El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a quien se le expiró el mandato el 20 de mayo de 2024 y que no volvió a llamar elecciones debido a la ley marcial, prorrogada este 15 de julio por decreto, que permite que el presidente continúe en ejercicio hasta que se convoquen elecciones y esto sucederá, de acuerdo a las palabras del mismo Zelensky, “hasta que termine la guerra y se levante la ley marcial”, se encuentra en plena reconfiguración y reorganización del poder institucional.
No casualmente en un contexto geopolítico regional particular, Zelensky mueve piezas a nivel interno con el objetivo de configurar un tablero que responda a los intereses estratégicos extranjeros.
Desde la reorganización institucional, la reducción del tamaño del Gabinete, la intervención sobre las agencias anticorrupción hasta la descentralización territorial forman parte de la preparación del terreno de una nueva etapa de la crisis ucraniana.
¿Qué se reestructura en Ucrania?
El 10 y 11 de julio se llevó adelante la Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania, en Roma, organizada de manera conjunta entre Italia y Ucrania. Allí, Zelensky no sólo declaró una predisposición a una total subordinación a los intereses extranjeros, en especial los estadounidenses, rogando por un “Plan Marshall” para Ucrania, sino que también anunció que, semanas previas a la Conferencia, el gobierno ucraniano, con el apoyo del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, actualizó su concepto de descentralización.
Esto facilitó que la Cumbre finalizara con el anuncio de la Unión Europea “sobre la creación de un Centro Europeo de Asociación para apoyar la cooperación internacional a nivel municipal, y de un programa, EU4Reconstruction, para fortalecer la gestión de proyectos de desarrollo regional en Ucrania”.
¿Qué quiere decir “cooperación internacional a nivel municipal”, “proyectos de desarrollo regional” y el cambio del “concepto de descentralización”? Significa que la cuarta Conferencia sobre la Recuperación de Ucrania se centró en terminar de allanar el camino para la repartición del territorio ucraniano entre los distintos actores interesados. Como si se tratara de una torta, la política se centra en dividir al país en múltiples porciones negociables.
Días posteriores, Zelensky renovó la composición del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (NSDC) y anunció una reorganización gubernamental reemplazando al primer ministro y al ministro de defensa, entre otros principales cargos como economía y agricultura. Esto comenzó a allanar el camino hacia una consolidación del control directo de Zelensky sobre el NSDC, un organismo que coordina los asuntos de seguridad e inteligencia.
Denys Shmyhal asumió como primer ministro en 2020, convirtiéndose en el mandatario con más tiempo ocupando este puesto en el país. Zelensky decidió ubicar a Shmyhal a cargo del Ministerio de Defensa.
En su lugar, el presidente nombró a Yulia Svyrydenko como la nueva primera ministra de Ucrania, antes viceprimera ministra y titular de la cartera de Economía, había cumplido un rol fundamental al llegar a un acuerdo de recursos naturales con EEUU, como así también había participado activamente en la Conferencia de Roma. Esto le ha hecho ganar el respeto entre socios estadounidenses y de la comunidad empresarial en Ucrania, convirtiéndola en una figura clave en las negociaciones con capitales extranjeros y organismos multilaterales.
Además, Svyrydenko es vista como una figura técnica, negociadora y cercana al presidente lo que consolida el control presidencial sobre el Ejecutivo.
Al asumir Svyrydenko declaró que las “prioridades prioridades para el primer semestre son claras: suministro fiable al ejército, expansión de la producción nacional de armas y fortalecimiento tecnológico de nuestras fuerzas de defensa”.
“En este sentido, necesitamos acciones rápidas y tangibles: una desregulación integral, el fin de la presión ilegal sobre las empresas, la aceleración de la privatización a gran escala y una mayor implementación de herramientas de apoyo efectivas”, aseguró la nueva primera ministra ucraniana.
El ex ministro de defensa y nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (NSDC), Rustem Umerov, quien participa en las negociaciones con Rusia, primero fue nombrado como posible próximo embajador en EEUU, no obstante, fue asignado como Secretario del NSDC y el 25 de julio Zelensky, nombró a Umerov, también como jefe del Centro Nacional de Coordinación de Seguridad Cibernética (NCSCC).
La reestructuración del Gobierno también implicó la fusión de varios organismos en una sola cartera como los ministerios de Economía, Protección Ambiental y Política Agraria, mientras que el de Industrias Estratégicas pasó a depender de Defensa.
La oposición, que buscaba lanzar un proceso de moción de censura contra Shmyhal, luego de los movimientos de Zelensky, acusó al gobierno de buscar una mayor centralización y rechazar cualquier diálogo.
No obstante, la reestructuración no acabó en modificar las carteras ministeriales y reducir el Gabinete. Pocos días después, el 21 de julio, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) y la Fiscalía General (PGO) llevaron a cabo allanamientos a empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y de la Fiscalía Especializada de Anticorrupción (SAPO) bajo la supuesta sospecha de infiltración rusa.
En un comunicado oficial, el 21 de julio, la NABU aseguró que no sólo se realizó investigaciones sin orden judicial sobre agentes de la oficina, sino que también se comenzó una “inspección no programada de la protección de secretos de Estado, iniciada por el SBU. Esta inspección se dirige a empleados de la NABU que tienen acceso a secretos de estado y realizan búsquedas encubiertas. Como resultado de esta inspección, el SBU podría obtener acceso a información sobre las medidas operativas y las investigaciones en curso y planificadas de la NABU y la SAPO. La divulgación de esta información podría comprometer las operaciones de investigación y los casos en curso”.
Además, explica la NABU, “está en marcha una inspección planificada por parte del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales, que abarca la infraestructura técnica de la NABU”.
Al día siguiente, el 22 de julio, la Rada Suprema (el Parlamento) comenzó a debatir la Ley 12414, una legislación en palabras de la NABU, “incluye modificaciones de último momento que desmantelarían de facto la independencia de NABU y SAPO, subordinando sus actividades al Fiscal General”.
En el comunicado, la NABU solicita a los parlamentarios no apoyar el proyecto de ley ya que este prevé que:
- “El Fiscal General tendrá acceso a todos los casos de la NABU o podrá conceder dicho acceso a cualquier otro fiscal;
- El Fiscal General tendrá la autoridad de impartir instrucciones escritas vinculantes a los detectives de la NABU y, en caso de incumplimiento, podrá transferir el caso a otros organismos;
- El Fiscal General podrá cerrar las investigaciones a petición de la defensa;
- El Fiscal General resolverá unilateralmente las controversias de competencia;
- El Fiscal General firmará personalmente los avisos de sospecha de los altos funcionarios;
- El jefe del SAPO perderá el derecho a formar parte del grupo de fiscales: esto lo decidirá únicamente el Fiscal General”.
“De aprobarse, este proyecto de ley reduciría el papel del Jefe de la SAPO a un cargo nominal, mientras que la NABU perdería su independencia y se convertiría efectivamente en una subdivisión de la Fiscalía General. Esto desmantelaría la infraestructura anticorrupción que Ucrania ha estado construyendo desde 2015”, sentenció la NABU.
No obstante, el mismo día, la Rada aprobó la Ley 12414, y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania aseguró que “como resultado de estos cambios, la NABU y la SAPO se ven privadas de las garantías que les permitían cumplir con su mandato de combatir la corrupción de alto nivel”.
“Al mismo tiempo, NABU y SAPO reafirman su compromiso de servir a los intereses del pueblo ucraniano y continúan sus esfuerzos para preservar la capacidad de ambas instituciones y los resultados alcanzados a lo largo de años de trabajo”, finalizó la NABU.
Esto desató una ola de protestas en todo el país, las primeras masivas desde 2022, que incluyeron grandes ciudades como Odesa, Dniéper, también en Lviv y Sumy. Incluso, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, quien ya es un crítico frecuente de Zelensky, se unió a las protestas en la capital y declaró que “es importante para mí estar aquí. Nuestros socios crearon y financiaron los organismos anticorrupción, y durante los últimos diez años hicieron todo lo posible para garantizar su funcionamiento. Y ahora, las autoridades quieren despojarlos de su independencia”.
Mientras Zelensky ratificó la ley, las protestas aumentaron a la par que se sucedía una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul, Turquía. La aprobación y ratificación de la Ley 12414, pero en especial las protestas ciudadanas también hicieron reaccionar a socios claves de Ucrania, como la UE, Alemania y el G7, quienes advirtieron a Zelensky que de seguir adelante podría poner en peligro el camino europeo y la financiación internacional.
No obstante, debido al fuerte estallido social y las repercusiones mediáticas en la prensa occidental, el gobierno de Zelensky debió dar un paso atrás con la ley. El jueves 24 de julio, tras consultar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, Zelensky presentó el proyecto de Ley 13533 para restaurar gran parte de la autonomía legal y operativa de las agencias anticorrupción.
De acuerdo a las declaraciones de la NABU en su canal de telegram, “el proyecto de ley 13533, presentado por el Presidente de Ucrania con carácter urgente, restablece todas las facultades procesales y las garantías de independencia de la NABU y la SAPO. La NABU y la SAPO participaron en la elaboración del texto e instan a la Verjovna Rada de Ucrania a adoptar la iniciativa del Presidente como base y en su totalidad lo antes posible. Esto evitará amenazas a los procesos penales investigados por la NABU y la SAPO”.
No obstante, aún el proyecto no ha sido aprobado por el Parlamento, lo que genera incertidumbre ante posibles “demoras” ya que, según Christopher Miller del Financial Times, “decenas de diputados de Volodymyr Zelenskyy podrían negarse a votar para restaurar la independencia de las agencias anticorrupción de Ucrania, por temor a que los fiscales utilicen los poderes recuperados para vengarse de ellos. Según tres personas cercanas al líder ucraniano, hasta 70 diputados del partido gobernante Servidores del Pueblo han manifestado su malestar con la medida, que revierte un proyecto de ley impulsado apresuradamente en el parlamento el martes”.
Esto se da a raíz de las declaraciones del jefe de la SAPO, Oleksandr Klymenko, quien, de acuerdo a Financial Times, dijo que su organización estaba “recopilando toda la información” sobre cómo surgió el proyecto de ley original y se desarrolló la votación. “Analizaremos todas las situaciones, eventos, declaraciones, acusaciones y denuncias contra nosotros. Hasta el último detalle -dijo-. Recrearemos la cronología de los eventos segundo a segundo y ofreceremos un análisis de todo ello”.
La situación interna en Ucrania es delicada, no sólo a raíz de las principales protestas masivas desde que se inició la guerra, sino también por la fractura que comienza a agrandarse hacia dentro del oficialismo y la presión internacional (probablemente mediática y obligada por la imposibilidad de invisibilizar el malestar ciudadano) por continuar el camino democrático.
¿Cuáles son los intereses de Zelensky & Co. por reconfigurar las instituciones ucranianas?
El día que Zelensky nombra a Svyrydenko como la primera ministra, lo primero que menciona es la importancia de “la implementación de los acuerdos con socios europeos y estadounidenses en materia de apoyo a Ucrania, alcanzados durante la reciente Conferencia para la Recuperación de Ucrania. Debemos implementar con celeridad todo aquello que pueda fortalecer la resiliencia de nuestro estado y sociedad”.
A su vez, Svyrydenko tuiteó, “la reunión gubernamental de hoy se centró en dos prioridades: proteger a las empresas y fortalecer nuestra producción de defensa”.
Destacando en primer lugar, la aprobación de un “plan de acción detallado para implementar la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania sobre facilitar una mayor facilidad de funcionamiento de las empresas”. Además, aseguró que esa misma semana “se restringirán las inspecciones a empresas de bajo riesgo (por parte de agencias tributarias, aduaneras y policiales)”.
“También estamos preparando cambios legislativos para reformar profundamente la protección empresarial y la supervisión regulatoria. Según el modelo propuesto, sólo el Fiscal General o un jefe regional podrán autorizar nuevos procedimientos contra emprendedores”, explicó la nueva primera ministra.
Además, destacó que se prioriza la “ampliación de la producción de defensa nacional”. Incluso anunció que se lanzó “una nueva convocatoria de subvenciones Brave1, esta vez para apoyar la producción ucraniana de explosivos y componentes relacionados. Todo, desde la química hasta el equipo final, debe fabricarse aquí, en Ucrania”.
Recordemos que ya hemos analizado que la actualización del concepto de descentralización que aprobó el gobierno ucraniano implica que se permite a los gobiernos locales tomar decisiones, negociar y firmar acuerdos, definir presupuestos, gestionar relaciones internacionales y proyectos con entidades extranjeras. Se reduce así la dependencia e intervención del gobierno central de la nación, permitiendo que cada región o municipio obre de manera “semi-autónoma” favoreciendo el ingreso privado, público y extranjero articulando de forma fragmentada con gobiernos locales sin ningún tipo de regulación nacional evitando también el control centralizado.
De esta manera se fragmenta el poder territorial facilitando a cada región llevar adelante sus propios acuerdos con actores externos, como así también, habilitando a dichos actores a firmar acuerdos directos y localizados, es decir, más rápidos, menos transparentes, más flexibles y más vulnerables para las autoridades locales que se encuentran ante una verdadera necesidad de urgencia, probablemente fortaleciendo a ciertas élites.
Así, Ucrania fragmenta su poder nacional, cediendo su soberanía y autonomía, incluso delega el liderazgo de su propia reconstrucción a través de la habilitación de licitaciones, privatizaciones, reformas y cualquier exigencia que interpongan los “dueños externos de la porción” y sus elites locales. Esto implicará también para los gobiernos locales interponer los intereses corporativos sobre las decisiones políticas; o en otros casos se abrirá una gran brecha de desigualdad entre zonas atractivas para los inversionistas y aquellas regiones que no. Algunos analistas creen que este camino podría conducir a fragmentaciones internas a largo plazo con posibles desenlaces separatistas.
Si queres saber quiénes son los principales beneficiarios te recomendamos pasar por aquí.
El nombramiento de Svyrydenko, quien apuesta a desregular, descentralizar, reducir inspecciones y reformar las supervisiones, sumado a los intentos por restar autonomía y control de las agencias de anticorrupción y a lo acordado en Roma, todas se tratan de acciones dirigidas a alinearse con las exigencias e intereses impuestos desde el extranjero en una nueva etapa que atraviesa la crisis ucraniana y que se enfoca en la repartición de la reconstrucción ucraniana facilitando acuerdos sectoriales regionales de reparto territorial sin supervisión central, un débil control institucional (sin la NABU y la SAPO) y mayor flexibilidad para empresas y fondos extranjeros.
*Micaela Constantini, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: Miles de personas se congregaron el miércoles en Leópolis, al oeste de Ucrania, para protestar contra la medida del presidente Volodímir Zelenski de revisar las instituciones anticorrupción. Finbarr O’Reilly para The New York Times
