La Comisión Europea presentó el 17 de septiembre una propuesta para suspender ciertas disposiciones comerciales del acuerdo de asociación con Israel, una medida que, según Reuters, afectaría aproximadamente 58.000 millones de euros en exportaciones israelíes y que también contempla sanciones selectivas contra ministros extremistas del gobierno israelí. La iniciativa, además, pondría en pausa la cooperación bilateral, aunque la Comisión precisó excepciones como apoyo a la sociedad civil. Estas medidas deben ahora ser discutidas y aprobadas por los Estados miembros de la UE; la suspensión comercial requiere mayoría cualificada y las sanciones individuales, unanimidad.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, respaldó públicamente las propuestas en un mensaje en X, subrayando que “la situación en Gaza es catastrófica e inaceptable”, que las medidas no están dirigidas al pueblo israelí y reclamando un cese inmediato de las hostilidades y acceso humanitario pleno. El tweet de Costa marca un apoyo institucional de alto nivel que pone presión sobre los gobiernos de la UE para que concreten la sanción política.
En paralelo a la reacción política y económica europea, el ámbito jurídico y humanitario también se movió: la Fiscalía General del Estado de España anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar violaciones de derechos humanos en Gaza y cooperar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en línea con recomendaciones de la comisión internacional de la ONU. Es decir, además del castigo diplomático/económico, hay ya pasos formales para recopilar pruebas que puedan alimentar procesos internacionales.
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, advirtió que los hospitales de Gaza están “al borde del colapso”, que el avance militar genera nuevas olas de desplazamiento y que la violencia bloquea la llegada de suministros y equipos médicos esenciales. Ese diagnóstico amplifica el argumento de los gobiernos y organismos que piden medidas urgentes para preservar vidas, no sólo sanciones simbólicas.
A esto se suma la acción multilateral en la Asamblea General de la ONU del 12 de septiembre cuando aprobó por amplia mayoría la “Declaración de Nueva York”, que exige un cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes, acceso humanitario pleno y pasos concretos hacia la solución de dos Estados.
Al mismo tiempo la creciente movilización cultural en distintos países es una señal de solidaridad y denuncia. En Madrid, más de 300 artistas participaron el 15 de septiembre en una lectura pública de los nombres de 18.500 niños palestinos asesinados en Gaza, un homenaje simbólico convocado por el colectivo Artistas con Palestina en la Puerta del Sol, y respaldado por ONG como Unicef y Médicos Sin Fronteras.Como también en Londres, el concierto “Together for Palestine” reunió a cerca de 70 artistas internacionales, entre ellos Gorillaz, que actuaron frente a una bandera palestina y contribuyeron a manifestar que este conflicto ya no puede ser ignorado.
Foto de portada: Agencia de Noticias WAFA
