La crisis de desplazamiento de Sudán puede analizarse desde diversas perspectivas, pero una realidad predomina: ¿cómo funciona un país entero de desplazados? Sudán presenta la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Un tercio de los desplazados proviene de Jartum, la capital que se proyectó que se situaría entre las principales megaciudades de África para 2100. Esta trayectoria reflejó décadas de rápida urbanización, un proceso inseparable de la historia de pobreza y movilidad de Sudán en tiempos de guerra. En marzo de 2025, casi dos años después del inicio de la guerra actual, la Organización Internacional para las Migraciones informó una disminución del 2,4 % en el número de desplazados internos (IDP), la primera disminución desde abril de 2023, a medida que algunos comienzan a regresar a las zonas recuperadas por las Fuerzas Armadas de Sudán.
Estos retornados se enfrentarán a las realidades de un Jartum transformado. Además de la devastación de sus hogares, medios de vida, servicios públicos e infraestructura, la guerra en Sudán también ha privado a la ciudad de las funciones económicas y políticas que desempeñaba antes de 2023. El “retorno” no marca el fin del desplazamiento, sino que revela su persistente influencia. Quienes regresan se enfrentan a una realidad política fracturada, donde los sistemas que una vez desenvolvieron ya no existen. El desplazamiento, en este sentido, se convierte en un reordenamiento permanente, no simplemente en una pausa en la vida cotidiana.
El desplazamiento en Sudán se presentará no como una condición, sino como una realidad política transformadora. Si bien el país tiene una larga historia de movilidad en tiempos de guerra, este conflicto exige un análisis más profundo de cómo el desplazamiento altera la capacidad política. Este conflicto ha generado dinámicas distintivas; la destrucción sistemática de la infraestructura económica —que en su día fue la base de la clase política y los acuerdos de reparto de poder— ha alterado fundamentalmente la relación entre el capital político y el económico. El capital económico y político significa más que solo dinero o poder gubernamental. Para las personas desplazadas, el capital se manifiesta en la vida cotidiana, como quién puede encontrar trabajo y ganarse la vida, y quién no. Quién puede acceder a servicios, ayuda y protección, y quién queda excluido. Quién tiene las redes, los contactos y la influencia para reconstruir una vida en el exilio, y quién lucha por ser visto.
Para comprender estos cambios, debemos examinar cómo la erosión de los cimientos económicos de Sudán a causa de la guerra ha desestabilizado la capacidad de la élite para acumular riqueza y utilizarla para el control político. El colapso no es solo económico; está recalibrando los propios mecanismos de poder, obligando a los grupos políticos a operar en un panorama donde las antiguas alianzas y redes clientelares ya no se sostienen. La interacción de estos sistemas en colapso revela cómo la guerra transforma la capacidad política incluso después del regreso de las personas desplazadas.
Ningún conflicto en la historia de Sudán ha desmantelado su infraestructura económica de forma tan catastrófica como la guerra de los últimos dos años. Los conflictos anteriores —y los acuerdos de paz que supuestamente los abordaron— funcionaron dentro de una economía política persistente: las élites negociaban cíclicamente acuerdos de reparto de poder y riqueza, apoyándose en las industrias extractivas y las redes clientelares para mantener su autoridad. Estos acuerdos seguían un ritmo predecible de acumulación y erosión de capital político, anclados en una base económica que, a pesar de las tensiones, perduró. Hoy, esa base se ha derrumbado. La guerra actual, agravada por la acumulación de crisis, ha destruido fábricas, granjas y sistemas financieros que antaño estabilizaban los acuerdos de la élite.
La guerra de 2023 ha alterado permanentemente el panorama económico de Sudán. Estudios e investigaciones recientes subrayan la magnitud sin precedentes de la destrucción: si bien ciertos sectores muestran una resiliencia limitada , la economía en general se enfrenta a un colapso sistémico. El sector servicios —el mayor contribuyente al PIB de Sudán y el segundo mayor empleador— ha sido diezmado por la destrucción de centros urbanos como Jartum, que albergaba infraestructura comercial crucial. El crecimiento de este sector dependía antaño del comercio mayorista y minorista, la hostelería y los servicios financieros, pero la guerra ha destruido las redes de comunicación, los aeropuertos y los centros de negocios, paralizando la posibilidad de recuperación.
Igualmente devastado se encuentra el sector industrial, históricamente concentrado en Jartum y algunas ciudades provinciales, que se beneficia de la infraestructura, la mano de obra y los mercados centralizados. En diciembre de 2023, el Ministro de Industria de Sudán informó de la destrucción del 90 % de las instalaciones manufactureras en Jartum, lo que echó por tierra décadas de desarrollo industrial.
La agricultura, el mayor empleador a pesar de su prolongado declive, se enfrenta a crisis cada vez más graves. El estancamiento prebélico se ha acelerado durante el conflicto. La inseguridad impide ahora el acceso de los agricultores a los campos, interrumpe las cadenas de suministro de semillas y fertilizantes, y servicios financieros esenciales. En las zonas de conflicto se reportan granjas abandonadas, rutas comerciales interrumpidas y fallos de comunicación, mientras que el aumento vertiginoso de los precios de los insumos y la escasez de maquinaria reducen las ganancias de productividad. La agricultura de regadío, con uso intensivo de capital, persiste una resiliencia limitada , pero los pequeños agricultores de secano, que carecen de recursos para absorber las crisis, se vieron más afectados. Muchos recurren ahora a actividades informales no agrícolas, replicando las estrategias de supervivencia observadas durante la pandemia de COVID-19.
La economía de Sudán tras la guerra se ha vuelto peligrosamente dependiente de las industrias extractivas, y las exportaciones de oro, tanto formales como de contrabando, se han convertido en su sustento fiscal. Durante los dos últimos años de conflicto, los ingresos fiscales se han desplomado en medio de una economía formal en contracción, disminuyendo desde una ya frágil relación impuestos/PIB del 2,1 % en 2022. Mientras tanto, las exportaciones de oro han aumentado, convirtiéndose en el pilar fundamental de los ingresos públicos. Mohammed Tahir Omar, director general de la Compañía Sudanesa de Recursos Minerales, informó de un aumento en la producción de oro que generó 1.900 millones de dólares. Si bien este auge podría compensar temporalmente la caída de los ingresos fiscales, deja al presupuesto vulnerable a la volatilidad de los precios globales y refuerza aún más una economía impulsada por la extracción.
El desmoronamiento económico de Sudán ha transformado y seguirá transformando su panorama político de maneras paradójicas, afianzando viejos patrones de depredación de las élites y acelerando la fragmentación de la gobernanza. El vaciamiento de la base económica productiva del Estado ha reforzado una dependencia de décadas de las industrias extractivas, ahora monopolizadas por élites militares que intercambian el control de las minas de oro, las redes de contrabando y los ingresos aduaneros por lealtad política. Esto no es una ruptura, sino una profundización del arraigado ” mercado político ” de Sudán, como lo describe Alex de Waal: un sistema donde el poder se negocia mediante alianzas transaccionales, donde las élites intercambian dinero, armas o protección por lealtad. Sin embargo, la guerra ha amplificado esta lógica: facciones rivales, desesperadas por financiar su supervivencia, ahora despojan los bienes públicos con mayor urgencia. El resultado será un Estado que existe solo de nombre; su maquinaria burocrática reemplazada por un bazar militarizado donde la gobernanza se reduce a subastas de lealtad.
En este vacío, la autoridad se está redefiniendo. Los servicios públicos —electricidad, agua, seguridad— dependerán cada vez más de un mosaico de actores no estatales: grupos armados, ONG financiadas por la diáspora, grupos locales de ayuda mutua y líderes tribales. Estas entidades no se limitan a cubrir vacíos; cultivan la legitimidad a través de la gobernanza. Un barrio podría recibir electricidad de un sistema de generadores respaldado por un grupo armado, agua de una organización benéfica vinculada a un donante del Golfo y la resolución de disputas de un consejo tribal. El cumplimiento surge no de la confianza en las instituciones, sino de la necesidad: una aceptación reticente de cualquier actor que instaure el orden básico. Esta gobernanza hiperlocalizada es fluida y disputada, con alianzas cambiantes a medida que los grupos compiten por el control. La autoridad pública, en este contexto, se convierte en una representación: una mezcla de coerción, prestación de servicios y gestos simbólicos que las comunidades gestionan estratégicamente para sobrevivir.
Para la clase media urbana de Sudán, antes protegida por las remesas de sus familiares en el extranjero, esta erosión del gobierno centralizado ha puesto al descubierto su fragilidad política. Las remesas, que surgieron como un salvavidas para los hogares que se enfrentaban al colapso de los sistemas de salud y educación, ahora servirán como un sombrío subsidio para la abdicación de responsabilidades del Estado. No es difícil imaginar a las familias reuniendo fondos para contratar seguridad privada, importar medicamentos o pagar sobornos por pasaportes, externalizando en la práctica el contrato social a la diáspora y a los trabajadores inmigrantes. Pero esta medida provisional no puede ocultar la irrelevancia del Estado ni restaurar la erosionada capacidad de acción política de la clase media. Desplazados de su histórica proximidad al poder y quizás de su papel como defensores del cambio, muchos ahora se aferran a estrategias de supervivencia que atomizan aún más la acción colectiva.
El desplazamiento en Sudán no es una perturbación temporal que se “solucione” con el retorno; es una transformación política irreversible. La guerra ha quebrado los cimientos del poder, separando a millones de personas de los lazos económicos, sociales e institucionales que una vez definieron su capacidad política. Asumir que la repatriación por sí sola puede restaurar la dinámica prebélica ignora los profundos cambios de capital que ya han transformado el panorama político de Sudán. Los actores desplazados, ya sean activistas, líderes comunitarios o élites políticas, no se limitan a retomar sus antiguos roles al regresar. El desplazamiento cambia el significado de la riqueza y la influencia. Cuando las personas pierden sus hogares y medios de vida, también pierden su lugar en el sistema de favores, protecciones y oportunidades. Surgen nuevas formas de capital: la capacidad de encontrar trabajo a través de las fronteras, construir nuevos lazos comunitarios y políticos, o hablar idiomas que abren puertas a la ayuda y el empleo.
Su capacidad para influir en la política ahora depende de lo que puedan llevarse consigo: el capital transferible abarca los recursos —económicos, sociales, políticos o culturales— que conservan su utilidad en contextos de desplazamiento, lo que permite a los actores desplazados mantener su influencia en nuevos entornos. Por otro lado, el capital no transferible se refiere a los recursos arraigados en las estructuras de poder de preguerra, que pierden relevancia al separarse de su contexto original. El primero permite la adaptación; el segundo, al perderse, obliga a afrontar nuevas jerarquías de poder.
Esta distinción es crucial. El desplazamiento no solo reubica a las personas, sino que reconfigura su capacidad de acción política. Quienes regresan no pueden reclamar la autoridad ligada a sistemas que ya no existen, ni pueden ignorar las redes y estrategias forjadas en el exilio. Asumir lo contrario es desconocer la naturaleza irreversible del desplazamiento. La guerra no solo ha destruido infraestructura; también ha redistribuido el capital de maneras que redefinen quién ostenta la influencia, cómo se ejerce y qué significa la legitimidad en un Estado fragmentado.
Esta transformación importa porque el desplazamiento no detiene la política, sino que la reescribe. Los actores políticos desplazados ya están forjando nuevas alianzas, aprovechando recursos transnacionales y redefiniendo las demandas de justicia y representación. Su agencia ya no está anclada en las instituciones de Sudán de preguerra, sino en sistemas híbridos que combinan las quejas locales con la defensa global. Descartar esta evolución es correr el riesgo de malinterpretar el futuro de Sudán: la clase política que surja de esta crisis estará menos moldeada por las alianzas de preguerra que por quienes dominen el arte de la reinvención en el desplazamiento. Analizar estos cambios es esencial. Sin comprender cómo el capital moldea la agencia en el desplazamiento, los esfuerzos para reconstruir Sudán no lograrán involucrar a los mismos actores que redefinen su política. El futuro no depende de restaurar el pasado, sino de reconocer que existe una nueva realidad política, donde el poder fluye no a través de las viejas instituciones, sino a través de la interacción disputada de supervivencia, innovación y resiliencia.
*Tahany Maalla es especialista en políticas y gobernanza, con experiencia en análisis político, reforma del sector público y gobierno digital.
Artículo publicado originalmente en ARGUMENTOS AFRICANOS
