Expresan a través de sus candidatos, que no es verdad que donde haya una necesidad, haya un derecho, plantean que esa concepción lleva al intervencionismo estatal y al aumento del gasto público, que el Estado no tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de la población y que, al hacerlo, genera más pobreza y desigualdad.
El capitalismo se ha caracterizado por construir sociedades excluyentes en las cuales los sectores vulnerables no tienen derecho a acceder a mejores condiciones de vida, pues quienes nacen en lugares en donde no existen posibilidades de acceder a una buena alimentación y salubridad y no se cumple con los requisitos mínimos para poder incorporarse a la educación, su destino está condicionado y su libertad de elección ceñida por una cualificación laboral cada día más exigente, condenados a vivir según la voluntad de quienes lo poseen todo.
Reminiscencias de las sociedades esclavistas y feudales en donde imperaba la ley del más fuerte, no por su capacidad y por su sabiduría, sino por el poder acumulado en el saqueo de la guerra y la masacre, o por voluntad “Divina”.
Sociedades de descarte, en las que se demuestra una y otra vez que los pobres no son iguales ante la ley y que existen distintas graduaciones de ciudadanos, ciudadanos de primera y de segunda categoría.
Estados de acaudalados propietarios, que compran la producción, la vida del productor y los destinos del país, desde los bancos y las financieras, utilizando las instituciones e instrumentos del Estado al que pretenden minimizar, para su beneficio y a costa de la vida de los demás conciudadanos.
Cuando uno escucha que la solución a los problemas políticos y sociales no llegan de la mano de la solidaridad y la inclusión, sino del orden y la imposición, de la represión y de la exclusión, se da cuenta, que todavía hay personajes en la política, que no han comprendido que el avance de la humanidad se ha dado en base a intentar, con aciertos y errores, transitar los caminos de la unidad, la solidaridad y la complementariedad.
¿Las sociedades de Occidente, sancionando y bloqueando a diferentes países del sur global, Han generado mejores condiciones de vida para sus pueblos? ¿Es mejor la sociedad norteamericana después de ejercer bloqueos y sanciones contra Cuba? ¿Sus valores humanitarios se han incrementado dejando a un pueblo sin medicamentos y comida?, Con su participación en distintos golpes de Estado o incursiones criminales y manipulaciones mediante los organismos internacionales contra otros gobiernos a los que pretendían disciplinar o derrocar, ¿las potencias de Occidente han contribuido en la lucha contra el hambre y la desigualdad ?, por lo que se ve, no.
En la 78ª Asamblea de la ONU realizada hace unos días, la primera ministra de Barbados, Mia Amor Monttley, nos brindaba con sus palabras un ejemplo clarísimo de esto que estamos reflexionando, “Es probable que el petróleo, el precio del petróleo supere los cien dólares estadounidenses y los países pequeños que no producen petróleo serán víctima de ello al igual que nuestro pueblo, incluso en países grandes como los EE.UU. Debemos resolver estos problemas y no es imposible hacerlo. Cuando los EE.UU y muchos países de Europa determinaron que reconocerían al presidente Guaidó, sin que hubiera una presidencia para que él asumiera, porque no se sometió a ninguna elección, los miembros de la Comunidad del Caribe vinieron a esta institución y se reunieron con el Secretario General y se reunieron con varios países y poco a poco vimos cómo la gente entraba en razón y reconocieron que la Carta de las Naciones Unidas no permitía ese tipo de atribución inconstitucional de la presidencia a nadie. Hoy digo que debe haber transparencia. No puede ser que la Comunidad del Caribe que necesita un mecanismo de estabilización en medio de una crisis energética, no pueda tener acceso a los precios con descuentos que el gobierno y el pueblo de Venezuela están dispuestos a ofrecer a sus vecinos para minimizar el sufrimiento. ¿Cómo es posible que Chevron y la Unión europea puedan acceder al petróleo y al gas de Venezuela, pero los pueblos del Caribe no puedan acceder a ellos con el 35% de descuento que ofrece el pueblo de Venezuela? ¿Cómo es posible que tengamos que soportar un coste de un 4 % adicional del PIB en mi propio país simplemente porque las normas que aplican para unos no aplican para otros?
En el siglo XXI, países que, antiguamente siendo colonia, fueron explotados y saqueados, hoy con una banca en las Naciones Unidas, no tienen derecho a la libertad de poder elegir que camino seguir, o que forma de gobierno darse, porque todavía se mantiene un sistema de dominación mundial, en el cual se habla de democracia, de libertad y de derechos, pero nada se hace para reivindicar a quienes fueron víctimas de los que hoy se piensan dueños del mundo.
Tenemos derecho a vivir en un mundo sin contaminación y en paz, tenemos derecho a vivir en un mundo sin apartheid, sin migración forzada por la guerra, la sed, o el hambre, y para poder ejercer ese derecho hay que solucionar las necesidades que tienen millones de personas combatiendo la desigualdad, las asimetrías y reparando las injusticias.
Esa es una necesidad a ser solucionada si queremos evolucionar como humanidad.
Donde hay una necesidad, hay un derecho, no puede ser entendido de otra manera, porque a situaciones como las mencionadas no se llega por casualidad, se llega porque hay una historia previa de colonialismo, conquista y represión, que se debe superar, y eso sólo se logra con reconocimiento, solidaridad y complementariedad.
El derecho natural es una doctrina ética y jurídica, anterior al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario, que manifiesta que existen derechos universales fundamentados o determinados en la naturaleza humana, por tal motivo, todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, tienen derecho a todo aquello que les permita vivir una vida digna.
La aseveración de que «donde hay una necesidad, hay un derecho» expresa la idea de que los derechos humanos son inherentes a la condición humana, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de proteger todos los derechos humanos. Esto significa que el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes y servicios básicos que necesitan para vivir una vida digna.
Por ejemplo, la necesidad de educación es un derecho humano. Todos los niños tienen derecho a una educación gratuita y de calidad, independientemente de su condición social o económica, de su raza, religión, nacionalidad o cualquier otra condición. El Estado tiene la obligación de garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación.
La afirmación de que «donde hay una necesidad, hay un derecho» es un principio importante que debe guiar el desarrollo de las leyes y políticas públicas, pues de lo contrario, entramos en una concepción perversa que excluye por acción u omisión a otros ciudadanos que, por una condición particular, de nacimiento o por diversas circunstancias sociales, necesitan un entorno apropiado que les permita desarrollarse como sujetos.
La conceptualización de que el individualismo, el sálvense quien pueda, el no te metas o el “Mercado” puede generar una forma vivible de sociedad nos conduce a un colapso civilizatorio.
La aplicación de la política del “Estado Mínimo” significa el abandono del territorio y su gente, pero no de sus recursos naturales explotables de los cuales se encarga “el Mercado”
Del resto se encargará el crimen organizado, en sus múltiples variantes: el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, la explotación sexual, el trabajo esclavo, la extorsión y el sicariato, reclutando forzosamente o mediante la erogación económica al ejército de pobres abandonados por el Estado.
El “Mercado” se encargará de canalizar, a través de sus bancos y financieras, las ganancias ilícitas producidas por las organizaciones criminales, los grandes Cárteles, que blanquearán sus capitales en mercados inmobiliarios o en el mundo de las finanzas.
Toda una perversión, en la que se reproduce el capital, sin el costo de tener que aportarle a las mayorías, pues los únicos que tienen derechos son los que conforman las mafias y las “castas criminales” que reniegan de la condición humana y que no por casualidad están ligados a los trágicos eventos de la guerra, la migración forzada de personas y finalmente a la desaparición del Estado.
En este mes de octubre, dos países en nuestro continente van a elecciones generales, Ecuador, un país dolarizado, que va a intentar en segunda vuelta electoral, comenzar a salir de la patética e inadmisible situación a la que los ha llevado el gobierno de la mafia de los banqueros irresponsables e inescrupulosos, Moreno-Lasso, que generaron desde sus gobiernos un Estado Fallido.
Argentina, que tiene como aspirantes a la primera magistratura, a dos personajes que reniegan del Estado Benefactor y pretenden llevarnos a una condición de dependencia y sumisión del eje atlantista anglo-norteamericano, ya sea mediante la dolarización o acentuando el endeudamiento externo a costa de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía.
Más allá de los desvaríos exóticos en sus discursos y plataformas, ellos, responsabilizan al Estado y al gobierno por las calamidades que acontecen en nuestra sociedad y no al sistema monopólico de acumulación, depredador, explotador, injusto e inhumano que se consolidó durante el gobierno de Macri y que comenzó con una dictadura totalitaria y genocida allá por 1976, la cual ambos reivindican en la proyección de su futuro gobierno.
Orden y libertad, proclaman junto a un brutal ajuste que elevaría la cantidad de pobres e indigentes a más del 60 % de la población y alineación unipolar, desconociendo al Brics y la multipolaridad. Expresiones de un futuro de decadencia.
Alberto Fernández tomo malas decisiones, evitó dar batalla a los sectores poderosos y concilió con los grupos financieros, hoy tenemos por delante un panorama difícil, porque nos han puesto ante un futuro incierto, pero no es el final del camino, como no lo fueron las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales, es el comienzo de una nueva experiencia de lucha; porque tenemos necesidades y nos asiste el derecho.
Oscar Rotundo* Analista político y editor de PIA GLOBAL
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