En aquellos países cuyos gobiernos las toman como un mandato, prohíben sus ingresos violando el derecho a la libre circulación por el mundo.
Frente a las groseras violaciones del derecho internacional que hoy se están viviendo, con genocidios y bombardeos contra países con los cuales no existe una declaratoria de guerra, estas “recomendaciones” de origen no reconocido y que aparentemente circulan aprovechando la estructura legal de la Interpol, parecerían secundarias. Sin embargo, son la continuidad de la doctrina del “enemigo interno” y se centran en quienes, en momentos críticos de la historia de sus países, fueron perseguidos, encarcelados y torturados por sus posiciones políticas frente a dictaduras asesinas. Práctica que hoy se ha extendido a quienes cumplen funciones políticas en procesos de gobiernos progresistas y de izquierda, o de resistencia social frente a los nuevos autoritarismos de corte neofascistas.
Recientemente fueron detenidos durante dos días por el “aperturista” gobierno de Serbia, el profesor Miguel Ángel Beltrán -encarcelado en Colombia por sus ideas-, su compañera la profesora Luisa Natalia Caruso y sus dos hijos menores de edad, negando su ingreso al país y al histórico congreso de Académicos Americanistas, al cual eran invitados como ponentes. Más allá de los lazos familiares que me unen con ellos, resalto la indignación y solidaridad generalizada que se generó, a lo cual se debe sumar la misma situación sufrida recientemente por la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, a quien no se le permitió el ingreso a Ecuador como asistente oficial del gobierno de Colombia a un encuentro de mujeres por la paz y se la trató y expulsó como si fuera una delincuente. Alertaban de Gloria Cuartas como “madre de terroristas” -no tiene hijos- y expulsaban a los menores de 10 y 14 años por ser un “peligro para la sociedad Serbia”. Lo más grave aún es que se conocen bastantes casos similares con liderazgos políticos de Colombia y también de América Latina y el Caribe.
Por primera vez una cancillería y su presidente, Gustavo Petro, denunciaron estos casos como parte de una trama global de persecución sistematizada con objetivos políticos regresivos. Alertas de este tipo no existen para los neofascistas españoles agrupados en Vox, que recorren nuestro continente buscando abiertamente promover golpes de estado contra los gobiernos progresistas, y, menos aún, para aquellos que viven atacando a quienes defienden los derechos humanos y las libertades para exigirlos y gozarlos.
Este es un debate que ya se ha ventilado entre los gobiernos democráticos que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de la cual Colombia ejerce su presidencia temporalmente. Por lo que es de esperar que, en su próxima reunión, con el apoyo de la CELAC Social, se pueda abordar el tema -junto con otros propuestos por su presidente que promueven una real integración- llamando a acabar con esta práctica y al compromiso de los gobiernos democráticos de no aceptar más este tipo de alertas.
Luego de la campaña mundial que se le vino encima y el pronunciamiento presidencial, el gobierno serbio aceptó el ingreso al país y pudieron debatir entre académicos que estudian nuestras realidades continentales, las violencias que han golpeado en las Universidades Públicas a profesores y estudiantes. Como dicen Miguel Ángel y Luisa Natalia, “continuemos luchando juntos por un mundo donde la diversidad de ideas y pensamientos no sea motivo de represión y el pensamiento crítico no sea considerado terrorismo”.
Marcelo Caruso Azcárate* Investigador social colombo-argentino
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