Los países de la Unión Europea acordaron este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con unas 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera. El contingente es inferior al que había propuesto Bruselas y defendía España, que ascendía a 30.000 reubicaciones y 600 millones.
Además, los Veintisiete han acordado relajar las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la “conexión” entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como intentó Italia con Albania.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó claro a su llegada a la reunión de ministros de la UE en Bruselas que España se opone a estos cambios, no solo porque cuestiona su efectividad sino por las dudas respecto a su compatibilidad con el Derecho comunitario e Internacional en materia de Derechos Humanos.
En concreto, los ministros pactaron las que serán sus líneas rojas en las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma definitiva de la directiva de retorno y con la que apoyarán que los gobiernos europeos puedan negociar de manera bilateral acuerdos con países terceros para establecer en ellos centros de acogida, modo que puedan trasladar allí a migrantes a los que se les ha denegado el derecho al asilo pero está aún pendiente su deportación a un país seguro.
La reforma que endurecerá el marco de migración y asilo con que cuenta la Unión Europea también prevé sanciones más duras contra aquellas personas migrantes sin derecho a permanecer en la UE pero que rechazan ser deportadas, por ejemplo con periodos más largos de retención y la prohibición de regresar a la UE tras una decisión de expulsión también se alargará.
La posición del Consejo, de hecho, apunta medidas contra quienes no cooperen como denegar o reducir subsidios, retirar permisos de trabajo e, incluso, penas de prisión para los casos más extremos. En cuanto al veto de entrada, los países son partidarios de que en los casos de personas que representen un riesgo para la seguridad la prohibición de entrada pase a ser indefinida.
Además, las nuevas normas permitirán a los países de la UE crear “centros de retorno”. Olivia Sundberg Diez, defensora de la UE en materia de migración y asilo de Amnistía Internacional, afirmó el lunes que las posturas acordadas reflejan el enfoque “deshumanizador” de Estados Unidos y calificó de “cruel” el plan de centros de retorno.
“La posición de los ministros de la UE sobre el Reglamento de Retorno revela la insistencia obstinada y equivocada de la UE en aumentar las deportaciones, las redadas, la vigilancia y la detención a cualquier precio”, expresó Sundberg en un comunicado. “Estas medidas punitivas suponen un recorte sin precedentes de los derechos basados en el estatus migratorio y dejarán a más personas en situaciones precarias y en un limbo legal”.
En el curso del debate público entre ministros, otras delegaciones como la portuguesa y la francesa han expresado reservas por el impacto político, social y constitucional, pero no ha impedido que saliera adelante una posición que cuenta con el apoyo de una “amplia mayoría”, según ha constatado el ministro danés que este semestre ejerce la presidencia de turno del Consejo.
Reparto de reubicaciones
Otra de las claves de la reforma migratoria aún por culminar en el seno de la Unión Europea es el mecanismo de solidaridad por el que se establecerán cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembro desde aquellos que se encuentren bajo una mayor presión migratoria.
El Ejecutivo comunitario puede proponer en cada ejercicio la reubicación de hasta 30.000 migrantes, con la opción de que los países más reticentes a recibir a parte de estas personas ofrezcan medidas compensatorias alternativas hasta un máximo de 600.000 millones de euros. Sin embargo, el reparto que han acordado los gobiernos –con la abstención de España– reduce este cupo a un total de 21.000 reubicaciones o medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros. Este cupo se aplicaría en 2026, pero abarcaría únicamente el segundo semestre dado que el Pacto no estará plenamente en vigor antes.
Aunque han trascendido las cifras globales, los números de cuántos países han aceptado acoger reubicados y cuántos han ofrecido pagar compensaciones o medidas alternativas permanece clasificado y no se conocerá hasta que sea formalmente adoptado y publicado, previsiblemente antes de que acabe este 2025.
El “regateo de cifras” del contingente de solidaridad
Grande Marlaska lamentó que el contingente de solidaridad “no puede convertirse en un regateo de cifras”. Durante el Consejo en el que se tomó la decisión, opinó que se deben “identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma“. Este contingente es un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.
Ese fondo común de solidaridad prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.
En noviembre pasado la Comisión Europea concluyó, tras evaluar una serie de criterios, que España, Chipre, Grecia e Italia se encuentran bajo presión migratoria y pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común.
Por su parte, identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países que se enfrentan a una situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores y dijo que tenían la posibilidad de solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad.
Un coordinador de la Comisión Europea trabajará con los Estados miembros bajo presión migratoria en los próximos meses para repartir el fondo de solidaridad en función de las necesidades. La ayuda se canalizará después a través de sistemas ya existentes y se creará una línea presupuestaria para los Estados miembros que deben ser apoyados.
Artículo publicado originalmente en Publico.es
Foto de portada: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Migración, Elma Saiz , durante una reunión de ministros europeos en Bruselas, el 8 de diciembre de 2025.EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
