El M23 y su avance en el este del Congo
El Movimiento 23 de Marzo (M23) es un grupo rebelde compuesto principalmente por tutsis congoleños, originado a partir de un motín dentro del ejército de la República Democrática del Congo (RDC) en 2012. Sus miembros argumentan que el gobierno congoleño no cumplió con los acuerdos de paz firmados en 2009, lo que derivó en su resurgimiento como fuerza insurgente.
La ofensiva del M23 ha demostrado una capacidad militar considerable, con el uso de armamento sofisticado y tácticas de guerra modernas. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la escalada del conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 1,5 millones de personas desde 2022, exacerbando una crisis humanitaria en una región ya afectada por otros grupos armados.
Un informe del Grupo de Expertos de la ONU ha señalado que el M23 recibe apoyo logístico y militar de Ruanda, acusación que Kigali ha negado repetidamente. No obstante, fuentes de inteligencia sugieren que el M23 opera con armas de origen extranjero y estrategias militares avanzadas, lo que indica la posible asistencia de actores estatales. El conflicto también ha generado impactos económicos negativos, con la interrupción del comercio transfronterizo y el colapso de sectores productivos en Kivu del Norte.
El papel de la SADC en la crisis
La Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) ha intervenido en la crisis con el objetivo de estabilizar la situación en la RDC. En diciembre de 2023, la SADC aprobó el despliegue de una misión de paz compuesta por tropas de Sudáfrica, Tanzania y Malawi, con el objetivo de apoyar al ejército congoleño. Sin embargo, el despliegue ha enfrentado problemas logísticos y de coordinación, lo que ha reducido su efectividad sobre el terreno.
Durante la cumbre extraordinaria celebrada en Harare el 31 de enero de 2025, los líderes de la SADC condenaron los ataques del M23 y reafirmaron su compromiso con la integridad territorial de la RDC. En su discurso, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, declaró que «no podemos permitir que fuerzas insurgentes socaven la soberanía de la RDC. La estabilidad de la región depende de nuestra unidad y acción conjunta». Por su parte, el presidente de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, enfatizó la necesidad de un enfoque equilibrado entre la acción militar y la diplomacia, subrayando que «la solución a largo plazo para el conflicto en la RDC solo será posible a través del diálogo y la cooperación regional».
No obstante, a pesar del respaldo diplomático, la capacidad operativa de la SADC ha sido limitada. El financiamiento de la misión sigue siendo un obstáculo, con sólo el 60% del presupuesto necesario asegurado según cifras oficiales. Además, existen tensiones internas dentro de la SADC sobre la forma en que debe manejarse la intervención, con algunos países miembros argumentando que el problema debe resolverse a través del diálogo diplomático en lugar de una intervención militar directa. El presidente de Namibia, Hage Geingob, expresó su preocupación al respecto: «Si no logramos una estrategia clara, corremos el riesgo de prolongar este conflicto en lugar de resolverlo».
Por otro lado, la influencia de la SADC también enfrenta el desafío de coordinarse con la Misión de la ONU en la RDC (MONUSCO), lo que ha llevado a solapamientos en las estrategias de seguridad. En este sentido, el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, instó a una mayor coordinación y compromiso efectivo de la comunidad internacional, afirmando que «el pueblo congoleño no puede seguir sufriendo mientras la burocracia retrasa la toma de decisiones».
El Consejo de Seguridad de la ONU y su respuesta
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha seguido de cerca la situación en la RDC y ha llevado a cabo varias reuniones de emergencia. En enero de 2025, el Secretario General, António Guterres, instó a un cese inmediato de las hostilidades y reafirmó la necesidad de un proceso de mediación respaldado por la comunidad internacional.
Históricamente, el Consejo de Seguridad ha reaccionado ante conflictos similares en África, como la crisis en Sudán del Sur en 2013 y la guerra civil en la República Centroafricana en 2014, aprobando resoluciones que establecieron sanciones, embargos de armas y misiones de paz. En la actual crisis de la RDC, el Consejo ha debatido la posibilidad de imponer sanciones adicionales contra individuos y entidades que apoyan al M23, siguiendo un modelo similar al adoptado en Sudán y la República Centroafricana.
En la sesión del Consejo del 2 de febrero de 2025, el representante de Francia, Nicolas de Rivière, enfatizó la necesidad de una mayor presión internacional: «La comunidad internacional no puede permanecer pasiva mientras la población congoleña sufre las consecuencias de un conflicto prolongado». A su vez, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, advirtió sobre la amenaza que representa la expansión del M23 y pidió «acciones coordinadas para prevenir una mayor desestabilización de la región de los Grandes Lagos».
MONUSCO, que ha estado operando en la RDC desde 1999, ha sido objeto de fuertes críticas por su falta de efectividad en la protección de civiles. En 2023, la misión sufrió protestas en las que murieron al menos 36 personas, lo que llevó a Kinshasa a presionar por su retiro gradual. A pesar de esto, la ONU ha alertado sobre los riesgos de una retirada precipitada, ya que el ejército congoleño ha demostrado dificultades para contener la ofensiva del M23.
Datos de la ONU indican que el conflicto ha generado al menos 6.000 víctimas civiles desde 2022, mientras que organismos de derechos humanos han documentado violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias y violencia sexual. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, subrayó la gravedad de la situación en su informe más reciente: «Los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos en la RDC requieren una respuesta firme y coordinada por parte de la comunidad internacional».
El impacto en los países vecinos
La crisis en la RDC ha aumentado las tensiones diplomáticas entre Kinshasa y Kigali. Mientras la RDC acusa a Ruanda de respaldar al M23, el gobierno de Paul Kagame ha rechazado estas acusaciones y ha argumentado que el verdadero problema radica en la presencia de la FDLR, un grupo rebelde hutu que, según Ruanda, opera con la connivencia del ejército congoleño.
Estados Unidos y el Reino Unido han mantenido una postura crítica hacia Ruanda, exigiendo que Kigali cese cualquier apoyo al M23. En una declaración conjunta, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, expresaron su «profunda preocupación por la escalada del conflicto y el papel que actores externos puedan estar jugando en su prolongación». Por otro lado, Francia ha reforzado su respaldo diplomático a la RDC, instando a la comunidad internacional a sancionar a quienes faciliten la expansión del grupo rebelde. Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa en Bruselas, afirmó que «el apoyo al M23, directo o indirecto, debe ser detenido, y estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas diplomáticas para lograrlo».
China, con intereses económicos en la región debido a sus inversiones en minería, ha mantenido una postura más neutral, mientras que Rusia ha mostrado interés en fortalecer sus relaciones con el gobierno de Kinshasa mediante acuerdos de cooperación militar. En diciembre de 2024, el Kremlin confirmó el envío de asesores militares a la RDC, lo que sugiere un posible fortalecimiento del apoyo ruso en el ámbito de defensa.
Diversos informes han señalado que el M23 ha recibido equipamiento militar avanzado, incluyendo drones de vigilancia y sistemas de comunicación encriptados. Un reporte del Grupo de Expertos de la ONU de diciembre de 2024 indica que ciertas armas capturadas al M23 corresponden a modelos de fabricación estadounidense y europea, lo que sugiere la existencia de canales de suministro indirectos. Se ha señalado que algunos de estos equipos podrían haber llegado al M23 a través de redes de tráfico de armas con origen en Medio Oriente y Europa del Este, facilitadas por intermediarios privados con intereses en los recursos naturales del Congo.
El papel de Ruanda en este contexto también ha sido objeto de escrutinio. Investigaciones de organizaciones independientes han señalado que Kigali ha recibido apoyo militar y tecnológico de países como Turquía e Israel, con la adquisición de drones Bayraktar TB2 y sistemas de inteligencia avanzados. La cooperación militar entre Ruanda y estos países ha sido justificada bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, pero analistas sugieren que parte de este equipo podría estar siendo utilizado para fortalecer posiciones en el conflicto del este del Congo. De hecho, informes recientes han indicado que algunas de las tácticas utilizadas por el M23 reflejan entrenamiento militar sofisticado, lo que sugiere un nivel de preparación que excede el de un grupo insurgente convencional.
A medida que el conflicto continúa, el apoyo externo a ambos bandos genera un escenario aún más volátil, en el que los intereses en los recursos naturales de la RDC —como el coltán, el cobalto y otros minerales estratégicos— juegan un papel determinante en la dinámica geopolítica de la región.
Uganda, por su parte, ha adoptado una postura ambigua. Aunque ha colaborado con la RDC en operaciones conjuntas contra otros grupos rebeldes como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), no ha intervenido directamente contra el M23. Burundi, que también comparte frontera con la RDC, ha reforzado su seguridad en la frontera, temiendo que la violencia se extienda a su territorio.
Los flujos de refugiados también han afectado a la región. Según ACNUR, cerca de 150.000 personas han huido hacia Uganda, Ruanda y Burundi en los últimos seis meses, aumentando la presión sobre los recursos de estos países.
El conflicto ha atraído la atención de varias potencias extranjeras que han tomado partido de manera directa o indirecta. Estados Unidos y el Reino Unido han mantenido una postura crítica hacia Ruanda, exigiendo que Kigali cese cualquier apoyo al M23. Por otro lado, Francia ha reforzado su respaldo diplomático a la RDC, instando a la comunidad internacional a sancionar a quienes faciliten la expansión del grupo rebelde.
Un reporte del Grupo de Expertos de la ONU de diciembre de 2024 indica que ciertas armas capturadas al M23 corresponden a modelos de fabricación estadounidense y europea, lo que sugiere la existencia de canales de suministro indirectos. A su vez, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ha detectado la presencia de tecnología de guerra electrónica en manos del M23, lo que indica un nivel de sofisticación poco común en grupos insurgentes de la región.
El apoyo militar y logístico al M23 sigue siendo un tema de gran controversia, con varios actores internacionales involucrados de manera directa o indirecta en la dinámica del conflicto.
La crisis en la RDC ha aumentado las tensiones diplomáticas entre Kinshasa y Kigali. Mientras la RDC acusa a Ruanda de respaldar al M23, el gobierno de Paul Kagame ha rechazado estas acusaciones y ha argumentado que el verdadero problema radica en la presencia de la FDLR, un grupo rebelde hutu que, según Ruanda, opera con la connivencia del ejército congoleño.
A modo de cierre podemos decir que el avance del M23 en la RDC representa no sólo un problema de seguridad nacional, sino también una amenaza a la estabilidad regional. La incapacidad del ejército congoleño para frenar la ofensiva, sumada a la falta de una estrategia unificada entre la SADC y la ONU, ha permitido que el grupo rebelde siga expandiéndose.
El apoyo internacional ha demostrado estar dividido, con países como Estados Unidos y el Reino Unido presionando a Ruanda para que cese cualquier respaldo al M23, mientras que China y Rusia han mantenido un enfoque más estratégico en sus relaciones con la RDC. La presencia de tecnología militar avanzada en manos del M23 y los informes sobre la procedencia de su armamento han elevado las preocupaciones sobre la influencia de actores externos en el conflicto.
Por otro lado, la crisis humanitaria sigue deteriorándose. El número de desplazados continúa en aumento, y la respuesta de la comunidad internacional no ha sido suficiente para aliviar el sufrimiento de la población civil. A medida que los enfrentamientos se intensifican, la falta de un acuerdo político sostenible plantea serias dudas sobre la posibilidad de una resolución pacífica en el corto plazo.
La situación sigue siendo crítica y el riesgo de una escalada militar entre países vecinos sigue latente, lo que podría derivar en un conflicto de mayor envergadura con consecuencias imprevisibles para toda la región de los Grandes Lagos.
El avance del M23 en la RDC representa no sólo un problema de seguridad nacional, sino también una amenaza a la estabilidad regional. La incapacidad del ejército congoleño para frenar la ofensiva, sumada a la falta de una estrategia unificada entre la SADC y la ONU, ha permitido que el grupo rebelde siga expandiéndose. La situación sigue siendo crítica y el riesgo de una escalada militar entre países vecinos sigue latente.
*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
