conformación de un espacio (para)estatal sui generis: la “mesa judicial” compuesta por funcionarios de gobierno, jueces, fiscales, periodistas, operadores y servicios, cuyo objetivo era vehiculizar la guerra político-judicial a partir de los procesos de judicialización. Esto tenía fines políticos, como el socavamiento de la legitimidad de la oposición (cuando no su proscripción) y económicos, en el caso de los empresarios. Mauricio Macri junto al PRO y la alianza Cambiemos construyó un bloque de poder económico-financiero y mediático-judicial que neutralizó la estrategia política del amplio campo nacional y popular cuyos alcances, sin duda alguna, persisten.
Esta guerra la libraron disputando, una vez más, el sentido de la democracia: se postulaban como los garantes de la República y las instituciones democráticas; encarnaban la supuesta lucha contra la corrupción, el respeto por la división de poderes y, por sobre todo, la independencia del Poder Judicial. Trasladaron el epicentro de su gestión de lo económico y social a lo político e institucional apelando a una supuesta ética republicana y construyendo narrativas vinculadas a resguardar o recuperar la democracia contra el “autoritarismo populista”.
Sin embargo, no tuvo prurito ni cuestionamiento alguno al designar por decreto y a cinco días de haber asumido, a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- eludiendo el proceso de selección en audiencias públicas y acuerdo en el Senado. Como así tampoco en vulnerar los estamentos básicos del Estado de derecho a partir de la suspensión de facto de garantías constitucionales y derechos esenciales principalmente para sus adversarios políticos con procesos judiciales parciales, detenciones y prisiones preventivas arbitrarias (televisadas),apelandoal fórum shopping (que posibilitaba que las causas siempre caigan en los tribunales amigos) con testigos arrepentidos extorsionados, peritos truchos, escuchas ilegales y espionaje. Hasta construyeron una “doctrina” ad hoc para justificar las prisiones preventivas en manos del escriba Martín Irurzum.
El gobierno de Mauricio Macri fue el capítulo argentino de la guerra judicial (lawfare) que comenzó a desatarse en América Latina y que se define por el empleo de los medios jurídicos para la persecución y la inhabilitación del adversario político (llámese Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva, Evo Morales, Rafael Correa) para socavar su legitimidad y como condición de posibilidad para construir la propia (sea la de Mauricio Macri, Jaír Bolsonaro, Lenin Moreno o Janine Añez). Esta modalidad apela a mecanismos legales como ilegales, tal como quedó evidenciado en la causa que lleva adelante el Dr. Alejo Ramos Padilla en Dolores como la que se está investigando actualmente en los Tribunales Lomas de Zamora. En ambas investigaciones asoman elementos tanto estales como paraestatales que tienen en común la escasa o nula legitimidad de su modus operandi como de los actores que lo vectorizan.
Los golpes contra los procesos democráticos ya no requieren (necesariamente) de las FF.AA. y del empleo de la violencia directa. En el siglo XXI las tropas de asalto la componen funcionarios judiciales (jueces y fiscales) y los medios de comunicación (que construyen las narrativas necesarias para “legitimar” estos procedimientos) como exponentes directos de los grupos de facto que tienen el poder real y no están dispuestos a perder privilegios o a que se altere, aunque sea mínimamente, el statu quo.
¿Qué hay que hacer con el Poder Judicial?
De este modo asistimos impávidos a este accionar del Poder Judicial que no tuvo precedentes en tiempos democráticos.
La persecución y las prisiones preventivas contra ex funcionarios y dirigentes políticos fueron premiadas. El aleccionamiento era doble: por un lado, hacia el campo popular con el fin de disciplinarlo y, por otro lado, al Poder Judicial para que “cierren filas”. Esta “justicia a la carta” tuvo sus estrellas siendo tal vez los casos más escandalosos los de los jueces del TOF 4 Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quienes, tras condenar a Amado Boudou y ordenar su detención en ese mismo instante (algo inédito también) y a los 20 días condenar a Julio De Vido, fueron ascendidos a la Cámara Federal. Y no es el único caso.
A esto hay que sumarle el espionaje, algo que era vox populi y que lentamente está saliendo a la luz, que utilizaba el aparato (i)legal del Estado contra lxs opositorxs y hasta a los mismos presos políticos. Por esta causa está procesada la cabeza la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de integrantes de la misma, que pasaron unos pocos días detenidxs. A diferencia de los tiempos del macrismo, nadie fue expuesto públicamente en los medios de comunicación entre gallos y medianoche. Por otro lado, solicitaron el teléfono de Macri en una causa que investiga la “supuesta” mesa judicial, pero el expresidente lejos de presentarse y facilitar el procedimiento, optó por irse a Francia sin fecha clara de regreso, teléfono en mano, gozando de total impunidad mediática y judicial.
La reforma del Poder Judicial y la conformación de la Comisión para dar este debate ya empezó a generar sus movimientos y resistencias: el rechazo de la Cámara del Crimen y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (en un recurso curioso, pero para nada novedoso de oponerse a algo que aún no existe per se) como así también del lobby mediático y la oposición política. Esto ya tuvo sus primeros signos: el 2 de agosto Clarín anunció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) preparaba respuestas “contra el kirchnerismo”. Días después, el 6 de agosto, la CSJ ratificó la condena a Luis D’Elía por la toma de la comisaría. Un día antes el monopolio había titulado: “La Corte no quiere confrontar, pero los ex funcionarios K recibirán malas noticias” (05/08/2020). El domingo 9 de agosto, Morales Solá en su editorial de La Nación se refirió a este caso y agregó que podría hacer lo propio con Amado Boudou; además sostuvo que la “bala de plata” sería declarar la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura del 2006. Todo muy democrático.
La reforma prevista plantea un cambio en materia de acceso a la Justicia. Algo que no está mal, pero sin duda, en el país de la guerra judicial es insuficiente. Lejos estamos de creer que un “mejor” funcionamiento es darle más poder a los fiscales, cuando Carlos Stornelli continúa ejerciendo sus funciones como si nada o cuando Eduardo Casal continúa como jefe de todos ellos. Como así tampoco con una CSJ cuya presidencia la encarna un referente de la corporación más poderosa del país.
Una reforma judicial que no toque a los fiscales y jueces que posibilitaron el lawfare, que no revise las causas judiciales que vectorizaron, que ratifique las condenas escandalosas como respuesta ante una posible amenaza a sus intereses y privilegios, es una afrenta a la democracia. El funcionamiento, la composición y las lógicas del Poder Judicial atentan contra toda institucionalidad posible. Si no se neutraliza con una reforma profundamente democrática no hay proyecto popular posible.
* Florencia Prego es Licenciada en Sociología y maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Becaria UBA categoría doctoral con sede en el IEALC. Secretaria de redacción de e-l@tina. Revista Electrónica sobre estudios Latinoamericanos.
