En el centro del huracán se encuentran el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte-Carpio, cuyas imágenes públicas se desploman en medio de acusaciones de malversación masiva, uso discrecional de fondos millonarios y presiones crecientes para que ambos renuncien.
La situación ha pasado de ser un simple escándalo administrativo a un desafío existencial para las dos familias más poderosas del archipiélago, revelando el desgaste acelerado de su legitimidad social y política.
La corrupción estructural que golpea al país
El detonante fue el gigantesco escándalo de corrupción relacionado con los fondos para el control de inundaciones, un mecanismo presupuestario plagado históricamente de irregularidades pero que ahora ha adquirido dimensiones sin precedentes. La acusación vino de un nombre inesperado: Zaldy Co, antiguo presidente del comité de asignaciones de la Cámara de Representantes, un aliado clave del gobierno hasta hace pocos meses.
Co, prófugo desde julio tras una orden de arresto emitida por Marcos, difundió videos en los que asegura poseer pruebas contundentes de la implicación directa del presidente, su esposa y su hijo en la manipulación de unos 100 mil millones de pesos filipinos añadidos al presupuesto de 2025. Según Co, Marcos habría instruido personalmente que nadie “interfiriera” en estas inserciones presupuestarias, una advertencia que refleja el clima de impunidad y la concentración del poder en el entorno presidencial.
Las acusaciones han sido tomadas con seriedad por organizaciones sociales históricamente críticas, como Bayan (Bagong Alyansang Makabayan), cuyo presidente Teodoro Casino denunció públicamente que Marcos, Duterte-Carpio y otros altos funcionarios están “implicados en una corrupción a gran escala y desenfrenada”.
Esta denuncia ha catalizado un movimiento más amplio que exige la dimisión simultánea del presidente y la vicepresidenta, un escenario extraordinario contemplado por una cláusula constitucional poco conocida que obligaría a convocar elecciones anticipadas si ambos cargos quedaran vacantes al mismo tiempo. Este detalle legal, hasta ahora marginal en el debate político, ha cobrado una relevancia inesperada en medio de la crisis.
La reacción del sector empresarial tampoco ha sido indulgente. Sergio Ortiz-Luis, presidente de la Confederación de Empleadores de Filipinas, pidió a Marcos que no se limite a calificar de “fake news” las acusaciones de Co y que, en cambio, responda de manera clara y directa al que muchos describen como “el mayor escándalo de corrupción en la historia del país”. El mensaje es contundente, incluso actores tradicionalmente alineados con las élites políticas consideran insostenible el silencio de la presidencia.
Mientras tanto, Duterte-Carpio enfrenta sus propias tormentas políticas. Acusada de malversar fondos confidenciales y de haber amenazado a altos funcionarios, la vicepresidenta intenta mantener una imagen de autoridad, pero su figura se ha desgastado aceleradamente. El desgaste simultáneo de Marcos y Duterte —dos apellidos que han definido el poder en Filipinas desde los años 70— marca un punto de inflexión histórico para el país.
La situación se agrava con medidas aparentes de control político, como la reciente cancelación de los pasaportes de Harry Roque, ex portavoz de Rodrigo Duterte, y de Cassandra Li Ong, figura vinculada a la polémica industria de juegos offshore. Aunque el gobierno presenta esta acción como parte de una campaña anticorrupción, muchos analistas consideran que se trata de un intento desesperado de la administración para proyectar firmeza y recuperar credibilidad mientras el escándalo del control de inundaciones sigue expandiéndose como un derrumbe institucional imparable.
La crisis actual no solo refleja la decadencia política de los Marcos y los Duterte, sino también las tensiones internas de un modelo oligárquico que enfrenta su propio agotamiento. En un contexto donde la sociedad civil exige responsabilidades, donde las élites tradicionales comienzan a fracturarse y donde resurgen voces que piden una reconfiguración total del sistema político, Filipinas se encuentra ante uno de los momentos más inciertos de su historia reciente.
Lo que está en juego no es simplemente la suerte de dos figuras políticas, sino la viabilidad misma de un Estado capturado por intereses familiares y corroído por décadas de impunidad.
*Foto de la portada: EPA
