A dos semanas de las elecciones para el Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, siendo los comicios este último día en España, las encuestas apuntan a un aumento de la presencia de los partidos de ultraderecha, unidos en los grupos transnacionales Conservadores y Reformistas Europeos, por un lado, e Identidad y Democracia, por otro. Su ascenso en la estimación de voto refleja el auge del extremismo en distintos Estados miembro, un radicalismo que gobierna en países como Holanda e Italia; lidera las encuestas en Francia, Austria y Bélgica, y participa en los Ejecutivos de Finlandia y Eslovaquia. Un mapa de influencia que podría traducirse en un 30% de voto en los próximos comicios, resultando la segunda fuerza, después del Partido Popular Europeo, si se toman los resultados de ambos grupos en conjunto.
Al competir estas opciones por separado, se espera que el Partido Socialista Europeo conserve su segunda posición en el ranking de voto —a pesar de que a nivel estatal apenas resisten gobiernos considerados progresistas, entre ellos España y un tripartito alemán escorado a la derecha— mientras que la tercera posición la disputarían los grupos de la extrema derecha con los liberales de Renew, en una importante caía tras las elecciones de 2019. Otro grupo que muestra su desgaste, son Los verdes europeos, que sufrirían una gran caída en votos tras la sorpresa que dieron en las elecciones de 2019.
Por su parte, La Izquierda europea, mantiene su voto respecto a hace cinco años, resistiendo en un espacio minoritario que dificulta su influencia en una Eurocámara claramente escorada hacia la derecha. La cuestión migratoria es uno de los ámbitos en los que se evidencia de manera más clara la sintonía entre los distintos grupos con más peso en el Parlamento, un ámbito cuya capitalización está en el origen del ascenso de esta extrema derecha.
Y es que, pese a que la cuestión ucraniana y distintas formas de abordar la pertenencia a Europa, así como otras cuestiones de la agenda política de cada Estado, mantienen separados a las dos formaciones principales de la extrema derecha, el consenso en torno al objetivo de detener la migración a toda costa es el mismo. La expulsión de la alemana AfD del grupo Conservadores y Reformistas, a raíz de que uno de sus candidatos relativizase el rol de las SS en una entrevista, muestra cuáles son las cuestiones que pueden escandalizar a una ultraderecha que busca mostrarse más moderada. Sin embargo, el escándalo que mostró cómo la misma AfD se reunió secretamente para hablar de remigración —es decir, la expulsión masiva de migrantes de Europa, incluyendo residentes regulares y nacionalizados— con la extrema derecha austriaca, no puso en peligro su permanencia en el grupo transnacional.
Por otro lado, la buena sintonía en torno a la migración mostrada entre Úrsula Von der Layen y Giorgia Meloni, hace que el Partido Popular apunte a la posibilidad de aliarse con los Conservadores y Reformistas capitaneados por la primera ministra italiana. En un mandato en el que la Unión Europea se puso como uno de sus principales objetivos,acordar un marco comunitario para las políticas de migración y asilo de la Unión Europea, el resultado, contundentemente criticado por las organizaciones de la sociedad civil, ha sido saludado por el Partido Socialista Europeo como un hito. La razón: países muy diversos se ponían de acuerdo y armonizaba una misma respuesta ante la inmigración. La realidad: esta armonización se ha hecho con una Unión Europea escorada a posiciones de derecha, y se deberá poner en práctica en los próximos dos años, en un clima en el que esta extrema derecha tendrá más presencia en el Parlamento Europeo.
Un pacto migratorio que no convence a nadie
Aprobado por el Consejo Europeo el pasado 14 de mayo, sin ganarse una gran atención por parte de los medios de comunicación, el Pacto Europeo de Migración y Asilo pasaba su último trámite menos de un mes antes de las elecciones europeas, tras haber obtenido el respaldo de un Parlamento dividido el 10 de abril.
Con todo, la aprobación de las 10 normativas que integran el Pacto, implica que deberán ser aplicadas aún cuando se haya votado en contra del acuerdo. Queda ver cómo serán trasladadas a los marcos estatales, pues los estados miembros tienen hasta junio de 2026 para hacer la traslación de la normativa. Algunos estados ya se han distanciado del pacto, no por las alertas respecto a que permite vulneraciones de los derechos humanos, sino porque no lo consideran suficientemente restrictivo. El 15 de mayo, solo un día después de que completara su pasó por las instituciones europeas, 15 estados miembro (de un total de 27) manifestaban mediante un comunicado su disconformidad con el Pacto y su apuesta por endurecer más las políticas migratorias de la UE.
Los modelos que estos países, que incluyen Italia, Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumanía, toman como referencia son los impulsados por Rishi Sunak en Reino Unido o Giorgia Meloni en en Italia. De un lado, los planes del primer ministro británico de deportar a solicitantes de asilo a Rwanda, parecen haber salido adelante, después de varios años afrontando la resistencia de la justicia e ignorando las alertas de las organizaciones civiles. Dinamarca o incluso Alemania ya han mostrado su simpatía respecto a este modelo. En el caso de Italia, será Albania quien se haga cargo de las personas migrantes que quieren llegar al país mientras se resuelve su solicitud de asilo. Para ello Tirana construye un centro de detención en el que se privará de libertad a las personas migrantes, niños y niñas a partir de seis años incluidos, hasta que se resuelva su expediente.
“La unidad ha muerto, las fronteras seguras ya no existen. ¡Hungría nunca cederá al frenesí de la migración masiva!”, declaraba por su parte Viktor Orban, uno de los principales retractores del Pacto, que ni siquiera se encuentra entre los firmantes del comunicado citado. Y eso que la Unión Europea continua una senda iniciada en 2016 con el llamado Pacto de la Vergüenza con Turquía, por el que el país se comprometía a retener migrantes en su territorio. Ocho años después, la vergüenza ya está totalmente perdida, de la relativa apertura de Angela Merkel allá en 2015 a acoger hasta un millón de refugiados sirios, se ha pasado a una ofensiva en diversos países europeos contra su presencia, desde las expulsiones de Dinamarca, que hizo una campaña activa para devolver a estas personas a su país de origen, a la reciente firma de un acuerdo con el Líbano para comenzar el “retorno voluntario” de refugiados sirios. Tanto en este país como en Turquía, la presencia de estas personas refugiadas, ha sido capitalizada también a nivel interno generándose un sentimiento anti sirio: la conversión de los países de tránsito en los gendarmes de Europa, explota y alimenta el racismo y la xenofobia en estos territorios. Como ha podido verse en Túnez o en Libia.
Uno de los países que reflejan mejor la impregnación del discurso antimigración como principal activo de los partidos de extrema derecha y derecha europeos, es el caso de Francia, cuyo gobierno, liderado por Emmanuel Macron, aprobó el pasado diciembre una ley de migración restrictiva y regresiva, que suponía la normativa más dura adoptada históricamente en el país, un marco que fue saludado por la propia Marine Le Pen como un triunfo ideológico de la derecha. Pareciera que los votantes de ultraderecha prefieren al original, y hacer propia su agenda no parece el mejor modo de frenarla.
Rassemblement National de Le Pen lidera así la intención de voto en Francia, llevando como número tres a alguien que sabe mucho de la “Fortaleza Europa”, el ex director de Frontex Fabrice Leggeri, que tuvo que dimitir en 2022 tras ser acusado de permitir devoluciones en frontera y otras vulneraciones de los derechos humanos. Ahora ha vuelto de la mano de la ultraderecha francesa, para defender su idea de lo que deben ser las políticas migratorias desde el Parlamento Europeo: “Se trata de una batalla política y cultural que dura ya varios años, entre los que defendían que Frontex debía ser una especie de super ONG, una super ONG humanitaria, y los que defendían que Frontex es una agencia encargada de hacer cumplir la ley, que es mi caso”.
Ante este panorama Los verdes y principalmente La Izquierda muestran su oposición al Pacto de migración y asilo, un espacio político que sumaría entorno a los 70 eurodiputados según las encuestas. El segundo de estos grupos va más allá, “queremos poner fin a Frontex, a la externalización de las fronteras, al traslado de los centros de detención a países no pertenecientes a la UE, a la financiación de regímenes sanguinarios y a la detención administrativa de las personas consideradas no aptas para permanecer en la UE”, apuntan en su Manifesto de cara a las elecciones europeas.
Investigaciones como la publicada recientemente por Lighthouse Report en cooperación con el País, que muestran cómo estos acuerdos con terceros países de los que España es pionero, avalan desde hace más de 20 años la persecución racista de migrantes negros en países como Marruecos, Mauritania o Túnez. Otra investigación de la Fundación por Causa, publicada el pasado abril, muestra cómo la externalización genera caos, vulneraciones de derechos humanos, derroche de recursos en las fronteras, pero también un lucrativo negocio para la industria de la vigilancia. Las autoras del informe calcula que en los últimos años la Unión Europea habría destinado al menos 9.344 millones de euros a una externalización que solo ha supuesto sufrimiento y muerte para miles de personas, la contaminación de la cooperación Europea, el sostenimiento de regímenes autocráticos, o la financiación indirecta de bandas armadas no estatales. Una apuesta política y económica que la Unión Europea está dispuesta a potenciar aún más.
*Sarah Babiker, periodista, especializada en temática de migración, desplazados y refugiados.
Artículo publicado originalmente en El Salto.
Foto de portada: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen junto a Meloni en Lampedusa el 17 de septiembre. Foto: Governo.it
