El pasado 24 de noviembre de 2016 se firmaron en Bogotá, Colombia, por segunda vez, los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Acuerdos que fueron burlados e incumplidos por los gobiernos de Santos y su reemplazante en la presidencia de ese país, Iván Duque.
Las venturas y desventuras de los Acuerdos de La Habana tuvieron su primer gran desafío cuando el Gobierno de Santos, sometió a un plebiscito el 2 de octubre de 2016 esos Acuerdos firmados el 23 de agosto de ese mismo año en Cartagena de Indias, sin que las FARC-EP participaran en dicho referendo, pero sin poner obstáculo a su ejecución.
Los Acuerdos firmados por el Presidente de la República y el Comandante en Jefe de las FARC-EP, tuvieron un importante respaldo nacional e internacional. Fueron testigos numerosos Jefes de Estado, representantes del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, personalidades políticas, de la academia, prominentes intelectuales nacionales e internacionales y del movimiento social colombiano y de la región.
El plebiscito del 2 de octubre y la votación del SI y el NO, no eran vinculantes, porque no era un acuerdo de la Mesa de Diálogo de La Habana. La delegación de las FARC se negó aceptar ese mecanismo pues no le daba garantía de convertir los Acuerdos en una política de Estado y blindar el proceso, pero no se opusieron al plebiscito, aceptando los argumentos de la delegación gubernamental, suponiendo que el triunfo del SI estaba garantizado, pues nadie votaría en contra de la paz. Ocurrió todo lo contrario y allí estuvo presente la desventura de lo que vendría después.
La delegación guerrillera en la Mesa de Diálogo de la Habana, proponía que los Acuerdos a que se arribaran, se sometieran a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, lo cual daba un respaldo popular y democrático y blindaba el proceso de paz, pues lo convertían en una politica de Estado y no un plebiscito que era una iniciativa de Gobierno. El error es no haber luchado por esta propuesta a la que se negaba el Gobierno y ceder a las garantías que decía la delegación gubernamental que tendrían los Acuerdos con ese plebiscito.
En definitiva el gobierno hizo muy poco a favor de la campaña por el SI, mientras que la campaña mediática por el NO crecía, bajo la falsa propaganda que sembraba la idea de que el triunfo del SI significaba que la guerrilla podrían asumir el gobierno y el “castro-chavismo” impondría un gobierno “dictatorial” como el que gobernaba en Venezuela.
El NO se impuso y es a partir de esa “derrota táctica” del gobierno, que el Congreso pasa a jugar un papel en la revisión de los Acuerdos. Luego de las diversas modificaciones, supresiones y propuestas a que fueron sometidos, en detrimento de las pautas originales, el Congreso Nacional y la Corte Constitucional lo aprueban y dan lugar a la conformación de la Comisión de Implementación, con la participación de las partes.
Es precisamente en el ejercicio del trabajo de dicha Comisión donde se han estancado e incumplido los Acuerdos, no solo aprobados previamente por las partes (Gobierno y FARC-EP), también por el Congreso y la Corte Constitucional.
La implementación no solo se ha incumplido en más de un 80 por ciento, sino que además se han modificado temas que tienen que ver con uno de los ejes más importantes, esto es, los referidos a la Justicia Especial de Paz (JEP), establecida para todas las partes involucradas en el conflicto social y político armado y no solo para juzgar a los guerrilleros y dejar por fuera a los terceros (civiles o agentes del Estado no pertenecientes a las Fuerzas Militares). Mientras que la modificación planteada a la JEP de crear una sala especial para los uniformados será para entregárselo a la Corte Penal Internacional o buscar los mayores beneficios para ellos y de esa manera darle continuidad a la impunidad en Colombia.
Las víctimas del conflicto armado son los más afectados con las modificaciones jurisprudenciales presentadas por el Fiscal General de la República, dado que está probado que el 70 por ciento de los crímenes cometidos en Colombia, fueron realizados por paramilitares. Se calculan en 100.000 mil los muertos y desaparecidos por estas bandas en los últimos 20 años según el informe publicado en el libro sobre la Memoria Histórica. Mientras tanto, la propuesta de 16 curules destinados a ser ocupados en el Congreso por los representantes de las víctimas fue desaprobado por el parlamento.
La ley de amnistía no se ha cumplido tal y como lo había aprobado el congreso y la Corte Constitucional. Hoy aún guardan prisión unos 600 guerrilleros. Cinco años después de lograr el primer acuerdo parcial sobre el eje de Tierras, no hay ni titulación, ni el fondo de los 3 millones de hectáreas que debían ser entregadas a los que no la tienen.
La sustitución de cultivo ilícito no se ha implementado, porque el Fiscal no permite el tratamiento diferencial para los campesinos cultivadores pobres y porque no hay proyectos económicos alternativos. Pero sin embargo el gobierno de Iván Duque amenaza con avalar la fumigación aérea, un nuevo “Plan Colombia” que provocará una severa amenaza a la salud de miles de campesinos y continuaran aniquilando la fauna y la flora colombiana.
El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Ni el gobierno de Santos ni el actual han cumplido con otorgar seguridad y garantías a los desmovilizados de las FARC. Por el contrario más de 80 guerrilleros desmovilizados has sido asesinados y ya se acerca de 500 dirigentes comunitarios y sociales fueron asesinados a solo dos años de firmado el Acuerdo de Paz.
El gobierno colombiano no ha tomado en cuenta que las FARC-EP cumplieron fielmente con la entrega de las armas y la concentración de sus fuerzas, un grave error de los jefes insurgentes, al no acordar y garantizar los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros.
El tema es tan grave que lejos de dar estas garantías, han desarrollado algunas acciones contra líderes guerrilleros como el evidente montaje de Estados Unidos y la Fiscalía contra el comandante Jesús Santrich, sobre el cual no han podido presentar ninguna prueba, violando las normas jurídicas colombianas al ser mantenido en prisión. Este solo hecho puede provocar “la absoluta ruptura del proceso de paz”, según ha comentado en carta el pasado 17 de noviembre a Santrich el comandante Iván Márquez y nueve comandantes guerrilleros más firmantes de dicha misiva.
Por último en la carta de Iván Máquez se señala que el actual gobierno debe tomar nota: “ los acuerdos que fueron firmados tienen el respaldo del Articulo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta el mismo rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A lo que hay que añadir que la Corte Constitución colombiana estableció clara y categóricamente ha dicho que los Acuerdo de Paz no podía ser modificado por los próximos tres Gobiernos. Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado”.
Esperemos en beneficio del pueblo colombiano que el actual gobierno actué con la sensatez necesaria para corregir lo señalado en su diálogo con las insurgentes FARC, hoy convertida en un Partido Político y demuestre Duque lo que dijo al tomar posición: que sería el Presidente de todos los colombianos, de un pueblo que aspira finalmente a vivir en paz.
Tony López es periodista, politólogo y analista internacional.
