Un continente que se reinterpreta
África no vuelve a los cuarteles: se emancipa de los discursos que durante décadas la definieron desde fuera. En los últimos años, una oleada de procesos políticos —muy distintos entre sí— ha quebrado el relato occidental que divide el mundo entre democracias consolidadas y dictaduras inestables. En el continente, esas categorías se resquebrajan. “Democracia”, “golpe de Estado”, “autoritarismo”: todas adquieren sentidos propios cuando se miran desde la historia colonial, la estructura económica y las aspiraciones populares de soberanía. La Françafrique, esa arquitectura poscolonial que durante más de medio siglo garantizó que París conservara influencia económica y militar en su antigua zona de dominio, se desmorona a ojos vista: se deshilachan sus redes de clientela, los acuerdos asimétricos y el tutelaje militar. Su caída no es solo simbólica: implica el fin de un modelo donde élites locales mediaban la dependencia a cambio de estabilidad. En Bamako, Uagadugú o Niamey, el lenguaje político ya no habla de cooperación sino de ruptura. “No hay independencia mientras nuestro oro y nuestro uranio financien a otros países”, dijo el presidente burkinabé Ibrahim Traoré el 25 de agosto de 2024. Las encuestas acompañan ese giro: Afrobarometer registra que la juventud prefiere la democracia como ideal, pero expresa una insatisfacción creciente con su funcionamiento —solo dos de cada diez jóvenes consideran que sus gobiernos crean empleo de forma adecuada—, lo que explica el respaldo a alternativas emancipadoras allí donde el voto fue vaciado por élites atrincheradas.
El Sahel como vanguardia de la emancipación
En el Sahel, los procesos encabezados por Assimi Goïta (Malí), Ibrahim Traoré (Burkina Faso) y Abdourahamane Tiani (Níger) condensan la ruptura más nítida con el orden poscolonial. Desde 2023, la Alianza de Estados del Sahel (AES) y su paso hacia la Confederación del Sahel establecieron mecanismos comunes de defensa, diplomacia y cooperación económica; en 2025 avanzan en la creación de un Banco de Inversión Regional y el diseño de una moneda soberana. La retirada simultánea de la CEDEAO en enero marcó un punto de no retorno y consolidó un eje político que reivindica soberanía material sobre oro, uranio y tránsito comercial. Rusia —a través del Africa Corps— y China han ganado espacio con seguridad e infraestructura, mientras EAU y Turquía buscan anclajes logísticos y comerciales. No es solo geopolítica: en barrios y aldeas crecen cooperativas, programas de alfabetización cívica y brigadas comunitarias. “Queremos que nuestros ingenieros vuelvan, no que nuestros jóvenes mueran en el Mediterráneo”, afirmó Goïta en Bamako (abril de 2025). Esa sensibilidad social explica el apoyo popular: en Malí y Burkina, más del 70 % aprueba la orientación soberanista. En Niamey, pese a sanciones, persiste la idea de que la junta fue una “reacción legítima frente a la humillación occidental”, según testimonios recogidos por la prensa regional. El Sahel funciona como espejo para el resto del continente: no todas las juntas son emancipadoras, pero allí se ha reabierto el horizonte de la independencia efectiva.
En Senegal, la alternancia llegó sin tanques y con multitudes jóvenes. La victoria de Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko (marzo de 2024) sintetizó un ciclo de movilización que denunció corrupción, represión y dependencia. “El pueblo senegalés no ha votado solo por un cambio de presidente, sino por un cambio de sistema”, dijo Sonko tras su liberación. El nuevo gobierno anunció la revisión integral de contratos de hidrocarburos (Sangomar y Grand Tortue), ajustes al código minero y un programa de soberanía alimentaria con cooperativas rurales. En política exterior, Dakar estrecha lazos con la AES y mantiene equilibrios con Turquía y China, a la vez que redefine su relación con la UE. El crecimiento estimado para 2025 supera el 8 %, pero la consigna oficial es clara: “No queremos crecimiento sin justicia social”. Esto refleja una tendencia más amplia: en África, lo democrático se valida por resultados tangibles.
Sudáfrica, por su parte, inauguró en 2024 un ciclo de coalición tras la pérdida de mayoría del ANC. La sociedad civil ha recuperado músculo y fiscaliza a un Estado golpeado por tres décadas de desigualdad, crimen y deterioro de servicios. El desempleo juvenil supera el 45 %, la pobreza abarca a más de la mitad de la población y la confianza en el sistema cayó —aunque el compromiso con la democracia sigue siendo mayoritario—. Miembro activo de BRICS, Pretoria impulsa debates sobre arquitectura financiera alternativa y se ofrece como puente entre SADC y el Sahel. La pregunta que ordena la política sudafricana ya no es ideológica, sino material: ¿puede el pluralismo traducirse en servicios, empleo y seguridad?
En Egipto, el “autoritarismo estabilizador” de Abdel Fattah al‑Sisi muestra fatiga. La devaluación de 2024 empujó la inflación por encima del 30 %, el acuerdo con el FMI exigió recortes que elevaron el costo de vida y la deuda pública ronda el 93 % del PIB. El Cairo intensifica vínculos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes, mientras diversifica alianzas con Rusia y China en el marco BRICS. La legitimidad del régimen no descansa en urnas competitivas sino en su promesa de estabilidad macro y megaproyectos; pero sin mejoras palpables en salarios y empleo, esa promesa pierde tracción.
Etiopía vive una paz incompleta. La firma de Pretoria (2022) no resolvió las disputas territoriales ni los choques en Amhara y Oromía; los desplazados internos superan los cuatro millones. El intento de reactivar el “milagro” industrial incorpora un acuerdo de acceso al puerto de Berbera (Somalilandia), lo que elevó tensiones con Somalia. La inflación ronda el 25 % y la presión humanitaria condiciona cualquier reforma. “Sin justicia territorial, la paz no tiene cimientos”, admitió Abiy Ahmed ante el Parlamento en julio de 2025. Etiopía confirma que sin recomposición estatal no hay desarrollo ni democracia sostenibles.
Camerún y Costa de Marfil representan el límite de las democracias de baja intensidad. En Yaundé, Paul Biya —92 años— fue nuevamente proclamado en 2025 en un proceso señalado por fraude y represión, mientras el conflicto anglófono continúa. En Abiyán, Alassane Ouattara sostiene crecimiento macro y cercanía con París y Washington, pero con desempleo juvenil elevado y libertades acotadas. Ambos casos prolongan un contrato poscolonial que intercambia estabilidad por subordinación y muestran por qué las juventudes descrean de las “alternancias” administradas desde arriba.
En Chad, Mahamat Idriss Déby consolidó en 2024 una sucesión dinástica bajo tutela militar y respaldo francés. El país continúa como pivote logístico occidental en el Sahel mientras la pobreza supera el 40 % y los servicios públicos colapsan. Las movilizaciones de 2022 y 2024, duramente reprimidas, dejaron una huella de duelo que erosiona el control. La continuidad del viejo guion francafricano convive con un malestar juvenil que observa, con atención, el vector emancipador saheliano.
Mozambique condensa el fallo del modelo extractivo. A las protestas poselectorales de 2024 —con centenares de muertos según recuentos de prensa— se sumaron en la última semana de octubre de 2025 nuevas manifestaciones en Maputo y Beira contra inflación y fraude, reprimidas con munición real y al menos 17 fallecidos según agencias internacionales. En paralelo, Cabo Delgado acumula más de 850 mil desplazados por la insurgencia. Las operaciones de gas de grandes multinacionales avanzan intermitentemente sin derramar beneficios sobre la población. “Nuestros hijos mueren para que otros tengan energía”, denunció el líder comunitario Abdul Mussa en una entrevista radial local. Tanzania, presentada como isla de estabilidad, vivió en octubre de 2025 protestas estudiantiles por aranceles y desempleo juvenil; la respuesta policial reabrió el debate sobre un modelo que prioriza inversión externa sin redistribución suficiente. En Angola, segundo productor de crudo del África subsahariana, el desempleo juvenil bordea el 30 % y la deuda el 95 % del PIB: crece un movimiento ciudadano que exige auditorías públicas y justicia distributiva frente a élites persistentes.
Madagascar sintetiza el agotamiento del orden poscolonial y el ascenso generacional. En octubre de 2025, tras semanas de protestas por cortes, carestía y corrupción, Andry Rajoelina abandonó el país ante el avance de movilizaciones lideradas por la llamada Gen Z Madagascar. La Unión Africana suspendió temporalmente a la isla, mientras un Consejo Militar de Transición prometió comicios “libres y sin tutela extranjera” en 2026. Con tres de cada cuatro personas bajo la línea de pobreza, la denuncia sobre la entrega de minas de tierras raras a consorcios extranjeros catalizó un reclamo más amplio de soberanía. “Este país está gobernado por viejos ricos para jóvenes pobres”, sintetizó el escritor y sociólogo Jean‑Louis Raharimanana. La escena malgache anuda soberanía y justicia social, conectando con el pulso juvenil panafricanista.
Las juventudes atraviesan todos los casos como sujeto político. Con edad media continental de 19 años y un bono demográfico en curso, su lenguaje mezcla dignidad, soberanía y derechos sociales. Afrobarometer registra que seis de cada diez jóvenes se declaran insatisfechos con la democracia en funcionamiento, pero la mayoría sigue prefiriéndola como ideal. La clave es performativa: lo democrático vale si ofrece resultados. De Dakar a Uagadugú, de Luanda a Antananarivo, emergen colectivos que vinculan deuda, clima, recursos y migración con una misma consigna: independencia efectiva. “El continente no está perdido: lo están quienes pretenden gobernarlo como en los años 80”, apunta la intelectual keniana Nanjala Nyabola. Las redes digitales, el hip‑hop, el arte urbano y las cooperativas rurales funcionan como nuevas instituciones de participación.
El continente que vuelve a hablar en su propio idioma político. África no está en un retroceso democrático: está reconstruyendo el sentido de lo político. Las juntas y los gobiernos civiles operan como laboratorios en disputa; la brújula es una juventud que exige pan, empleo, seguridad y dignidad. Si las democracias continúan capturadas por élites y las juntas no transforman economías dependientes, ambas perderán a quienes más deberían sostenerlas. Entre la independencia formal y la independencia efectiva, África ensaya su segunda emancipación: no se proclama, se ejerce.
*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
