El Plan Presupuestario Estructural
Leemos sobre la necesidad de emprender acciones conjuntas para reforzar la resiliencia económica y social, para apoyar el crecimiento de los retrasos del sistema italiano (rebautizado como inadecuación en la adopción de nuevas tecnologías). Paradójicamente, dado el colapso del sistema sanitario, el Gobierno admite que nuestro país está especialmente expuesto a la posibilidad de nuevas pandemias, frente a las cuales las poblaciones de mayor edad son, por término medio, más frágiles.
No faltan referencias a la revolución digital y a la economía verde. Queda claro desde el principio que el dinero disponible será en cualquier caso escaso y tal que pospondrá el plan de salvaguardia de las zonas en riesgo ecológico.
La UE ha dado a Italia siete años para que vuelva a ajustarse a los parámetros europeos de la relación gasto/PIB, y la contrapartida exigida queda patente en numerosos pasajes del texto. En aras de la brevedad, sólo mencionaremos uno de ellos:
Una de las prioridades para sostener el crecimiento es fomentar y apoyar la expansión de las empresas europeas, especialmente en el sector tecnológico. Fomentar el crecimiento de las empresas les permite invertir más en investigación, desarrollo e innovación tecnológica, estimulando la creación de empleo y reduciendo la brecha de innovación con los socios internacionales. Las empresas de mayor tamaño también tienen más capacidad para competir en los mercados internacionales, atraer inversiones e influir en las normas mundiales, aspectos especialmente cruciales en la era digital y de la innovación. Para alcanzar estos objetivos, es crucial que la UE y los Estados miembros adopten políticas específicas que faciliten el acceso al capital privado, promuevan las asociaciones público-privadas y creen un entorno normativo propicio al crecimiento empresarial sostenible.
Sin dejar de prometer impuestos cada vez más planos para los autónomos, el documento político admite la necesidad y la urgencia de que las empresas innoven tecnológicamente, estimulando las fusiones de empresas (cabe imaginar la pérdida de puestos de trabajo que seguiría a semejante reestructuración industrial), activando políticas encaminadas a la venta de activos públicos y reduciendo los requisitos reglamentarios para la inversión, el uso de nuevas tecnologías, la concesión de licencias y la colaboración público-privada. Todo ello con el fin de armonizar la legislación italiana -aún relativamente cuidadosa a la hora de establecer cláusulas reguladoras de diversa índole para salvaguardar el tejido socioeconómico y democrático- con la del grueso de los demás países europeos y hacer el ecosistema europeo más atractivo para la inversión.
Y no faltan objetivos de la UE como completar la doble transición ecológica y digital, garantizar la seguridad económica y militar y promover la innovación y la investigación para mantener o ganar una ventaja competitiva en el panorama tecnológico mundial.
La «ventaja competitiva» en nuestra opinión es pura propaganda, pero sigue indicando que Meloni se está descubriendo más dragoano que el anterior Primer Ministro. Y para confirmarlo nos remitimos a otro pasaje muy ilustrativo:
La Unión Europea se enfrenta, pues, a un período decisivo en el que la cooperación y la integración económicas son más cruciales que nunca para alcanzar las prioridades comunes definidas. En este contexto, el reciente informe presentado por Mario Draghi sobre «El futuro de la competitividad europea» ponía de manifiesto las brechas de innovación y productividad de la UE frente a Estados Unidos y China, reclamando una urgente acción coordinada de los Estados miembros en tres ámbitos prioritarios: innovación (con especial atención a las tecnologías avanzadas y la mejora del capital humano), descarbonización (transición energética y climática) y seguridad (también a través de acuerdos comerciales preferenciales, inversiones en sectores críticos seleccionados y asociaciones industriales).
Estas son algunas de las premisas con las que se abre el debate parlamentario.
El objetivo europeísta y atlantista de Meloni
El objetivo de la maniobra económica para finales de 2024 no es sólo cumplir al pie de la letra con las nuevas restricciones de la UE, con la utilización de casi 52.000 millones de déficit adicional en tres años, sino también proseguir con la estrategia de desarrollo económico-productivo elaborada por la Comisión.
Así, bajo supervisión europea, se opta no sólo por aumentar el déficit, sino también por recortar innumerables gastos -no los militares, que probablemente también superarán las limitaciones impuestas por la UE en otros capítulos presupuestarios-, con repercusiones negativas en la política salarial y el bienestar.
La pregunta (sin respuesta) es si la población italiana puede permitirse más sacrificios en términos de reducción del gasto público y del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. La hoja de parra de la reducción de la cuña fiscal sirve para ocultar las políticas de austeridad salarial, como se desprende de la propuesta del Gobierno de renovar los contratos de los funcionarios con aumentos inferiores en dos tercios al aumento real del coste de la vida.
Por último, teniendo en cuenta la reciente revisión a la baja de las estimaciones del PIB, pueden abandonarse por completo las esperanzas de ver siquiera tímidos atisbos de políticas sociales por parte de este gobierno, si es que alguien las había alimentado.
*Federico Giusti, delegado del CUB en el sector público, colabora con los periódicos Cumpanis, La Città futuro, Lotta Continua y participa activamente en cuestiones de derecho laboral, anticapitalismo y antimilitarismo.
Artículo publicado originalmente en World Politics Blog.
Foto de portada: Alexandros Michailidis / shutterstock.com
