Poco más de un año después de que Etiopía adoptara su histórica Política de Justicia Transicional, el país se debate entre cómo proceder mientras lidia con tensiones aún no resueltas. En este momento de incertidumbre, Etiopía puede aprender lecciones de otros contextos, como el de Sudáfrica.
Para ambos países, afrontar el pasado es fundamental para sus aspiraciones a largo plazo. La transición de tres décadas de Sudáfrica ofrece lecciones útiles sobre qué hacer (y qué no hacer), cómo secuenciar el proceso y qué componentes son vitales para el éxito.
En marzo, una delegación de funcionarios etíopes, expertos jurídicos y representantes de la sociedad civil visitó Sudáfrica para extraer conclusiones de uno de los ejemplos históricos más destacados de reconciliación nacional.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Sudáfrica se considera a menudo un elemento central en los esfuerzos del país por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación. La CVR priorizó la búsqueda de la verdad y la amnistía condicional como condiciones previas para la reconciliación, a la vez que mantuvo abierta la posibilidad de que se exigiera responsabilidad penal.
Esa decisión estuvo determinada por las realidades de la transición política de Sudáfrica, un proceso en el que las negociaciones entre las élites exigieron compromisos que favorecían la estabilidad política por sobre la responsabilidad penal.
Etiopía se enfrenta ahora a un dilema similar. Inicialmente, el país buscó implementar un proceso holístico con elementos de diálogo, rendición de cuentas penal, reforma institucional, búsqueda de la verdad y reparaciones como pilares interdependientes que se ejecutan de forma concurrente en lugar de secuencial. Esto coincidió con las consultas públicas y los datos de encuestas que confirman que los etíopes rechazan los procesos que excluyen cualquiera de estos elementos. Sin embargo, es posible que sea necesario tomar decisiones difíciles para secuenciar el proceso.
Al implementar su política, Etiopía deberá afrontar dificultades que podrían ser más complejas que las que enfrentó Sudáfrica. Un desafío común importante es el riesgo de interferencia política.
En Sudáfrica, el informe final de la CVR destacó la obligación de procesar a los perpetradores, remitiendo 300 casos a la Fiscalía Nacional (NPA) para su investigación y posible enjuiciamiento. Sin embargo, la mayoría de estos casos quedaron inactivos durante décadas, principalmente debido a la interferencia política que permitió la impunidad bajo el pretexto de la reconciliación nacional.
Si bien hubo algunos procesos a principios de la década de 2000 (como el de Wouter Basson), no fue hasta 2021 que la NPA avanzó en algunos de estos casos. Una reciente decisión del Tribunal Superior allana el camino para más.
La susceptibilidad del NPA a la presión política puede haber contribuido a los retrasos, pero la separación institucional por sí sola no garantiza la independencia de la Fiscalía, como demuestra la experiencia de Etiopía. A pesar de establecer una Fiscalía Especial en 1992 —diferente del sistema de fiscalía regular—, esta carecía de autonomía y su labor fue criticada como una justicia de vencedores. Esto subraya la necesidad de sólidas salvaguardias que garanticen la independencia funcional y el aislamiento de la influencia política.
Otra característica clave de la justicia transicional son las reparaciones, que reparan los agravios del pasado y restauran cierta dignidad a las víctimas. A pesar de incorporar reparaciones, Sudáfrica aún tiene dificultades para abordar eficazmente las necesidades de las víctimas del apartheid. La CVR ofreció reparaciones económicas directas únicamente a quienes participaron en sus audiencias.
Otra lección se relaciona con el papel de los tribunales. Si bien Sudáfrica se beneficia de un poder judicial independiente con un Tribunal Constitucional Supremo, su sistema judicial aún se está transformando e incluye a algunos jueces que aplicaron leyes de la época del apartheid. Esta tensión revela la dificultad de las transiciones, que deben equilibrar la continuidad judicial con la legitimidad y la equidad.
Etiopía se enfrenta a un desafío similar. Menos de un tercio de la población confía en los jueces o en los sistemas de investigación. Si bien las purgas masivas del poder judicial podrían desestabilizar el sistema legal, la falta de verificación de antecedentes de los jueces nombrados durante regímenes represivos corre el riesgo de erosionar aún más la confianza pública. Un proceso de verificación gradual y transparente, como el previsto en el proyecto de ley, podría permitir a Etiopía fortalecer la credibilidad judicial sin socavar la estabilidad institucional.
Otra lección se relaciona con las personas desaparecidas. A diferencia de Etiopía, donde las exhumaciones de fosas comunes después de 1991 se realizaron principalmente para juicios penales, el Equipo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas de Sudáfrica va más allá de las investigaciones forenses. Cumple una función simbólica y cultural, ofreciendo dignidad y un cierre que no es meramente legal, sino espiritual y comunitario.
Sin embargo, esta dimensión del proceso sudafricano sigue incompleta. El éxito del equipo de trabajo dependió de la cooperación de los perpetradores, dispuestos a revelar los lugares de entierro como parte de sus solicitudes de amnistía. En los casos en que los perpetradores guardan silencio o no solicitan la amnistía, las familias se quedan sin respuestas. Muchos casos quedan sin resolver debido a la falta de una estrategia nacional, recursos insuficientes y un seguimiento institucional deficiente.
En Sudáfrica, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel fundamental en el proceso de justicia transicional del país. Cubren el vacío creado por las limitaciones institucionales del gobierno documentando abusos, brindando apoyo psicosocial, abogando por reformas centradas en las víctimas y litigando cuando el Estado no actúa.
Algunos comentaristas señalan que la sociedad civil mantuvo vigente la justicia transicional después de que el Estado actuara. De hecho, algunos de los casos en curso relacionados con crímenes de la época del apartheid han sido liderados por OSC que apoyan a las familias y comunidades de las víctimas.
La Política de Justicia Transicional de Etiopía reconoce a las OSC como actores clave. Al igual que en Sudáfrica, las funciones de divulgación, documentación, asistencia jurídica y seguimiento de las OSC etíopes serán indispensables. Esta participación debe ser sustancial durante las fases de diseño e implementación.
Sin una participación significativa de la sociedad civil, la justicia transicional puede convertirse en un ejercicio verticalista desconectado de las comunidades a las que pretende servir. Además, es improbable que se planteen preguntas vitales, y a menudo incómodas, esenciales para guiar el proceso.
Quizás la lección más perdurable de Sudáfrica es que la justicia transicional no es un evento, sino un proceso cuya labor permanece inconclusa hasta que se alcancen todos sus objetivos. Se desarrolla a lo largo de décadas, a menudo de forma inconsistente, lo que requiere una voluntad política sostenida, resistencia institucional y participación ciudadana.
La justicia transicional debe verse como iterativa: las políticas preparan el terreno, pero deben perfeccionarse mediante el aprendizaje y la adaptación continuos.
En Etiopía, la justicia transicional debe arraigarse en las tradiciones jurídicas del país, los agravios históricos y las aspiraciones sociales. El gobierno y la ciudadanía deben reconocer que asegurar el respaldo y la legitimidad de toda la sociedad llevará tiempo, al igual que su implementación efectiva.
*Tadesse Simie Metekia, Investigadora principal, Proyectos especiales, ISS Addis Abeba
Artículo publicado originalmente en ISS AFRICA
