Pedro Castillo, último presidente legítimo del Perú, se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo en Lima y sería sentenciado a fines de este año por la causa de rebelión. En un claro intento, por dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del próximo año. Pese al arbitrario juicio, al que viene siendo sometido, el 17 de agosto presentará su alianza electoral “Juntos con el Pueblo” en Lima.
El legado de los 90´s
Para comprender los sucesos de estos últimos años en Perú, es necesario traer a colación los años 90´s. Al iniciar la década, el país vivía una crisis de hiperinflación y un agravamiento del conflicto armado interno. En 1990, año electoral, Alberto Kenya Fujimori ganó el ballotage con un 62.4% frente a Mario Vargas Llosa que obtuvo un 37.6% de los votos. Fujimori, un desconocido en la arena política peruana, logró captar el voto de las mayorías con sus propuestas electorales, pero una vez asumido el cargo presidencial, aplicó un plan neoliberal con plena alineación al Consenso de Washington. Luego del autogolpe que ejecutó el 5 de abril de 1992 y el cierre del Congreso, dio inicio a una etapa dictatorial del país. Al año siguiente, parió una nueva Constitución, donde dejó sentada la normativa necesaria para el saqueo de recursos naturales, la liberalización de la economía, la destrucción de la institucionalidad y los sindicatos, el lucro del agua y la educación y la ausencia de una democracia participativa. La Carta Magna elaborada en dictadura perdura hasta hoy y ha sido la base de las políticas neoliberales que se han propulsado todos estos años en el país andino, y cabe resaltar que no hubiese sido posible sin la aprobación y el respaldo de la embajada estadounidense.
En el 2000, Fujimori renuncia mediante un fax desde Japón, ante la crisis política que estalló con las denuncias de corrupción que salieron a la luz, por la revelación de los llamados “vladivideos”. Estos vídeos fueron grabados en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por su director Vladimiro Montesinos, donde se mostraba la entrega de dinero a distintas personalidades del arco político, del mundo artístico y de la farándula.
Lo que vendría, ya entrado en el siglo XXI, es una sucesión de gobiernos que representaron la continuidad de las políticas neoliberales, agravando más la situación económica y social de la población peruana, acrecentando la crisis representativa y la desafección de los ciudadanos con la política.
A partir del 2016, la inestabilidad cobra un nivel importante. La hija y heredera política del ex dictador, Keiko Fujimori, había logrado- en ese mismo año- una mayoría en el Congreso, lo que permitió hacer modificaciones a la Constitución a su favor, con el aval del Tribunal Constitucional, cuyos miembros son elegidos por el mismo Congreso. Esto provocó un giro clave hacia el parlamentarismo, que conllevó a la alteración del equilibrio de poderes consintiendo el abuso de figuras como la vacancia presidencial por incapacidad moral. El Poder Judicial corrió con la misma suerte, el Congreso tiene participación directa en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes designan jueces y fiscales. Esta desregulación de poderes provocó que tan solo en 6 años, el Perú viera pasar a 5 presidentes y presenciara la instauración de un régimen parlamentarista de facto.
La llegada de la pandemia del Covid-19 al Perú, fue letal. El país no estaba preparado para encararlo. Solo en Lima, se carece de un sistema sólido de salud pública, la precariedad, la falta de hospitales, la falta de personal médico, la falta de insumos médicos y el lucro en la salud es evidente en la capital del país. Al interior, en sus provincias, cabe mencionar que la situación es de total abandono, donde la gente debe sobrevivir en su región o viajar a Lima, en busca de algún tipo de acceso a la salud, provocando una sobredemanda a la capital que tampoco puede sostener.
El Ministerio de Salud del Perú arrojó que, hasta finales del 2020, eran 94.000 las personas fallecidas por Covid. Las condiciones de vida en el país andino se fueron a pique. Con un porcentaje que se acerca al 70% de informalidad en el sector laboral, un problema estructural del que adolece por su modelo económico, la población salía a las calles para trabajar y ganar dinero para sobrevivir. La situación se profundizó con el juicio político al entonces presidente Martín Vizcarra, generando un descontento social muy grande que terminó de catalizarse en las elecciones presidenciales del 2021, donde la victoria de Pedro Castillo, sorprendió a esa Lima divorciada del resto del país.
El Bicentenario del cambio
En el 2021, Perú cumplió 200 años de vida independiente como nación y por primera vez en su historia republicana, un maestro rural, un sindicalista del pueblo de Chota, ubicado en la provincia de Cajamarca, asumía como presidente de la nación.
Según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la primera vuelta de los comicios electorales, arrojó ganadores a Pedro Castillo con 19% de los votos y a Keiko Fujimori con el 13%, este resultado fue una sorpresa para el establishment limeño y la clase política. Castillo era un desconocido para Lima, pero no para los sectores populares, sobre todo para el Sur andino y la Amazonía, que encontraron pertenencia en el profesor, lo vieron liderar huelgas de maestros en el 2017, organizar el sindicato de profesores y llegar a caballo y sombrero- como uno más de ellos- a los mítines de su partido.
El voto duro castillista se concentró en esa región, el sur andino, al cual, luego se le sumaría para el ballotage, el voto de las clases medias antifujimoristas logrando llegar a una victoria muy justa. No hay que dejar de mencionar, que el camino al ballotage estuvo lleno de operaciones mediáticas, actos de racismo y comentarios denigrantes hacia el profesor y su electorado.
Pero no terminaría ahí, ya declarada la victoria de Castillo, el fujimorismo y sus aliados, junto a estudios de abogados, medios de comunicación y grupos de poder económico como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), principal gremio empresarial del Perú, concertaron para avalar rumores de fraude en las provincias sureñas y la selva. Provincias como Puno, donde Castillo había ganado con casi el 90% de votos y Ayacucho, donde ganó con el 80% empezaron a ser cuestionadas. Grandes y caros estudios de abogados iniciaron una impugnación de cerca de 200 mil votos indígenas y rurales, aduciendo que los campesinos e indígenas no votaban bien o que eran manipulados. Los medios de comunicación también jugaron un rol importante amplificando denuncias y fake news.
Evocando la memoria de José Carlos Mariátegui, quien planteó el problema del indio como un tema de dominación política y económica, no queda a destiempo su planteo sobre la necesidad de modificar la concentración de la tierra y replantear la nación, también, desde el legado andino, para sacar a las mayorías indígenas y rurales de la postergación a las cuales vienen siendo sometidas.
Los votantes de Castillo pedían que su voto sea respetado, se organizaron y movilizaron a Lima desde distintas regiones del país. Fueron maestros, ronderos, campesinos quienes acamparon en las puertas del Jurado Electoral. Luego de semanas de presión por parte de la población, Castillo juró como presidente. Pero no fue suficiente.
15 meses de resistencia
El profesor Castillo ganó las elecciones con el partido político Perú Libre y en su propuesta electoral planteaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente que diera origen a una nueva Carta Magna, una segunda reforma agraria entendida como desarrollo rural agrario y participativo promovido desde el campesinado, la utilización del Gas de Camisea para el desarrollo energético como política de estado, el fomento de la economía popular y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, además de otras propuestas que resultarían una amenaza para lo ya establecido desde hace décadas.
Las propuestas planteadas por Castillo, hacían una diferencia respecto a otros sectores de la izquierda más progresista, pero era difícil imaginar cómo iban a concretarse sin una sólida correlación de fuerzas que sostuviera al gobierno, en medio de instituciones y poderes del estado cooptados, hace tantos años, por los grupos concentrados de poder que obedecen a Washington.
Durante la gestión de Castillo, la articulación de poderes institucionales, económicos, mediáticos y judiciales trabajaron para destituirlo. El Congreso fue el eje de desestabilización, con su accionar, reinterpretando la norma y abusando de la figura de interpelación y censura a los ministros de Estado, solo por sus antecedentes y no por cometer faltas graves en el ejercicio de su función. Uno de los casos fue el canciller Héctor Béjar y el ministro de Trabajo Ilber Maraví, el primero cuestionado por su pasado guerrillero en la década de los 70´s y el segundo, por cercanía a subversivos en la década del 80´.
Otra de las acciones del Congreso fue la aprobación de la Ley anti-referéndum que restringió el derecho ciudadano a convocar a un referéndum que consulte sobre un cambio de Constitución. Por otro lado, el Legislativo no descansó y bloqueó los proyectos de ley que Castillo enviaba, además, de no permitirle los viajes al extranjero.
Otro recurso que los congresistas peruanos no se cansaron de usar, fue el de “vacancia por incapacidad moral”, un recurso incluido en la Constitución del 93 para casos graves de enfermedad o salud mental, pero que desde el 2016 se utilizó a discrecionalidad y que es bastante cuestionada por organismos internaciones, por no estar definida con claridad y no estar reglamentada. Sin embargo, el Parlamento, presentó tres mociones de vacancia en 15 meses, una cada cuatro meses, argumentando actos de corrupción sin pruebas suficientes.
Desde otro flanco, el Ministerio Público junto a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, vinculada con el narcotráfico, decidió investigar al presidente en funciones, creando el Equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder y abriendo 60 carpetas fiscales en su contra, acusándolo de liderar una organización criminal, sin pruebas, pero con resonancia mediática a disposición. Cada semana, los reportajes periodísticos eran usados por la fiscalía para argumentar sus acusaciones.
Los medios de comunicación se sumaron con fake news, desinformación, campañas de odio durante todo el gobierno de Castillo. Uno de ellos fue Willax, propiedad de Erasmo Wong, otro medio fue América TV, también, el Grupo Comercio, todos fomentaban las denuncias por corrupción e incitaban a movilizaciones donde participaban políticos de derecha, artistas de la farándula y empresarios en distritos de clase media limeña.
Golpe parlamentarista
Desde el momento en que Castillo ingresó al ballotage, se empezó a orquestar distintas formas para poder dejarlo fuera. Tanto el poder legislativo como el poder judicial, los medios de comunicación y empresarios no tardaron en concertar e ir hacia una dirección, destituirlo. Esta coalición formada trabajó para dar el golpe parlamentario en el momento oportuno y así lo hicieron.
El 7 de diciembre del 2022, el Congreso peruano votaría por tercera vez en 15 meses, la vacancia por incapacidad moral en contra de Pedro Castillo. El presidente dio su discurso por cadena nacional antes de la votación del parlamento y disolvió el Congreso e hizo un llamado a una Asamblea Constituyente.
Muchos han evocado y comparado este suceso con el autogolpe de Fujimori, no hay asidero que valga. Se descontextualiza y se da una lectura errónea. Castillo no interrumpía una democracia y su acto atendía el reclamo de buena parte de la población. Luego, podemos analizar sus propios errores y desaciertos en su contexto, para entender lo que conllevo al fracaso. Pero la mayoría de la población no aprobaba al parlamento peruano.
Después del mensaje presidencial, Castillo fue arrestado por su propia escolta, 10 minutos antes que el Congreso aprobara su destitución, violando el proceso que indica la Constitución. El parlamento necesitaba 107 votos, pero obtuvo 101, sin embargo, procedió a destituirlo. Las fuerzas policiales y las fuerzas armadas se plegaron rápidamente al lado del Poder Legislativo.
La fiscalía, inmediatamente, ordenaba prisión preventiva para Castillo, desconociendo sus fueros. Horas después, la vicepresidenta Dina Boluarte juramentaba como la nueva presidenta con la venia del Congreso. Se había concretado el golpe parlamentario.
El pueblo en las calles
El pueblo no hizo esperar su respuesta. A partir de la destitución de Castillo, se vivió una situación de convulsión social. Desde Puno, Arequipa, Tacna, Ayacucho, Ucayali, Cajamarca empezaron a movilizarse pidiendo el cierre del Congreso y el respeto del voto popular. Luego de ordenar reprimir a las protestas, la violencia escaló cuando el gobierno empezó a reprimir a las movilizaciones y decretó estado de sitio en varias regiones, alegando que se trataba de terroristas. Como resultado ocurrieron terribles masacres, como la del 15 de diciembre en Ayacucho con 10 asesinados y la de Juliaca con 18 asesinados. De diciembre a marzo se dieron las más intentas movilizaciones, donde desde distintas regiones viajaron desde sus lugares hacia Lima. Estas jornadas de protesta, dejaron un total de 60 fallecidos, incluyendo 6 menores de edad, 1300 heridos y 1800 judicializados.
La condena inminente
Castillo tiene un juicio político viciado. Desde el 2022 tiene prisión preventiva, el proceso está lleno de arbitrariedades. Tiene abierto 60 juicios, de los cuales el más relevante es la causa por rebelión que tendría una condena de 35 años. El presidente recluido en Barbadillo, ha decidido no tener abogado para la causa de rebelión y denunciar el juicio como una farsa.
En la parte internacional, Raul Zaffaroni y el abogado Guido Croxatto llevarán la causa de Castillo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde buscan que el organismo haga un pronunciamiento a favor de sus derechos civiles y políticos que han sido violado. Se busca el pronunciamiento internacional, antes de la inminente condena, que se sentenciaría antes de diciembre del presente año, ya que en ese mes se abren las inscripciones a las listas de candidaturas presidenciales para el 2026 y el objetivo es dejarlo afuera.
Reflexiones
Dos puntos clave que se dieron en el proceso de asunción y destitución de Pedro Castillo. Primero, la poca solidez política que se construyó para sostener el gobierno teniendo en cuenta que había que enfrentar con grupos económicos de poder que dominaban hace años el país. Segundo, el armado de una alianza golpista con el respaldo de los Estados Unidos.
El primer punto clave habla del desmarque que fueron haciendo rápidamente, los grupos que debían sostener a Castillo. Y este tema daría pie a otro texto para hablar de las izquierdas peruanas. Porque, precisamente, Castillo logró que las izquierdas más progresistas lo apoyaran en el ballotage pero era incompatible lograr con estos sectores un proyecto nacional. Estos grupos de izquierda de corte social demócrata no tenían tampoco la fuerza representativa que se necesitaba para lograr armar un bloque político que pudiera sostenerse.
El segundo punto clave, es la alianza golpista que estaba liderada conformada por fujimoristas, la élite limeña, los medios de comunicación concentrados, la CONFIEP, las fuerzas armadas y el poder judicial, todos con un objetivo, el de destituir a Castillo. Pero nada de esto hubiese sido posible, sin la injerencia y el respaldo de los Estados Unidos.
Cuando Castillo asume como presidente, Lisa Kenna- ex agente de la CIA- es enviada como embajadora de Estados Unidos en Perú. Y un día antes del golpe parlamentario, Kenna se reunió con el ministro de Defensa Gustavo Bobbio Rosas, General de Brigada retirado del ejército peruano, quien había sido nombrado como ministro el día anterior. Bobbio dio la orden a los militares para rebelarse contra Castillo y mediante un tuit condenó las acciones del presidente y renunció a su cargo, a tan solo 3 días de haber sido nombrado ministro.
A los pocos días, Dina Boluarte, habiendo ya asumido la presidencia de manera ilegítima, recibe a Kenna, quien le comunica el respaldo de Washington a su gobierno y condena las acciones del presidente destituido.
Los hechos nos permiten dilucidar la injerencia estadounidense, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en la historia de los países de Nuestramerica.
La desestabilización del gobierno de Castillo junto a su destitución, consecuentemente con mantener un estado de caos político y social que profundiza la fragmentación del pueblo peruano es clave para mantener la dominación del país andino.
Lucia Izaguirre* Periodista
Foto de portada: Ricardo Moreira/Getty Images
