Las revueltas sorprenden al lector lego y sólo cuando se agudiza el análisis y la mirada se logra comprender la potencia de las mismas, la virulencia inusitada y la previsibilidad disimulada que se vuelve casi una evidencia que nuestra mirada distraída no supo ver.
La provincia de Jujuy es una de las tantas cuencas ricas en Litio y como tal viene sufriendo un proceso creciente de colonización de su economía como paso siguiente de la avanzada colonización de la política.
En ese proceso de colonización de la política, el gobernador Gerardo Morales que tiene además aspiraciones y proyección en la fórmula presidencial del partido opositor neoliberal Juntos por el Cambio, resolvió construir una reforma de la constitución provincial para adecuar el sistema político al creciente saqueo discrecional que se viene operando en la provincia.
La Reforma constituye una adecuación a un estatuto legal de coloniaje, es la consagración de una economía de enclave avasallando derechos dominiales comunitarios, destruyendo fuerza de trabajo, raquitizando la producción regional a expensas de la depredación. Es una reforma que concentra potestades de los distintos poderes en la figura del propio gobernador.
La generala Laura Richardson (Jefa del Comando Sur), Úrsula Von der Leyen (Unión Europea), Anthony Blinken (Secretario de Estado de EEUU), Wendy Sherman (Subsecretaria de Estado de EEUU) y el embajador norteamericano Marc Stanley vienen desplegando una profusa agenda de “seducción” y de convocatoria a especializaciones y entrenamiento de fuerzas policiales cuyo objetivo es la adecuación y homogeneización operativa frente a las eventuales reacciones contra la consolidación de un nuevo ALCA.
No son casualidades las maniobras represivas gemelas que observamos en la región como los disparos antilíderes para dispersar grupos, o las descargas a los ojos, encarcelamientos masivos, violencia desproporcionada. Son tácticas aprendidas del combate cotidiano que Israel desarrolla en Palestina ocupada, de combate urbano contra poblaciones desarmadas que las policías de la región pluriestatal del Litio viene aplicando de manera sistemática en Chile, Bolivia, Perú y han estrenado ahora en Argentina.
Cuando hablamos de nuevo ALCA no lo hacemos en referencia al intento de un área de libre comercio que fue enterrado como tal en Mar del Plata en 2005, sino al complejo dispositivo de saqueo imperialista que busca la apropiación del Agua, el Litio, los Combustibles y los Alimentos, es decir garantizar su cadena de suministros en lo que ellos consideran un área propia vital de abastecimiento a las metrópolis.
La consolidación de este dispositivo extractivista y colonizante exige adecuaciones legislativas y un sistema de dominación atento a las previsibles reacciones de los pueblos que puedan surgir, de ahí se comprende tan profusa tarea de “perfeccionamiento” de disposición operativa policial y la tendencia a aprobar estatutos legales (constituciones provinciales) crecientemente secesionistas a los efectos de consolidar regiones que podríamos caricaturizar dramáticamente como República de la soja (Litoral y Pampa), República del agua (NEA y cordillera), República de los Hidrocarburos (Patagonia), República del litio (Noreste), República del oro y tierras raras (el Cuyo) y así proyectar el desguace nacional que consolide su esquema de saqueo consensuado con el sistema político cómplice.
Lo que nos muestran parece un juego de espejos para que no se vea lo que es.
No se trata de un gobernante con ínfulas de tirano. No se trata simplemente de reclamos ante el atraso salarial y la desidia oficial. Se trata de las primeras escenas de consolidación de un esquema de saqueo colonial con la lógica reacción popular y la represión estatal inusitada con el objetivo de disciplinar y ejemplificar. Es un espasmo de lo que probablemente se vuelva recurrente y creciente, además distribuido en distintos puntos del país. La mascarada será la crisis provincial, la realidad será la adecuación de las provincias al esquema de saqueo.
Las escenas de estos días dejan grandes enseñanzas. Lo primero es comprender que estamos en los primeros capítulos de una larga lucha por la recuperación de una soberanía estragada y enajenada.
En medio del paroxismo de la revuelta popular la Cámara Argentina de Empresarios de la Minería (que obviamente no es argentina) se expresó pidiendo volver a la estabilidad y construir canales de diálogo. Pareciera ser que proponen el saqueo con consenso sin represión. Menos de una hora después el ministro de Interior del gobierno nacional y candidato presidencial por el oficialismo, emitió un comunicado en el mismo tenor que no parece ser casual sino al contrario.
Más allá de la puesta en escena de una conferencia de prensa de la dirigencia opositora que resultaba más amenazante que informativa, que respaldaba todo lo actuado por el gobernador Morales, lo cierto es que un día después del comunicado y de los enfrentamientos más encarnizados la conflictividad pareciera haber implotado por lo menos en lo que hace a la acción represiva.
Quienes ayer protagonizaron el gobierno de la Alianza neoliberal progresista que provocó el estallido social y político de 2001, son los mismos actores que nucleados ahora en la alianza neoliberal conservadora Juntos por el Cambio, que hoy prometen “acabar” con la Patria Piquetera. Cuando hablan de la “patria piquetera” de lo que están hablando es de los nuevos movimientos sociales y de sus repertorios de protesta, de las herramientas populares para hacer política.
El argumento de esta alianza neoliberal conservadora es que se trata de una conspiración organizada por el gobierno nacional. Abrevan en la teoría que los pueblos solo luchan como repertorios impuestos o inducidos por algunos personajes destituyentes per sé; los que explicaron la explosión del 2001 como una conspiración del justicialismo del conurbano bonaerense. Son los mismos que construyeron el lawfare del macrismo con fantasiosas imputaciones. No tenemos derecho a subestimar su capacidad de daño por lo fantasioso que nos resulten sus falaces argumentos.
Una mención final. Jujuy recibió varias veces más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que Santa Cruz provincia quebrada de la Patagonia gobernada por la hermana del fallecido ex presidente Kirchner. Sumas que le permitieron construir una gobernabilidad con complementos salariales a los misérrimos sueldos de docentes, de estatales, de personal de salud y de policías. Los complementos salariales se alimentaron de esos ATN que maneja discrecionalmente el Ejecutivo nacional. Algún punto de coincidencia hay en esos aportes discrecionales de todos estos años.
Hay un conjunto de dirigencia política comprometida con el nuevo ALCA, de ahí se comprenden los silencios incomprensibles. El Pueblo en tanto no se resigna ni se rinde.
Fernando Esteche* Dirigente político, Doctor en Comunicación Social y director de PIA Global
Foto de portada: Susi Maresca/ Izquierda Diario
