El fin de semana, con su aparente alto el fuego y la liberación de rehenes y prisioneros, trajo consigo una ilusión de paz y esperanza. El viernes entró en vigor el cese de hostilidades sobre Franja de Gaza, y comenzó el desplazamiento masivo de palestinos regresando hacia las zonas que fueron sus hogares, entre la destrucción, la hambruna y la desidia.
Pero bajo la retórica de las fotografías y los actos protocolares —Netanyahu visitando hospitales israelíes de compleja y completa infraestructura para recibir a sus rehenes y fuerzas del ejército, y Trump proclamando un nuevo amanecer en Medio Oriente desde la Knesset antes de partir hacia la cumbre de Egipto— se despliega un cuadro que deja entrever la apertura de una fase fragmentaria, sujeta a condiciones políticas, militares y humanitarias que dejan intactas las asimetrías estructurales que alimentaron la catástrofe.
El lunes comenzó el intercambio de prisioneros, primeramente Hamás y las Brigadas Al‑Qassam entregaron 20 rehenes israelíes, mediante la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja, e Israel procedió a la liberación de cientos de presos palestinos. También se dio lugar a la entrada de ayuda humanitaria de hasta 600 camiones diarios, además de una retirada parcial de las fuerzas israelíes hacia una línea acordada dentro de Gaza.
El contraste está fuertemente marcado; en Tel Aviv, los rehenes liberados volvieron a sus hogares con sus familias bajo un techo, con agua, luz, gas, en condiciones de salud, higiene y alimentación óptimas, volvieron a sus “vidas felices”; también soldados heridos fueron presentados como héroes.
Mientras que en Gaza, familias enteras volvieron a pie por la carretera al‑Rashid, cargando lo que quedó de sus vidas para encontrar tierras baldías donde antes hubo barrios enteros, regresan a un terreno devastado, con agua y saneamiento colapsados y condiciones de vida que siguen siendo de emergencia absoluta.
La imagen oficial de “reconstrucción” y “reconciliación” convive con el espectáculo del retorno forzado a escombros y con la prioritización visible de una narrativa que coloca la liberación de ciudadanos israelíes en el centro del relato mediático occidentalista internacional.
Las cifras de detenidos palestinos en prisiones israelíes —más de 11.000— y la existencia de cientos de represaliados y detenidos sin juicio son un recordatorio de que la liberación parcial no resuelve el problema estructural del encarcelamiento masivo y la detención administrativa.
De hecho, la liberación de palestinos trajo consigo decenas de prisioneros que fueron deportados a terceros países como condición impuesta por las autoridades israelíes; al menos 154 personas fueron obligadas a salir de Palestina tras su puesta en libertad para exiliarse en Egipto. Esto se trata de una técnica política, expulsar a activistas o figuras con capital simbólico reduce la capacidad de movilización y elimina a partícipes potenciales de la reconstrucción política en el propio territorio.
Al‑Qassam reivindicó que la entrega de cautivos es fruto de la resiliencia del pueblo palestino y un resultado de una política que, aunque costosa, obligó a la mediación regional e internacional. Pero la contrapartida material y simbólica deja miles de liberados que no regresan a sus casas; prisioneros que salen pero pierden ciudadanía práctica; familias que no pueden recibir ni celebrar. El intercambio, por tanto, satisface demandas humanitarias urgentes pero su implementación contiene elementos de castigo y control adicionales que reconfiguran —no solucionan— la suerte política de los liberados.
Estados Unidos y la diplomacia
El plan de 20 puntos impulsado por la Casa Blanca y la intervención directa del presidente Trump, primero como propositor y después como garante de la “Junta de la Paz” que supervisaría una administración tecnocrática de Gaza, revela la ambición estadounidense: reinsertarse como actor clave en la definición de la posguerra, presidir la gobernanza y controlar los procesos de reconstrucción y seguridad.
La Casa Blanca anunció además que personal militar —hasta 200 miembros ya en el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)— monitorizará el cumplimiento del alto el fuego; la vocería oficial matizó que no se trata de un despliegue en suelo gazatí, pero la presencia logística y de coordinación civil militar yankee subraya la dimensión hegemónica del patrocinio.
Desde una lectura geopolítica, el protagonismo de Washington busca restaurar la centralidad americana en Oriente Medio tras años de reacomodamientos regionales; dar un triunfo diplomático de alto impacto en la antesala de contextos electivos; y, simultáneamente, construir una arquitectura de posconflicto que impida la emergencia de una autoridad palestina plenamente autónoma y que ofrezca garantías de seguridad a Israel y sus aliados.
Como ya hemos mencionado, cumpliéndose el plan tal como lo propuso Trump, implica una tutela internacional, condiciona la soberanía y deja los asuntos políticos más espinosos —derecho de retorno, restitución de tierras, responsabilidades por crímenes— al archivo de una segunda etapa remota e incierta.
La operación mediadora contó con el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía, que aparecen como facilitadores y garantes del proceso; Argel, Abu Dabi y otras capitales del Golfo ofrecieron apoyo político y logístico. Sin embargo, no todos los actores están en la mesa: Irán, en términos formales, se apartó; Hezbolá manifestó su alarma respecto de lo que percibe como un proyecto geoestratégico más amplio que busca consolidar un “Gran Israel” a costa de la fragmentación de la sociedad palestina.
Con lo que respecta a Turkiye, el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, anunció que las Fuerzas Armadas turcas están listas para integrarse al grupo de trabajo multinacional que se establecerá en Gaza bajo el plan de paz impulsado por Donald Trump. Además, ya envió un barco con 900 toneladas de alimentos hacia el puerto egipcio de El-Arish, desde donde serán distribuidos a la población gazatí. La iniciativa consolida su papel como potencia mediadora y refuerza su influencia en el Mediterráneo oriental, equilibrando su pertenencia a la OTAN con una política exterior que busca diferenciarse del eje occidental tradicional.
Seguridad y gobernanza: quién decide el mapa del futuro
Las declaraciones públicas de Hamás y de otras facciones —Jihad Islámica, Frente Popular para la Liberación Palestina— subrayaron que la gobernanza futura de Gaza debe ser decidida por el pueblo palestino. Las facciones convocaron a una reunión nacional para unificar posiciones y discutir la administración del territorio tras el alto el fuego.
En el frente israelí, la aceptación de la primera fase por parte del gobierno de Netanyahu responde a una lógica que le permite exhibir una “victoria” —rehenes liberados, tierras colonizadas— y proyectar la ilusión de control y pacificación. Pero esa aceptación política convive con una coalición interna fragmentada y con portavoces ultraderechistas que vetan la idea de concesiones estratégicas como la evacuación total o la entrega de soberanía.
La tregua puede ser el primer instrumento para salvar vidas, pero no será una paz legítima si no restituye elementos esenciales de autonomía, justicia y reparación. Restaurar el suministro de agua no es lo mismo que garantizar el derecho a una vida política y territorial plena; entregar prisioneros no compensa una política de exilios forzados ni la impunidad por responsabilidades sobre destrucción masiva.
Pero con Trump confirmando haber colaborado con el ejército israelí con la entrega de armamento durante los dos años de asedio en Palestina; haber advertido que Hamás sería desarmado ‘rápida y quizás violentamente’ si éste no colaboraba con el acuerdo de “paz” (esto es, una intervención directa del ejército yankee); y proponiendo, en el plan de 20 puntos,una “Junta de Paz” presidida por él mismo y el ex primer ministro Tony Blair, la ocupación y genocidio en Palestina (no nos olvidemos de Cisjordania), solo habrá cambiado la forma de la dominación: menos bombas en el corto plazo, pero mayor subordinación en el mediano.
El costo humano: hambruna, salud y destrucción
La cobertura mediática occidental mostró, durante el fin de semana, imágenes de rehenes israelíes abrazándose a sus familias, y los discursos de Trump y Netanyahu enfatizando “el final de una tragedia”.
Pero esto no neutraliza la realidad material: las fuerzas de ocupación emitieron nuevas órdenes militares para confiscar alrededor de 25 dunums de tierra palestina en Qalqilia, destinadas a expandir las colonias ilegales de Alfei Menashe y Tzufim mediante la construcción de carreteras y muros de seguridad. Este avance territorial, presentado como “medidas defensivas”, consolida el control israelí sobre áreas agrícolas que sostienen la vida de decenas de familias palestinas.
Mientras en el sur de Hebrón, las demoliciones masivas en Masafer Yatta arrasan hogares enteros. Las fuerzas israelíes continúan los desalojos bajo bombardeos y hostigamiento, como en Tubas al valle del Jordán donde los colonos avanzan sobre aldeas, incendian campos, y los francotiradores vigilan los caminos. A la sombra de Gaza, continúa la limpieza territorial y despojo sistemático, donde la ocupación sigue moldeando el mapa con fuego y excavadoras.
En paralelo, los equipos de rescate en Gaza recuperaron en las últimas horas 29 cuerpos —22 de ellos bajo los escombros— y trasladaron al menos 10 heridos a hospitales que ya no pueden operar.
Lo más importante, tres palestinos fueron asesinados hoy, ayer fueron 9, antes de ayer otros 12, en bombardeos puntuales —tanto con drones como con armas de fuego— de las autodenominadas Fuerzas de Defensa Israelí; la apertura del cruce de Rafah sigue restringida, y el ingreso tanto de maquinaria pesada necesaria para remover escombros, como de camiones con asistencia alimentaria, continúa bloqueado.
La crisis sanitaria y alimentaria de Gaza figura en primera línea de urgencia. La hambruna continúa afectando a cientos de palestinos; La Organización Mundial de la Salud documentó más de 15 mil lesionados que requieren ser evacuados para poder atendidos, más de 5.000 personas han sufrido amputaciones; además de la reducción de profesionales especializados, la muerte de personal sanitario y la destrucción de equipamiento que hacen que la atención de mediana y larga duración sea prácticamente imposible sin un replanteo serio y sostenido en la política internacional.
*Lourdes Hernández, miembro del equipo editorial de PIA Global.
Foto de portada: Jehad Alshrafi/AP Photo
