La discusión a propósito de la deuda pública suscitada en estas horas entre oposición y oficialismo requiere de algunas precisiones.
Por un lado, la denuncia de la cúpula del Juntos por el Cambio remite a una “bomba de tiempo” como herencia que deja el Gobierno a fines de este año, por una deuda acrecida e impagable. Por su parte, la respuesta en redes del Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, quien asume la voz del oficialismo en el gobierno, compara el privilegio al financiamiento en pesos de la actual gestión, diferenciando el endeudamiento en moneda externa de la gestión macrista, especialmente con el FMI, lo que arguye si fue una bomba.
Ambos discursos se enmarcan en el proceso electoral del 2023, en donde la oposición pretende instalar un balance de gestión de empeoramiento de la situación respecto del periodo anterior (2015-2019), omitiendo la propia responsabilidad en la contratación de una deuda odiosa e impagable con el FMI, que debió ser denunciada el 10 de diciembre del 2019. La estrategia discursiva de Rubinstein se asienta en la renegociación de esa impagable deuda, incluso luego de la renovación de marzo del 2022, y la creciente financiación en moneda nacional de la deuda.
En rigor, sea en moneda extranjera o local, en los dos casos se requiere del esfuerzo del trabajo social local para generar un excedente económico destinado a pagar ambas cuentas. Es cierto que la deuda en pesos remite a la capacidad del propio estado Nación por la emisión de moneda, pero ello no debe olvidar que la renegociación supone costo oneroso en intereses que limitan la expansión de otros gastos públicos, caso de los gastos sociales o la propia inversión pública. Está claro que la deuda en divisas recrudece el problema del país en la restricción externa y la recurrente dependencia de los préstamos externos o la radicación de inversiones extranjeras, incluso para la especulación, tal como nos muestra la historia reciente.
El PBI se cuenta en pesos
Lo que no se dice es que el PBI, una cuenta nacional registrada por el Ministerio de Economía se contabiliza en pesos y se referencia en divisas al tipo de cambio oficial.
Con ello, el porcentaje de la deuda pública con relación al PBI varía según sea el tipo de cambio con que se valorice el PBI y la propia deuda en moneda local.
Es probable que Juntos por el Cambio devalúe la moneda en un eventual próximo gobierno, tal como hizo al comienzo de la gestión Macri a fines del 2015. En ese caso habrá una menor valorización en dólares del PBI y crecerá la relación entre la deuda dolarizada y el PBI. Es un problema la comparación de cosas muy distintas. Una cosa es valorizar a 180 pesos por dólar que a 360/370, según sea la cotización. Tengo un auto que vale 2.000 dólares, si, ¿a qué tipo de cambio?
No es lo mismo valorizar la producción local medida en pesos al tipo de cambio oficial actual, que a uno devaluado según la opción de política económica. Desde el arribo al Ministerio, Sergio Massa asegura que no devaluará y en todo caso, lo que hay, son mini devaluaciones, acompañando la inflación y tipos de cambio especiales, caso de la soja.
Si se observan los datos oficiales relativos a la evolución del PBI a través del tiempo, que se mide en miles de millones de pesos a precios de 2004, según el INDEC, quien sustenta su información con datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía, verificamos que el nivel de PBI alcanzado es levemente superior en el tercer trimestre del 2022 sobre el mismo periodo del 2019.
Son datos que pueden leerse y estudiarse cuidadosamente en el INDEC [1]
La tendencia del ciclo de evolución del PBI señala que en el segundo trimestre del 2022 se alcanza el pico previo de evolución del “producto” a fines del 2017. La serie de evolución del PBI según estos datos oficiales, destacan en el ciclo 2004-2022 una expansión desde el 2004, frenado y a la baja entre la segunda parte del 2008 y la primera del 2010, tiempos de la crisis mundial del 2007/09.
Desde esa disminución se retoma una tendencia al crecimiento del PBI, que con alzas y bajas se sostiene hasta mediados del 2019, con un pico a mediados del 2015.
La tendencia posterior al pico del 2019 es declinante, con piso en la recesión “pandémica” del 2020, con repunte en el 2021 y luego, una tendencia desacelerada, aun en crecimiento para la primera mitad del 2022 y una declinación posterior hasta el último dato oficial del tercer trimestre del 2022.
Preocupa el estancamiento estructural, lo que no se discute
Puede parecer muy técnico, pero lo que pretendemos señalar es que el PBI a valores constantes presenta una situación de “relativo estancamiento”, en torno a los 700 mil millones y los 800.000 millones de pesos (nunca se llega a esa cifra) entre comienzos del 2011 y mediados del 2019.
Es importante la caída en 2020 y solo retoma los valores anteriores entre 700/800 mil millones a fines del 2021. La Argentina sufre un estancamiento estructural de su economía.
Los datos oficiales remiten a la evolución desde el 2004 y sabemos la profunda recesión habida entre 1998 y 2002, los tiempos de la crisis de la convertibilidad. Una estrategia que se sostuvo con enajenación del capital público y endeudamiento. Una deuda que se renegoció en 2005 y 2010 y que del máximo relativo (recordemos que el PBI se mide en pesos y la deuda era mayoritariamente en divisas) del 118% en 2004 se redujo al 38,9% en 2011 para luego crecer año tras año a un nuevo máximo del 103,8% en 2020, para luego descender al 79,8% del tercer trimestre del 2022.
Son datos de la Deuda Bruta de la Administración Central en % del PBI, [2]
En síntesis, el debate entre oposición y oficialismo escamotea la cuestión de fondo que remite al tipo de orden económico local, a un estancamiento que puede explicar el porqué de la inflación. Es que, ante la escasa expansión productiva, la disputa por el excedente económico favorece la lógica de la ganancia en contra de los ingresos fijos por el trabajo, las jubilaciones y los beneficios sociales.
La deuda, dolarizada o en pesos, constituye una hipoteca que debe ser discutida y auditada para definir su legalidad, legitimidad y en definitiva decidir si la deuda a cumplir es con la sociedad por otro orden de prioridades en la economía local o por la reproducción de los límites y condicionantes del endeudamiento.
Julio Gambina* Economista y profesor universitario, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP).
Este artículo fue publicado en ambito.com de Argentina
Foto de portada: Shutterstock
Referencias:
[1] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_12_2282F1943D37.pdf [2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacion_gra769fica_3t222_-ppt.pdf
