Durante décadas, el continente africano ha estado atrapado en un sistema financiero que reproduce relaciones coloniales bajo nuevas formas. Mientras los discursos sobre independencia y desarrollo se multiplican en foros internacionales, la realidad muestra una arquitectura financiera global que subordina a los países africanos al centro capitalista mundial. La utilización del franco CFA, los préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la dependencia estructural del dólar y el euro han configurado una trama de sujeción monetaria, endeudamiento perpetuo y pérdida de soberanía.
Sin embargo, en los últimos años, un conjunto de Estados del África Occidental y del Sahel han comenzado a romper con este sistema. Desde los gobiernos insurgentes del Sahel hasta los debates en la Unión Africana y los BRICS, crece el reclamo por una soberanía financiera real, que permita a los pueblos africanos recuperar el control de sus monedas, sus bancos centrales y sus políticas económicas. ¿Estamos ante el inicio de una nueva descolonización monetaria en África?
El franco CFA: colonialismo reconfigurado
Creado en 1945 por decreto del gobierno colonial francés, el franco CFA —sigla que originalmente significaba “Colonias Francesas de África”— ha sido uno de los instrumentos más longevos del dominio económico sobre África. Actualmente, 14 países utilizan variantes del franco CFA: ocho en África Occidental (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo), y seis en África Central (Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana).
Aunque los defensores del sistema sostienen que garantiza estabilidad cambiaria, baja inflación y acceso a financiamiento, críticos de distintas corrientes (desde Thomas Sankara hasta economistas contemporáneos como Kako Nubukpo) han denunciado su carácter neocolonial. Tres características fundamentales lo evidencian:
Las reservas de divisas de estos países están depositadas en parte en el Tesoro francés, que controla su convertibilidad. La paridad fija con el euro impide ajustes flexibles de política monetaria. Francia mantiene derecho de veto en los órganos rectores del sistema.
“El franco CFA es una herramienta de dominación”, afirmaba Sankara en 1984, “que nos hace dependientes de un sistema financiero que no controlamos”. Su lucha por la soberanía monetaria fue una de las razones de su derrocamiento y asesinato en 1987.
El FMI y la trampa del endeudamiento estructural
A la dependencia monetaria se suma la subordinación a los organismos financieros multilaterales, en particular el FMI. A partir de los años ’80, con la imposición de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), el FMI impuso a numerosos países africanos un paquete de medidas que incluyó privatizaciones, recortes del gasto público, desregulación y apertura comercial. Estas políticas, lejos de promover el desarrollo, debilitaron las capacidades estatales, redujeron la inversión en salud y educación, y favorecieron la extranjerización de sectores estratégicos.
En la actualidad, el FMI ha retomado un rol central a través de nuevos préstamos bajo programas de “facilidad extendida” o “resiliencia climática”, pero que en la práctica siguen condicionando la política económica interna. Según el Banco Mundial (2024), el 54% de la deuda externa pública de África está en manos de acreedores multilaterales (principalmente FMI y Banco Mundial), mientras que más del 60% de los países africanos están en riesgo de sobreendeudamiento o ya son insolventes.
Además, una porción significativa de los pagos de deuda son destinados a cubrir intereses de préstamos anteriores, lo que configura una trampa financiera que impide la inversión productiva y el desarrollo autónomo.
En este escenario, han comenzado a gestarse procesos de ruptura. El caso más emblemático es el de la Alianza de Estados del Sahel (AES), conformada por Malí, Burkina Faso y Níger, cuyos gobiernos de transición han asumido una agenda de liberación nacional y soberanía económica. Estos países no solo han anunciado su salida de la CEDEAO, sino que también han denunciado el uso del franco CFA y han planteado la creación de una moneda común y un banco central soberano, como base para una nueva integración regional.
En Malí, el primer ministro Choguel Maïga ha señalado: “La soberanía sin soberanía monetaria es una ilusión. No construiremos un nuevo país con las herramientas del colonizador”. Burkina Faso, por su parte, ha declarado en foros internacionales que trabaja en un “modelo alternativo de financiamiento” basado en alianzas con países no occidentales.
Estas rupturas no son aisladas. En Zimbabue, el gobierno lanzó en 2024 el ZiG (Zimbabwe Gold), una nueva moneda respaldada parcialmente en oro para estabilizar la economía y reducir la dependencia del dólar. Argelia, por su parte, ha promovido dentro de la Unión Africana la creación de un Banco de Desarrollo Africano alternativo, con financiamiento del Sur Global.
Claves del sistema financiero dependiente africano
| Indicador | Dato (2024/2025) |
| Países que usan el franco CFA | 14 (8 en África Occidental, 6 en África Central) |
| Reservas depositadas en el Tesoro francés | 50% (en promedio) |
| Países africanos en riesgo de sobreendeudamiento | 37 de 54 |
| Deuda externa total del continente | USD 1,13 billones |
| Acreedor principal | FMI (27% de la deuda multilateral) |
| Propuestas de nuevas monedas | Eco (UEMOA), Sheel (África Oriental), ZiG (Zimbabue) |
| Miembros africanos del BRICS+ (2025) | Egipto, Etiopía, Argelia, Nigeria (en evaluación) |
| Países que han roto con el franco CFA | Malí, Burkina Faso y Níger (en proceso) |
Hacia una arquitectura financiera africana
La necesidad de construir una arquitectura financiera autónoma no es nueva. Ya en 1980, el histórico Plan de Lagos —adoptado por la Organización de la Unidad Africana (OUA)— proponía avanzar hacia la creación de un mercado común africano, una moneda única y un banco central continental. Sin embargo, la falta de voluntad política, las divisiones inducidas por las potencias y la presión de los organismos financieros internacionales impidieron su implementación.
Hoy, ese espíritu renace, pero desde nuevos espacios de poder. En África Occidental, el proyecto de moneda única eco, impulsado por la CEDEAO, fue anunciado como una alternativa al franco CFA. No obstante, su implementación ha sido postergada múltiples veces —originalmente prevista para 2020— debido a presiones de Francia, desacuerdos internos y la desconfianza sobre quién controlaría el nuevo sistema monetario.
En paralelo, algunos Estados buscan rutas propias. En Zimbabue, por ejemplo, se lanzó en 2024 el ZiG (Zimbabwe Gold), una moneda respaldada en reservas de oro físico, con el objetivo de contener la inflación y romper con la dolarización de facto. Aunque el proyecto aún enfrenta enormes desafíos, simboliza una voluntad concreta de reorientar la política monetaria desde una base soberana y de riqueza real.
Además, iniciativas como el Banco Africano de Inversiones —impulsado en el marco de la Unión Africana y el NEPAD— buscan generar fuentes internas de financiamiento para grandes obras de infraestructura, sin recurrir a capitales externos que imponen condiciones. Estas ideas se complementan con las propuestas del Banco de Desarrollo de los BRICS, que ya financia obras en Egipto, Sudáfrica y Etiopía, y que podría convertirse en un eje de cooperación financiera Sur-Sur.
También existe un creciente interés en tecnologías financieras alternativas, como las monedas digitales estatales, que permitirían escapar de la arquitectura de pagos dominada por el sistema SWIFT y las sanciones financieras de EE.UU. y la UE. Nigeria, por ejemplo, ya ha lanzado su eNaira, y Ghana y Sudáfrica exploran esquemas similares.
El horizonte que se vislumbra no es el de una moneda única impuesta desde arriba, sino el de un sistema de integración regional diverso y complementario, basado en principios de soberanía, justicia financiera e independencia tecnológica.
Desafíos, contradicciones y actores en disputa
La transición hacia una soberanía financiera real en África no está exenta de dificultades. Uno de los mayores obstáculos es la fragmentación política e institucional del continente. África cuenta con ocho comunidades económicas regionales reconocidas por la Unión Africana (CEDEAO, CEMAC, SADC, EAC, UMA, entre otras), pero con marcos jurídicos, niveles de desarrollo y prioridades profundamente distintos. Esto ha dificultado la armonización monetaria y ha generado superposición de proyectos.
A esto se suma la presión estructural del capital financiero internacional, que no solo opera a través del FMI o el Banco Mundial, sino también mediante agencias calificadoras de riesgo como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, que penalizan cualquier intento de reforma soberana. Países como Malí o Burkina Faso, tras sus rupturas con las instituciones regionales y occidentales, han sido objeto de sanciones, bloqueos comerciales y campañas mediáticas que los presentan como “Estados fallidos”.
Otro desafío central es la dependencia tecnológica y productiva. Aunque un país logre establecer una moneda propia, sin una base productiva fuerte corre el riesgo de caer en inflación o devaluación. Por eso, la soberanía monetaria debe ir acompañada de una estrategia de industrialización, seguridad alimentaria y autonomía energética, que actualmente pocos países tienen consolidada.
Además, no debe subestimarse el papel de las élites internas africanas, muchas de las cuales están entrelazadas con los intereses del capital occidental y se benefician del sistema actual. Sectores de las burocracias estatales, tecnocracias financieras y clases altas urbanas actúan como aliados internos de los modelos de dependencia.
Por último, hay una batalla cultural y epistémica que también debe librarse: la soberanía financiera exige no solo nuevas instituciones, sino una nueva imaginación económica, descolonizada, enraizada en las realidades africanas, y capaz de proponer alternativas viables al orden neoliberal dominante. Como señala la economista togolesa Demba Moussa Dembélé, “no se trata solo de tener una moneda nacional, sino de tener un proyecto de sociedad que rompa con la dependencia y el saqueo”.
La disputa por la soberanía financiera en África no ocurre en el vacío. Se inserta en un reordenamiento global en curso, donde las viejas potencias coloniales —Francia, Reino Unido, Estados Unidos— pierden capacidad de control directo y donde emergen nuevos polos de poder (China, Rusia, India, Irán, Turquía), que disputan su lugar en la gobernanza mundial. En ese contexto, África no solo es un campo de batalla económico, sino también un actor en construcción, que comienza a delinear sus propios intereses estratégicos.
La pertenencia de países africanos como Egipto, Etiopía y Argelia a los BRICS+, o la intensificación de las relaciones con bloques como la OCS, el G77+China o la Liga Árabe, apuntan a la necesidad de romper con un sistema financiero internacional centrado en el dólar, en el FMI y en instituciones controladas por el G7.
Los pueblos del Sahel, al desafiar el franco CFA y el dictado del FMI, han inaugurado una nueva fase del proceso descolonizador, más profunda y estructural, que ya no se conforma con banderas o parlamentos nacionales, sino que apunta a recuperar el control sobre los medios concretos de soberanía: la moneda, los recursos, el crédito, la circulación y el trabajo.
Como en tiempos de Kwame Nkrumah, de Sankara o de Cabral, se plantea con fuerza una afirmación: la independencia política sin soberanía financiera es ficticia. El desafío es construir instituciones propias, sistemas de intercambio solidarios y alternativas económicas viables en el marco de un orden global en transición.
La pregunta ya no es si África puede salir del franco CFA o del FMI. La pregunta es cuándo y cómo lo hará, y si este proceso podrá nutrirse de la participación popular, del impulso regional y del apoyo de nuevos aliados internacionales que respeten la autodeterminación africana.
*Beto Cremonte es docente, profesor de Comunicación Social y Periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
