Las inversiones extranjeras, prometidas como parte del discurso de la lucha contra el crimen, jamás llegaron, porque lo que nunca garantizó el gobierno fue la seguridad jurídica. Las reglas y leyes se ponen y quitan de acuerdo a las necesidades de los dueños del poder y, en esas circunstancias, ninguna empresa extranjera llegará a invertir, a menos que se le garantice las condiciones de impunidad para el despojo que ya tienen las locales asociadas al gobierno.
Sin seguridad jurídica no habrá inversión extranjera productiva. Prueba de ello es que sólo especuladores inmobiliarios y lavadores de dinero respondieron al llamado del canto de sirenas del Bitcoin, hoy fracasado a partir del acuerdo con el FMI.
Ese mismo acuerdo está hundiendo las capacidades nacionales en materia sanitaria, y amenazando la formación de nuevas generaciones de profesionales de salud.
El objetivo, cada vez menos oculto, es acelerar el descalabro del sistema público de salud, hundiendo también el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Una vez completada esa etapa, esperan hacer realidad el sueño del ex presidente Antonio Saca, de privatizar el sistema de Salud de El Salvador.
Para dar una apariencia de legalidad deben contar con un sistema de Justicia a su disposición que bendiga cada decisión, por inconstitucional y arbitraria que esta sea. Para terminar de asegurar esta condición, el régimen cerró esta semana el círculo de la impunidad judicial, completando la lista de magistrados serviles, que no cumplen siquiera con elementales requisitos profesionales, pero están dispuestos a hacer lo que el poder ordene.
Desmantelamiento del sistema de salud pública
La crisis en el Ministerio de Salud y en el ISSS se agudiza con el despido de médicos especialistas, según denuncian las organizaciones gremiales y sindicatos.
El Sindicato de Médicos y Trabajadores del ISSS, SIMETRISSS, mostró su rechazo al despido de médicos en el Hospital Regional de San Miguel, calificándolo de “arbitrario e injustificado”; advirtió que con estas acciones la administración del ISSS podría afectar la atención adecuada para miles de pacientes de la zona oriental del país.
Es necesario subrayar que entre los despedidos hay especialistas con años de experiencia. Así lo destacó en su condena el Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” /ALAMES El Salvador. Señala que los despidos se han venido dando de forma escalonada a lo largo de 2025, en diferentes establecimientos de salud.
“La falta de médicos especialistas y personal de salud tiene por objeto profundizar la crisis en los establecimientos públicos de salud, afectar su funcionamiento, para posteriormente privatizar la salud en El Salvador”, denuncia con precisión ALAMES. Advierte también que “los despidos continuarán y se profundizarán en los próximos meses hasta cumplir la cuota exigida por el FMI, pero afectando la prestación de los servicios de salud públicos en El Salvador”.
Esto es, sin embargo, solo uno de los pasos que viene dando la dictadura ultra neoliberal para aplastar el sistema de salud. Otras de las medidas son los contratos precarios por outsourcing en Telemedicina y personal auxiliar en hospitales, los contratos precarios de residentes, médicos especialistas y personal de enfermería, y el cobro por los exámenes para optar a residentado.
Todo esto es denunciado por los sindicatos de salud, a lo que suman “una restricción y disminución de la entrega de apoyo económico a los médicos internos, y un bloqueo injustificado e ilegal para que los estudiantes inicien su internado en julio de 2025”.
Los estudiantes de sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, acaban de denunciar que desde enero de este año está suspendida la ayuda económica que se les otorga durante el año de internado, la cual ya había sido reducida a $200. Esto afecta, sobre todo, a los estudiantes del interior del país, que deben desplazarse, pagar alquiler y alimentación, para acudir a sus prácticas en hospitales de la red pública.
Mientras esto sucede, el ministerio de Salud, a cargo de Francisco Alabí, primo del presidente y mencionado en numerosos casos de corrupción durante la pandemia de covid-19, pero por lo visto inmune a la “guerra contra la corrupción” del oficialismo, anuncia a través de redes sociales, la apertura de plazas para 25 especialidades, especificando que los aspirantes deben haber egresado en los últimos dos años y estar actualmente en su periodo de compensación.
Curiosamente, en septiembre del año pasado, el gobierno lanzó una convocatoria para contratar médicos especialistas y sub-especialistas extranjeros, supuestamente por la falta de profesionales en la red pública. Se ofrecieron plazas para 22 especialidades, pero nunca se hizo pública contratación alguna. La campaña se había lanzado en Argentina, Uruguay, Costa Rica y Colombia.
Como suele ocurrir, el régimen recurre a la propaganda, y a anuncios que luego no se pueden comprobar, como una forma de diluir las críticas. Ya lo hizo hace poco con su desesperado plan de reconstrucción de dos escuelas por día, ya olvidado por la población, que empieza a asumir como cotidianas las ocurrencias presidenciales.
Lo que la propaganda no puede hacer olvidar es que los medicamentos más elementales siguen sin aparecer en los centros de salud, que estos no cuentan con especialistas, y que el personal está siendo despedido en todo el país.
No es la primera vez que se intenta privatizar el sistema público de salud en El Salvador; ha sido un sueño de los gobiernos neoliberales, que siempre chocaron con la resistencia popular a través de las famosas Marchas Blancas. Debería recordarlo este gobierno que pretende hacernos olvidar la historia.
Así como la resistencia contra la minería metálica puso en pie de lucha al pueblo, la defensa de la salud pública será sin duda otra bandera a levantar contra una dictadura que parece acotada al recurso represivo.
Cerrando el círculo del control sobre el aparato judicial
La Asamblea Legislativa y la super mayoría del partido de gobierno cerraron esta semana el ciclo de control absoluto que el oficialismo ejerce en el Órgano Judicial.
El partido cian propuso siete nombres, los cuales fueron apoyados por los diputados de los partidos PCN y PDC. Sin embargo, cuando ya se habían votado seis de las siete propuestas, la sesión fue enviada a receso a pedido del jefe de la bancada oficialista Christian Guevara, quien pidió que “se dejara sin efecto” dicha votación.
Superado el receso, Marta María Iglesias Majano y José Mauricio Cardoza Hernández fueron elegidos como magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ambos profesionales fueron propuestos por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, quien pidió incluir sus nombres, pese a que no formaban parte de los iniciales siete candidatos propuestos.
Expertos cuestionan la idoneidad para dichos cargos y el control del oficialismo en toda la Corte Plena. La Asamblea Legislativa publicó en agosto del año pasado, durante el proceso de entrevistas para elegir a cinco magistrados propietarios 2024 – 2033, que Majano es jefa de la Unidad de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía General de la República,mientras que Cardoza es registrador jefe del Centro Nacional de Registros (CNR). Ambos cargos los desempeñan en el departamento de San Miguel.
Cuando a finales de agosto fueron entrevistados, ante la pregunta sobre el régimen de excepción, la respuesta de Cardoza fue que este era una “figura legal y política que protege los derechos humanos” y que para que funcione es necesario “un Órgano Judicial eficiente, que esté en sintonía con los demás poderes del Estado”, según publicó en ese entonces la Asamblea en su cuenta de X.
Henri Fino, abogado y defensor de derechos humanos, afirmó que “Ahora con una Asamblea que tiene mayoría del partido oficialista, y el desprecio que se ha mostrado por la misma Constitución y la falta de interés en hacer procesos de elección basados en los estándares internacionales, tenemos también una CSJ que antes de responder a la población para garantizar una ´pronta y cumplida justicia´, es más probable que responda a los intereses del partido oficialista y al gobierno de turno en sí mismo”.
También señaló que «Los procesos se han logrado utilizar para darle la apariencia de formalidad, pero no para elegir a los candidatos que demuestren mayor idoneidad y real independencia”.
Expertos señalan que esta elección demostró “falta de idoneidad y experiencia”, ya que no se están cumpliendo los requisitos que establece la Constitución de la República. “Estamos en una violación permanente al Estado de Derecho y a la Constitución, que demanda que los funcionarios tengan mayor experiencia y conocimiento. Resulta que en la Carta Magna se establecen requisitos como esos y ninguno de los que han sido electos tiene experiencia en el cargo electo”, aseguraron.
Una Corte Suprema al servicio del poder hasta en su más mínima expresión; con magistrados elegidos arbitrariamente y sin cumplir requisitos mínimos, aseguran que las medidas que adopte el Ejecutivo no tengan obstáculos ante posibles demandas, como las que ya se presentan en materia de derechos humanos, amparos en defensa del medio ambiente ante la desforestación previsible del bosque El Espino para la construcción de un Centro de Convenciones, los excesos cometidos en la capital contra vendedoras ambulantes tratadas como delincuentes por policías municipales abusivos, ahora amparados por códigos municipales reformados arbitrariamente, y una serie de temas que pisotean derechos ciudadanos de todo tipo.
Las críticas internacionales a la ofensiva represiva contra cualquier tipo de oposición o disidencia, la mala imagen que dejó la ridícula actitud del dictador al presentarse como intermediario, en una negociación internacional en la que nadie le consultó, ni siquiera su amigo y aliado, la ola de exilios por persecución política y las crecientes resistencias internas, incluidas las que se empiezan a conocer desde el interior del círculo de hierro del poder, evidencian la vulnerabilidad de un régimen al que ya no puede ni siquiera defender con éxito un grupo de seudo intelectuales, pagados para hacer lo que ya hacen cientos de “youtubers” e “influencers” a sueldo del régimen, sin que logren que alguien los tome con seriedad.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
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