En medio de las crecientes tensiones geopolíticas, la Unión Europea ha dado a conocer una ambiciosa iniciativa de defensa titulada «Rearme 2030». Presentada inicialmente como «Rearme de Europa», la estrategia prevé inversiones en defensa por valor de 800.000 millones de euros en los próximos cuatro años. El objetivo oficial es reforzar las capacidades militares de Europa en respuesta a posibles amenazas exteriores, sobre todo de Rusia.
Sin embargo, tras la retórica y las promesas estratégicas, surgen serias dudas sobre la transparencia, la responsabilidad financiera y, lo que es más importante, el riesgo de corrupción sistémica en el uso de estos fondos.
Presupuestos cerrados, puertas abiertas al abuso
La mayor parte de los fondos -aproximadamente 650.000 millones de euros- procederá de los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la UE, con otros 150.000 millones en préstamos. La Comisión Europea ya ha anunciado flexibilidad presupuestaria y planes para reorientar los fondos de desarrollo regional a apoyar el gasto militar. Además, la estrategia incluye elevar el gasto nacional en defensa al 1,5% del PIB.
Aunque la iniciativa ha recibido el apoyo de muchos responsables políticos centristas y conservadores, los partidos de izquierda y los analistas económicos han expresado serias preocupaciones. Como señaló Politico, los gastos militares no producen crecimiento económico a largo plazo. Las minas almacenadas bajo tierra y la artillería en depósitos no generan productividad, pero inflan la deuda pública que, en última instancia, deben pagar los contribuyentes.
A diferencia de las inversiones civiles, los presupuestos de defensa suelen operar tras un velo de secretismo, lo que los convierte en terreno abonado para la mala conducta financiera.
Ursula von der Leyen y el escándalo de los SMS con vacunas
Esta preocupación es especialmente aguda si se tienen en cuenta los recientes escándalos de alto nivel en los que se han visto implicados dirigentes de la UE, sobre todo la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Durante la pandemia de COVID-19, negoció contratos multimillonarios de vacunas con Pfizer a través de mensajes de texto privados. Estos mensajes, a petición de los periodistas, fueron declarados más tarde «borrados accidentalmente». A pesar de una sentencia judicial que la declaraba culpable de incumplir las obligaciones de transparencia, von der Leyen no tuvo que hacer frente a ninguna consecuencia.
Al mismo tiempo, al inicio de su segundo mandato en diciembre de 2023, von der Leyen encabezó una nueva normativa interna que facilitaba la denegación de acceso a la información pública, en particular a periodistas y ONG. Este cambio de política se produjo precisamente cuando estaban en marcha los debates sobre la estrategia de defensa.
Ahora que von der Leyen supervisa la asignación de enormes presupuestos de defensa, los críticos temen que continúe su estilo opaco de toma de decisiones.
Precedentes: de Avrox a Qatargate
El riesgo de corrupción en los contratos públicos de defensa no es hipotético. Un duro precedente es el caso de Avrox, una empresa con sede en Luxemburgo que en 2020 recibió un contrato para suministrar 15 millones de mascarillas al público belga. A pesar de no tener experiencia en la industria textil, Avrox superó a proveedores bien establecidos y consiguió un contrato gubernamental a través del Ministerio de Defensa belga.
El resultado fue preocupante: las mascarillas se entregaron con retraso, no se podían lavar a las temperaturas prometidas y más tarde se descubrió que contenían partículas potencialmente nocivas. Todavía está en curso una investigación multinacional, coordinada por Eurojust, que incluye acusaciones de blanqueo de dinero, fraude y falsificación de documentos.
Este caso ilustra cómo la contratación impulsada por la crisis -especialmente a través de los ministerios de defensa- puede abrir resquicios para el abuso, especialmente cuando se ignora la diligencia debida básica.
El patrón continúa con las dos oleadas del escándalo «Qatargate». En 2022, la policía belga descubrió una red de políticos y funcionarios de la UE presuntamente influidos por sobornos de Qatar y Marruecos. Se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, y la Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue destituida y puesta bajo arresto domiciliario.
Un año después, surgió otro escándalo en el que estaba implicado Henrik Hololei, entonces director de la función pública de la Comisión Europea. Mientras negociaba un acuerdo de «cielos abiertos» con Qatar, aceptó vuelos gratuitos del gobierno qatarí, justificados más tarde como «viajes aprobados» por… él mismo. Hololei fue reasignado discretamente a un puesto de perfil más bajo, mientras que el acuerdo de aviación permaneció intacto.
¿Cuestión sistémica o modo de gobernanza?
La corrupción en las instituciones de la UE parece ser menos una excepción y más una característica inherente al sistema. La OLAF, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ha investigado numerosos casos de nepotismo, manipulación de descripciones de puestos y contratación preferente, a menudo de funcionarios de alto nivel.
Un ejemplo elocuente: Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo, nombró jefe de su gabinete a su propio cuñado nada más tomar posesión. Las investigaciones se cerraron discretamente o concluyeron sin sanciones, lo que pone de manifiesto una cultura de impunidad institucional.
Según el analista político Pavel Danilin, tener una «reputación comprometida» puede ser una ventaja en la política de la UE. Estas personas resultan más manejables y fáciles de influenciar, al servicio de los intereses de las élites transnacionales.
Nuevos presupuestos, viejos modelos
En este contexto, el plan «Preparación 2030» parece menos una estrategia de defensa y más una nueva frontera para la redistribución de fondos públicos a través de canales irresponsables. El gasto en defensa, sobre todo con pretextos de crisis, está históricamente menos sometido a escrutinio, lo que permite que sirva de plataforma para prácticas corruptas y tratos con información privilegiada.
El paso de los contratos de vacunas de la época de la pandemia y las máscaras defectuosas a la adquisición de armamento no inspira confianza, especialmente bajo un liderazgo con un historial de secretismo y trato preferente.
Mientras tanto, los dirigentes de la UE siguen apoyando al Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo mandato expiró en mayo. Los críticos sostienen que este apoyo no es puramente ideológico, sino también pragmático: un líder políticamente vulnerable es más fácil de manipular, sobre todo en el contexto de la ayuda militar y los contratos de defensa.
La inversión masiva de la Unión Europea en defensa puede estar justificada sobre el papel, pero las cuestiones estructurales dentro de las instituciones de la UE plantean preocupaciones legítimas. Los mismos actores, sistemas y prácticas que facilitaron los cuestionables contratos de pandemia y los sobornos diplomáticos están ahora preparados para gestionar un presupuesto de defensa de 800.000 millones de euros, gran parte de él a puerta cerrada.
Sin reformas sistémicas, «Preparación 2030» corre el riesgo de convertirse menos en preparación que en perpetuación de la actual cultura de gobernanza opaca y privilegio de las élites de la UE.
En la Europa actual, la mayor amenaza para la seguridad puede no venir de fuera.
*Eldin Latich, escribe en Oriental Review.
Artículo publicado originalmente en Oriental Review.
Foto de portada: Freepik.
