El fenómeno visible es la suba de precios, del 7,7% en marzo y anualizada del 104,3% con perspectiva de escalar. Parte de esos precios se expresa en la presión por la suba del tipo de cambio, sea el oficial que se acelera y trata de no quedar retrasado respecto de la evolución inflacionaria, como los paralelos, los financieros, o incluso el ilegal denominado blue. Es una gran transferencia de ingresos desde la mayoría empobrecida hacia el sector más concentrado de la economía.
Lo que existe es una gran especulación financiera, inducida por grandes operadores económicos, que tienen excedentes en pesos y buscan cambiarlos por dólares y transferirlos al exterior, como parte de la fuga de capitales. Pero también es plataforma política de partidos o coaliciones que desde la derecha disputan el gobierno en tiempos electorales como este 2023. La política oficial convalida esta demanda desde el propio reconocimiento de la deuda odiosa con el FMI por el préstamo del 2018 y negociada en el 2022.
Detrás de la suba de los precios, incluido el de las divisas, está la lógica del valor marxista, lo que supone la dominación del capital en el proceso de producción y circulación. Por ende, de apropiación del plusvalor vía ganancias. Se trata de un excedente dinerario en pesos, apropiado por una minoría social, de capital local y extranjero, que pretende transformar sus ganancias en divisas para una dinámica global de acumulación.
Política del poder
La lógica capitalista necesita del consenso político y por eso actúa desde el Estado capitalista y las formas de gobierno del mismo, mediados por los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El régimen institucional y el sistema de partidos favorece la legitimación de los mecanismos de explotación y saqueo que definen al orden capitalista. Por eso, en este marco institucional, la derecha política actúa en la lucha ideológica desde sus posiciones hegemónicas en el sistema de medios, instalando un “sentido común” favorable a la devaluación, la eliminación de trabas a operar con divisas, e incluso a la dolarización de la economía. La respuesta oficialista es confusa y contradictoria, todo depende de quién sea el que comunica desde la coalición gubernamental.
En ese contexto podemos explicar la propagación de un imaginario favorable a la liberalización, al ajuste y a la represión; a la “anti política”, que sustentan emblemáticos personajes que disputan la gestión del capitalismo local, los que se hicieron visibles en el cónclave empresario del “Llao Llao” en estos días.
La demanda del poder se resuelve desde el gobierno con “mini devaluaciones” (contempladas en el acuerdo con el FMI) que ajustan el dólar oficial, aun cuando no sea suficiente al reclamo de los poderosos productores, exportadores, y especuladores financieros. El gobierno escapa al pedido por la devaluación por temor al desborde social de un descontento por ahora contenido con protestas que no amenazan con rebeliones, caso del 2001.
En esa actitud, desde el gobierno se transita el camino de los tipos de cambio especiales, sea el “soja I, II, o III”, o el canje de bonos dolarizados por otros en pesos de los organismos estatales. Son formas de acceso a divisas para fugarlos del país. El gobierno está auto limitado en la confrontación con el poder desde el condicionamiento del modelo productivo y de desarrollo asumido y la propia suscripción del acuerdo con el FMI. Por eso, para cambiar hay que anular ese acuerdo y desde ahí modificar la política económica en términos de beneficiarios y perjudicados.
La propuesta por derecha y del gobierno convergen en el ajuste y la subordinación al condicionante de la deuda y muy especialmente al acuerdo con el FMI. El préstamo del 2018 sirvió para acercar divisas a los propietarios de excedentes en pesos y fugarlos. Es lo que dice el informe del 2020 del BCRA, con una concluyente denuncia de un 86% de fuga de capitales respecto del ingreso de fondos externos entre 2015 y 2019. Se requiere profundizar en esa investigación para personalizar a los responsables del enriquecimiento.
El poder económico y sus expresiones en la derecha política presionan para acelerar el ajuste y la regresiva reestructuración del capitalismo local, pretendiendo estar en mejores condiciones ante un eventual cambio de gestión hacia fin de año. Quieren un tipo de cambio más alto, tanto como puedan para acrecentar sus ingresos y riquezas, al tiempo que con cada devaluación se deteriora aún más la capacidad de compra de quienes percibimos ingresos en pesos. La devaluación no es solución para la mayoría social empobrecida.
Construir poder alternativo
La preocupación es la ausencia de una propuesta política alternativa que avance en resolver las demandas populares, por ingresos y acceso a derechos, a la alimentación, a la salud, la educación, la vivienda, por otro orden económico, de cooperación, autogestión y satisfacción de necesidades comunitarias.
Una parte de la izquierda construyó un frente electoral y logró relativa visibilidad y representación electoral. No alcanza, y se necesita una articulación mayor, que trascienda el escenario de las elecciones y la institucionalidad actual.
Eso requiere de una extensión de la organización y lucha social, desde un reagrupamiento del movimiento obrero y popular, más allá de reivindicaciones democráticas, extendidas a la construcción de un proyecto por la emancipación y transformación profunda de la sociedad, con el horizonte de representación de la mayoría empobrecida por el régimen de explotación y saqueo vigente.
Julio Gambina* Economista y profesor universitario, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP).
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