Las expectativas que alentaron muchos votantes de que la llegada de Milei al gobierno, significaría un cambio revolucionario, un cambio de época y el triunfo de una nueva manera de hacer política, resultaron ser una estafa que se evidencia cada día, tanto en la composición de su gabinete ministerial, conformado por hombres representantes de la “casta política y económica” del país, como en las medidas institucionales y económicas que el gobierno apresuradamente ha puesto en práctica.
A menos de una semana de gobierno, ya había quedado en evidencia que, para esta partidocracia burguesa, son más importantes sus negocios y privilegios, que el bienestar popular. Quien en campaña electoral dijera que ajustaría sobre la política, que eliminaría los impuestos y que el ajuste no recaería sobre la gente, hoy pone en evidencia otra realidad funcional a los intereses del capital financiero y de los grandes grupos económicos exportadores e importadores del país.
Pasamos, de lo dicho en campaña, de que no se tocarían los subsidios en transporte y servicios hasta que no se recuperara la economía, a la quita de subsidios en gas, luz y transporte público a partir del 1º de enero, con un deterioro importante del salario y un aumento descontrolado de precios en los productos esenciales de la canasta familiar.
El impacto contra en nivel de vida de los trabajadores asalariados, los pequeños y medianos comerciantes y productores industriales y sobre los pensionados y jubilados, ya afectados por el desbarajuste económico del gobierno de Alberto Fernández que dejó un 150 % de inflación interanual, se comenzará a materializar concretamente en marzo 2024 cuando arranque realmente el año.
Muchas personas argumentan que quien votaba a Milei, sabía que, como él mismo lo expresara, “No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”, pero mintió descaradamente cuando aseguró que ese ajuste sería contra la “casta política”, pues esta, en la última semana, se ha beneficiado con la estatización de unos 30 mil millones de dólares de deuda privada, parte de ella, perteneciente a la familia de su ministro de Economía, Luis Caputo.
Caputo, viejo conocido de los argentinos por su gestión en el ministerio de finanzas durante el gobierno de Macri, es el alfil de Mauricio en el actual gobierno de Milei, y más allá de que hace algún tiempo fuera vilipendiado por el propio Javier Milei por esa gestión en el ministerio de finanzas macrista, plagada de irregularidades legales y procedimentales que significaron una gigantesca estafa al Estado nacional por 16.500 millones de dólares, hoy aparece como el paladín del ajuste con motosierra.
EL gobierno de Mauricio Macri se convirtió en el mayor emisor internacional de deuda para el período 2016-2018, fugando 88.084 millones de dólares en ese mismo período. Hoy a través del gobierno de Milei pareciera estar dispuesto a repetir esa operatoria.
Ajuste y represión
La otra ficha de Macri en el actual gobierno es Patricia Bullrich, la cual ocupa el mismo cargo que tuviera durante la gestión macrista 2015-2019, con plena responsabilidad en las muertes de los militantes Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, por haber ordenado los operativos represivos en los cuales fueran asesinados.
En este momento en el que se produce un violento salto al vacío, con un ajuste incontrolable, aparece la represión desquiciada planteada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich, que establece una serie de reglas tendientes a prohibir la protesta social en los espacios públicos y autoriza a las fuerzas de seguridad, a actuar sin orden judicial.
En realidad, este «protocolo»no es más que una provocación para justificar la persecución política tendiente a descabezar a las organizaciones populares encarcelando a sus dirigentes y proscribiendo a quienes están en mejores condiciones para responder contra el saqueo a los trabajadores y sectores más vulnerables de la sociedad.
Organismos de derechos humanos y juristas nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto advirtiendo que el «protocolo antipiquete» no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.
Con el remanido argumento de que la población vive bajo «extorsión» por las protestas que perjudican su trabajo y calidad de vida, la ministra vuelve a perder contacto con la realidad al no reparar, que su gobierno está incrementando la desocupación a pasos acelerados y el crecimiento de la pobreza y de la indigencia de manera descarada.
«Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado en la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con el empleo de armas no letales», manifiesta el libelo, y agrega, «Se sancionará a quienes lleven niños que deberían estar en la escuela»…. Es muy preocupante el cinismo de la ministra, que en medio de una represión pretende aprender a quien lleve niños o quien en el lugar se encuentre con niños, para sancionarla.
Las armas no letales, a las que se refiere la ministra, también conocidas como armas menos letales o armas menos mortales, son dispositivos diseñados para incapacitar, controlar o disuadir a una persona sin causarle daños mortales, pero, podríamos agregar que en casos de manifestaciones se contempla la utilización de camiones hidrantes, escopetas con municiones plásticas y armas que disparan gases lacrimógenos, vomitivos o granadas de estruendo, a ser utilizadas a sabiendas de que pudiera haber en la manifestación niños, mujeres embarazadas o ancianos, total el fin justifica los medios.
Tendremos esta semana una jornada que recordará la gesta histórica del 19 y 20 de diciembre de 2001, aquella que, con más de 40 compañeros muertos, marcó los límites a las políticas neoliberales y a la represión. Otra vez se tensarán las fuerzas entre quienes luchan por sus derechos y quienes pretenden someter y diciplinar la voluntad popular, y esta no será la última batalla, sino el comienzo de un nuevo camino hacia una Patria justa, libre y soberana.
Oscar Rotundo* Analista político, editor de PIA Global
Imagen de portada: Sergio Ibaceta/planbnoticias.com.ar/
