Han pasado dos años desde que Pedro Sánchez se felicitó del “histórico” acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- en la cumbre del G20 en Osaka (Japón), en junio de 2019, tras 20 años de negociación opaca.
Pero desde entonces se ha enlutado su foto de la vergüenza con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El Gobierno ultraderechista de Bolsonaro ha impulsado la devastación de la Amazonía y los ataques a los pueblos indígenas y derechos humanos. Macri dejó una deuda pública ilegítima impagable con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una gestión económica que empobreció aún más a las mayorías sociales. Piñera ordenó una represión policial para contener las protestas contra su gobierno y la desigualdad social que se saldó con al menos 27 personas muertas y 3.649 heridas.
El reciente viaje oficial de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a Brasil y Paraguay ha amparado a Bolsonaro en el peor momento de su mandato por la gestión del pandemia de la covid-19, con casi 500.000 fallecidos hasta mayo. El presidente enfrenta numerosas denuncias por delitos de racismo, misoginia, homofobia o por reivindicar la dictadura de Brasil y alentar a manifestaciones a favor de un golpe militar.
“Es en los momentos difíciles cuando uno descubre a sus verdaderos amigos”, dijo la ministra en Brasil. Con la foto de Bolsonaro y González Laya, el mismo día de una violenta operación policial en una favela de Río de Janeiro que dejó al menos 25 muertos, el Ejecutivo español ha vuelto anteponer los intereses comerciales al cumplimiento de los derechos humanos. También ha puesto restado credibilidad a la Estrategia de Acción Exterior que promovería “los derechos de las mujeres y los derechos humanos”, según la ministra.
Uno de los propósitos fundamentales del viaje a Brasil ha sido allanar el camino para la ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur y afianzar las relaciones diplomáticas para que las empresas del IBEX-35 sean contratadas por el Gobierno brasileño en el plan multimillonario de construir nuevas infraestructuras.
Las expectativas de negocio con el gobierno de Bolsonaro se reflejaron en el apoyo que dieron varias empresas de la Marca España a su candidatura en 2018. Por ejemplo, la presidenta del banco Santander, Ana Botín, calificó la elección de Bolsonaro, conocido por su discurso racista y machista: “como una normalización de la política”.
Precisamente la elección de Bolsonaro y, también, de Macri en Argentina, propició un “principio de acuerdo” entre la UE y Mercosur, tras 20 años de negociación interrumpida. Ambos han apostado por una gestión neoliberal y pro-mercado.
Pero para que el acuerdo entre en vigor, los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben aprobarlo. Sin embargo, las críticas al acuerdo resuenan cada vez más fuertes debido a los asesinatos de indígenas, el aumento de la deforestación ilegal y quema en la Amazonía —el bosque tropical con mayar biodiversidad del mundo— y otros ecosistemas claves como el Chaco y el Pantanal. Los detractores denuncian de que el presidente Bolsonaro está favoreciendo los intereses de la poderosa agroindustria y los terratenientes y temen que el acuerdo comercial exacerbe la destrucción y la violencia.
LAS CRÍTICAS FRENAN (TEMPORALMENTE) LA RATIFICACIÓN
El 9 de noviembre del 2020, los ministerios de Comercio de la UE tenían previsto iniciar el proceso de ratificación del acuerdo, pero el gobierno alemán incumplió su promesa de sancionarlo durante su presidencia europea. El proceso está en punto muerto debido a la presión de la sociedad civil, el rechazo de los gobiernos de Austria y Francia y la complicaciones para firmar el acuerdo comercial con el Reino Unido que consumió gran parte del tiempo del aparato burocrático de Bruselas.
Una encuesta del instituto YouGov señala que tres cuartas partes de la población europea serían contrarias a la ratificación del acuerdo. Las asociaciones europeas de organizaciones y cooperativas agraria (COPA-Cogeca) han criticado lo que han calificado como un acuerdo de “coches por vacas” que supondría otra “amenaza para la agricultura”. Más recientemente, la Confederación Europea de Sindicatos y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur han rechazado conjuntamente el acuerdo por “el riesgo de socavar las industrias nacionales del Mercosur y el sector agrícola de la UE”.
En octubre 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que advierte que no ratificaría el acuerdo tal y como está. El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, se apresuró a decir que “tal como está, no propondremos el acuerdo con Mercosur para su ratificación”, pero matizó inmediatamente que pactarán con Brasil “compromisos” para amparar el acuerdo.
Incluso la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, criticó la mala administración de la Comisión Europea por las deficiencias de la Evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad del Acuerdo. Se “corre el riesgo de debilitar la capacidad del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales para debatir de manera exhaustiva el acuerdo comercial”, declaró O’Reilly.
EL GOBIERNO SÁNCHEZ INTENTA DESTRABAR EL ACUERDO
A pesar de todo ello, el gobierno español ha intensificado la diplomacia comercial a favor del tratado considerándolo un asunto ”prioritario“ para España ”por su carácter estratégico“. El Ejecutivo lo ha defendido en el Congreso de los Diputados, en reuniones con gobiernos latinoamericanos y europeos, en los medios y, por supuesto, en Bruselas.
En noviembre del año pasado, España exigió a Dombrovskis, una pronta firma y el 30 de abril instó a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a concretar una propuesta para reactivar el acuerdo.
La última carta Sánchez resaltó la “importancia estratégica” de América Latina y reclamó que se acelere las puesta en marcha de los pactos comerciales con Mercosur, México y Chile como una señal política de primera magnitud ante la creciente influencia de China en la región. Los abanderados del acuerdo llevan tiempo utilizando el argumento que si no se firma el acuerdo crecerá la influencia de China ocultando la competencia por los recursos y los mercados en tiempos de crisis de la globalización. La misiva fue iniciativa de Exteriores, no de Comercio. Tampoco fue causalidad que la anunciara el periódico El País, del grupo Prisa con importantes intereses económicos en el continente.
La Comisión Europea busca ahora salvar el tratado negociando declaraciones complementarias con los Estados del Mercosur —sobre todo con Brasil— que apacigüen las preocupaciones de los gobiernos, parlamentos y la sociedad civil.
”La forma exacta del documento aún se está discutiendo, pero se trata de compromisos de protección del medio ambiente y de respeto al acuerdo climático de París, se trata de medidas tangibles contra la deforestación en la Amazonia“, dijo Dombrovskis en abril.
La falta de transparencia de las negociaciones ya es una marca de la Unión Europea, y también del Gobierno español, especialmente cuando se trata de intereses económicos. La ministra González Laya se limita a decir que hay que “perfeccionar” el acuerdo en materia de sostenibilidad.
NADA APRENDIDO DE LA PANDEMIA
Desde hace tiempo la Unión Europea se ha autoproclamado como institución “transparente”, adalid de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente y líder en sostenibilidad. Sin embargo, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur es todo lo contrario: negociaciones opacas, compromisos voluntarios e ineficaces con la sostenibilidad y cero obligaciones para las empresas transnacionales.
El acuerdo agravaría fuertemente la crisis climática por las industrias, la agricultura industrial y el transporte que producen el calentamiento global. Si entrase en vigor, los países del Mercosur aumentarían sus exportaciones en el sector agrícola a Europa. Mientras que los países de la UE exportarían más coches, químicos y fármacos a los países del Mercosur.
De hecho, el actual comercio UE-Mercosur puede ser un factor clave por el que la UE no cumpliría sus nuevos objetivos para frenar el cambio climático. Según la ley climática de la UE, acordada entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, el bloque pretende reducir las emisiones de carbono en al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. Pero no tiene en cuenta que la UE es el segundo importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas. De hecho, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE incorporadas a su suministro de alimentos proceden de las emisiones desplazadas de las importaciones latinoamericanas.
Las declaraciones de intenciones que ahora anuncian no servirán para proteger la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y garantizar que los derechos humanos no se sacrifican en favor de los beneficios económicos, señala también un estudio jurídico, encargado por MISEREOR, Greenpeace y CIDSE.
Sobre todo no podrá ocultar la realidad. Bajo el Gobierno de Bolsonaro la deforestación en el país se ha disparado, con un aumento del 34% en los últimos dos años. Se ejecutó recortes presupuestarios a la vigilancia ambiental brasileña y a la lucha contra los incendios del 9,8% en 2020, y del 27,4% en 2021, como una clara política de desmantelamiento de las políticas ambientales nacionales, como ha denunciado el Observatório do Clima. Las agencias ambientales de Brasil también han sido sometidas a casi 600 cambios administrativos, invocados por orden ejecutiva presidencial y resultando en una desregulación ambiental masiva. Por último, la capacidad para castigar a los delincuentes ambientales se redujo y las multas impuestas por la deforestación ilegal cayeron un 42% de 2019 a 2020.
Inclusive, en diciembre de 2020, Brasil modificó su compromiso (Contribución Nacionalmente Determinada) en el marco del Acuerdo de París, de manera que ahora no se mencionan los 12 millones de hectáreas de restauración de bosques ni la eliminación de la deforestación ilegal, como se había prometido en 2015.
Las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también están detrás de la pandemia de covid-19 por la destrucción de ecosistemas. “En el futuro, las pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápidamente, harán más daño a la economía mundial y matarán a más personas que la de covid-19 a menos que haya un cambio transformador en el enfoque global para abordar las enfermedades infecciosas, ha advertido la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) en un informe.
Si España continúa por la actual senda de las relaciones comerciales con Mercosur, por ejemplo importando grandes cantidades de soja, etanol, minerales y petróleo, seguirá contribuyendo al despojo de los territorios. Todo ello será en la más absoluta contradicción los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, la Agenda 2030 o la Ley de Cambio Climático.
AUSTRIA Y FRANCIA SE MANTIENEN EN EL «NO»
España está utilizado su Alto Representante en el ejecutivo comunitario, Josep Borrell, para preparar una solución alternativa que podría utilizarse si la declaración adicional no convence a críticos del acuerdo. El “plan B” se llama ”división“, un truco legal para separar los componentes comerciales del acuerdo del capítulo político y de cooperación, permitiendo así la ratificación del acuerdo comercial sin el necesario consentimiento de todos los Estados de la UE y excluyendo además los parlamentos nacionales de la ratificación.
Francia y Austria con contrarios a la propuesta de dividir el acuerdo para acelerar su ratificación. Debemos recordar que en 2018 los embajadores de la UE firmaron una decisión del Consejo de la UE que estableció que los acuerdos comerciales “que se están negociando actualmente, como con México, Mercosur y Chile, seguirán siendo acuerdos mixtos”.
Además, aquellas conclusiones subrayaron la “importancia de mantener informadas a todas las partes interesadas, en particular a los parlamentos nacionales y a la sociedad civil, de los progresos y contenidos de los acuerdos comerciales que estén negociándose”, algo que se ha incumplido sistemáticamente.
Por su parte, el gobierno austriaco comunicó a António Costa, quien preside el Consejo de la UE en el primer semestre de 2021, que no se dejaría disuadir de votar en contra del tratado por considerarlo anticlimático, ni siquiera con declaraciones adicionales. La propia González Laya viajó a Viena en marzo, para “convencer” al ejecutivo transalpino formado por Conservadores y Verdes, pero Austria dejó claro que no apoyaría el acuerdo con Mercosur.
El “No” austriaco requiere también posturas similares de otros países. Sino, la presión sobre Austria aumentará para que cambie su posición. Ya ocurrió en 2016, con Bélgica, cuando el gobierno y el parlamento de Valonia se negaron a permitir la firma del acuerdo comercial UE-Canadá por sus impactos socio-ambientales.
¿QUIÉN GANARÍA CON EL ACUERDO?
En el lado de la UE, entre los sectores económicos que van a beneficiarse del acuerdo están esencialmente la industria automotriz, aeronáutica y química y los servicios, pero también el sector farmacéutico, agropecuario, energético y minero. Dentro del ámbito de los servicios, las compañías multinacionales con mayor expectativa de negocio son las de telecomunicaciones, finanzas y transporte, entre otras, que podrán desplazar a los proveedores locales. Las multinacionales europeas también podrán participar en las licitaciones públicas de los cuatro países del Mercosur en las “mismas condiciones que las empresas locales”. En el lado del Mercosur, estarían las oligarquías nacionales dueños de grandes extensiones para la producción agropecuaria, la industria agroexportadora, con una importante presencia de capital transnacional, así como el sector minero como principales beneficiados.
Para las empresas europeas, el acuerdo es una pequeña mina de oro. El desmantelamiento de los aranceles les ahorraría hasta 4.000 millones de euros al año. Dinero que luego faltaría en los presupuestos públicos de la región, lo cual repercutirá probablemente en los servicios públicos.
La poderosa Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles ha apoyado el proceso y ha trabajado mano a mano con la ex Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. También Bayer-Monsanto, BASF y el Consejo Europeo de Industria Química (CEFIC) han ejercido una gran presión que ha tenido como resultado que la Comisión Europea abandonó su plan de prohibir los residuos de sustancias químicas peligrosas en las importaciones lo que seguirá afectando gravemente a la salud.
Es probable que el acuerdo induzca mayores beneficios a las empresas multinacionales españolas que ya tienen presencia en los países del Mercosur. Dichas ganancias, por otra parte, difícilmente se traducirán en mejoras para la población y la ingeniería financiera y fiscal ayudará a evadir sus aportaciones vía impuestos.
Un nuevo estudio encargado por UGT advierte de que el tratado UE-Mercosur supondrá la pérdida de entre 900 y 4.000 empleos en España.
LA SOCIEDAD CIVIL SE MOVILIZA
La presidencia portuguesa, que termina en julio, será la segunda consecutiva que no habría logrado iniciar los procesos de ratificación debido a la creciente presión de la sociedad civil que critica el acuerdo. La coalición Stop EU Mercosur de más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico, que ha recogido ya más de dos millones de firmas para detener el acuerdo, rechaza las negociaciones secretas para lograr una declaración adicional sobre compromisos medioambientales. Advierten que no resolvería los problemas estructurales del acuerdo que pretende aumentar las exportaciones de productos que contribuyen a una mayor deforestación, crisis climática y violaciones de los derechos humanos.
Con ocasión de la reunión el Consejo de la UE de Asuntos Exteriores sobre comercio, la coalición formado por más de 450 organizaciones agrarias, ecologistas, sindicales, pueblos originarios y en defensa de los derechos humanos, vuelve a denunciar el acuerdo con acciones en Bruselas, Berlin, Lisboa, y Madrid entre otros.
En una carta a Pedro Sánchez, Arancha González Laya así como las ministras de comercio, Reyes Maroto y de transición ecológica, Teresa Ribera, la campaña “No a los tratados de comercio e inversión” carga contra la “falta de transparencia”. “Además, los acontecimientos más recientes en Brasil, son la prueba de que las salvaguardas sobre sostenibilidad que se pretenden pactar sobre el papel se contradicen de forma sistemática con lo que ocurre realmente”, añade.
¿Qué pasará? Siempre es difícil predecir los vaivenes de los poderes de la UE, pero teniendo en cuenta que la Comisión Europea sigue sin terminar la revisión legal del texto y que después tiene que ser traducido a los idiomas oficiales, puede que la ratificación no comience antes de 2022 o incluso 2023, cuando España ocupe la presidencia del Consejo de la UE. Porque las elecciones en Alemania, Francia y Brasil tendrán una influencia especial en el porvenir del asunto.
Habrá que cargarse con mucha paciencia y un largo aliento para derrotar este acuerdo.
*Tom Kucharz, investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción.
Artículo publicado en El Salto.
Foto de portada: Arancha González Laya. Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
