La reforma de la mayoría de los artículos de la constitución provincial, resuelta de forma expedita no apunta, de ninguna manera, a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, solo convalida el saqueo y la represión contra la digna militancia popular que se revela ante el mismo.
Por tal motivo la causa de la rebelión de Jujuy paso de ser un hecho provincial a una causa nacional, pues el hecho manifiesto, puede ser aplicable al resto del país, al asumir un gobierno que entienda que la consolidación de una sociedad pacificada, para la ejecución de sus planes multinacionales, solo puede darse con la aplicación del terrorismo de Estado y el avance sobre las conquistas históricas, tanto laborales como sociales y políticas de nuestro pueblo.
La postal jujeña del terrorismo de Estado no deja nada por mostrar, allanamientos sin orden de un juez, detenciones arbitrarias o privaciones ilegitimas de la libertad, montaje y causas armadas, torturas, amenazas y persecución política.
El candidato-gobernador Gerardo Morales aplica la receta que su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), aplicara a principios del siglo XX cuando con el fin de la Primera Guerra Mundial, el presidente Yrigoyen no pudo seguir conteniendo el creciente conflicto social derivado de la inflación y del encarecimiento de las condiciones de vida de la población urbana, originando un nuevo capítulo de represión social, esta vez sobre la huelga producida en los talleres metalúrgicos Vasena, en la provincia de Buenos Aires en enero de 1919.
La represión gubernamental fue encabezada por tropas militares, que protagonizaron lo que se conociera históricamente como la «semana trágica», represión contra trabajadores desarmados que dejó un lamentable saldo de muertos, heridos y detenidos obreros e inmigrantes (expulsados muchos de ellos del país posteriormente).
Como lo demuestran las últimas semanas de protesta en la provincia del altiplano, en el ADN de la UCR y sus dirigentes, la represión criminal es una constante histórica que se pone de manifiesto ante los reclamos populares o cuando acompaña o promueve los golpes de Estado contra gobiernos populares.
La reforma constitucional rechazada por el pueblo y amañada por el contubernio PJ Jujuy y Juntos por el Cambio, con su escalada terrorista de Estado, que muestra a las claras el alcance de la prepotencia mafiosa del legislativo provincial con la irrupción de la policía de Gerardo Morales dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), pone en evidencia que el relato del “Orden” y la “protección a la libertad de circulación de los ciudadanos”, es solo una patraña más divulgada por los medios para naturalizar una política de saqueo y sometimiento a la voluntad de quienes utilizan al Estado para hacer pingües negocios.
La “violación de la autonomía Universitaria” por el accionar fascista de quien pretende conducir los destinos del país, no es producto de la protesta de los trabajadores y los reclamos democráticos de quienes no comulgan con las arbitrariedades del “capataz” Gerardo Morales, son un plan piloto de aquellos, que de acceder al poder ejecutivo nacional, prevén la resistencia de los trabajadores al imponer un plan de ajuste y represión para seguir encolumnando al país detrás de los intereses angloestadounidenses.
El próximo 20 de julio en todo el país, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos y de la comunidad educativa participarán de una movilización nacional para rechazar la política represiva de Gerardo Morales y su avasallamiento de las instituciones democráticas consagradas en la Constitución.
Una valiosa actitud ante tanta especulación electoral y tanta impunidad mediática. Hay que mantener la democracia de la calle, hay que mantener el espíritu de rebeldía ante los atropellos y hay que grabarse a fuego en la conciencia que “Sólo el pueblo salvará al pueblo”
Oscar Rotundo* Analista político, editor de PIA Global
Foto de portada: ruess.com.ar
