Mucho hemos hablado en estos días de la crisis en la Mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la importancia que reviste este proceso no sólo para Colombia sino para toda la región y entendiendo que esa Paz no es algo que se pueda pactar entre el gobierno de turno y los grupos armados insurgentes, mucho menos con los delincuenciales, sino una construcción histórica en la que el protagonista debe ser el Pueblo colombiano, lo que implica que el Pueblo debe tener la posibilidad de organizarse con consciencia en la defensa de sus intereses, es decir, de convertirse en Poder Popular.
Por eso, el llamado a la “Paz Total” del primer gobierno progresista de Colombia generó muchas expectativas, pues se aspiraba que éste pudiera realmente llegar a ser una expresión de ese poder y que lograse una correlación de fuerzas suficientemente favorable para dirigir el Estado y su transformación.
Sin embargo, la Mesa de Diálogos, se encontró recientemente ante su crisis más importante. La reunión extraordinaria entre las delegaciones del gobierno colombiano y el ejército de liberación nacional desarrollada en Caracas a mediados de abril de este año terminó sin arrojar humo blanco y su única conclusión fue la de proyectar una próxima cita para recibir el documento final del Comité Nacional de Participación, condenar el asesinato del líder social del Coordinador Nacional Agrario, Narciso Beleño y respaldar a México por la inusitada violación de su Embajada en Ecuador.
Luego de unos días la Jefa de la Delegación de Paz del Gobierno y el Senador Iván Cepeda publicaron una carta al presidente Gustavo Petro con la que se conseguiría superar ese escollo, pero que significó en sí misma un desconocimiento a la oficina del Alto Comisionado y ex Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno, Otty Patiño cuyo actual rol resulta difuso. Ahora, una nueva crisis se genera tras el anuncio del ELN de retomar las retenciones con fines económicos.
Pero hoy los problemas más preocupantes para la Mesa de Diálogos tienen que ver con una crisis más orgánica que impacta directamente en la posibilidad de lograr la Paz de Colombia: la inestabilidad del gobierno que hoy se encuentra a las puertas de un golpe de Estado y que en dos años no ha logrado tener el poder suficiente para gobernar, mucho menos para realmente dirigir el Estado y las transformaciones estructurales que requiere para superar el conflicto social y armado.
Prueba mínima de ello ha sido la imposibilidad de sacar adelante las reformas legales que ha planteado y que tocan importantes intereses económicos enquistados en el país, así como la imposibilidad de cumplir promesas de campaña, entre ellas la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, al que simplemente logró reestructurar, y la liberación de los muchachos y muchachas de la primera línea de los levantamientos populares del 2021. Y aunque logró un cambio difícil en la Fiscalía General de la Nación, en parte de la cúpula de las Fuerzas Militares y ha logrado implementar algunas políticas en favor de los intereses populares, no ha podido construir una estructura de gobierno diferente y por ejemplo, ayer mismo, la Corte Constitucional dictaminó que para el 2026 ya no existirá el Ministerio de la Igualdad, que hoy dirige la vice presidenta Francia Márquez quien por cierto, se ha invisibilizado en la política nacional.
Más grave aún, a estas alturas cuando apenas faltan dos años para terminar el mandato, el propio presidente Petro denuncia un golpe de Estado en ejecución por vía de un lawfare. Hay que recordar que Gustavo Petro sabe lo que dice cuando hace esta denuncia porque una operación de guerra jurídica logró destituirlo temporalmente del cargo de alcalde de Bogotá a finales del 2013.
La posibilidad de que este golpe blando se concrete y se le retire del cargo de Presidente de la República e incluso se le inhabilite para otros cargos, es real. Además, el país se encuentra casi exactamente a dos años de las próximas elecciones presidenciales y el presidente Petro ha reiterado su negativa a usar cualquier estrategia legal que le permita continuar por un período más en el Palacio de Nariño.
Por destitución o por término de mandato, lo cierto es que el Pacto Histórico no tiene hasta ahora ninguna propuesta para la de antemano difícil tarea de sustituir a Petro y esa es una gran debilidad para el cambio histórico que reclamaron las protestas que este gobierno se propuso encarnar.
Parece imposible que ingenuamente alguien haya pensado que las transformaciones estructurales que le urgen al país se iban a concretar en un periodo de cuatro años. Menos aún, cuando las grandes mafias de las corporaciones mediáticas en Colombia continúan bombardeando a la opinión pública y el gobierno no ha desarrollado una verdadera política comunicacional para confrontarlas.
Volviendo a la Mesa por ejemplo, lo aquí reflexionado hace que el gobierno luzca como un negociador débil. Cabe preguntarse cómo podría garantizar que cualquier acuerdo que se firme hoy con el ELN, o con cualquier otra organización armada, se va a poder cumplir en un año, dos o diez. Si lo pactado en el 2016 entre las FARC-EP y Juan Manuel Santos fue incumplido en principio por el propio gobierno del Partido de la U y luego desconocido por el de Iván Duque, por qué alguien podría pensar que lo que firme el gobierno actual podría sobrevivir a un eventual regreso del uribismo a la presidencia.
Y aquí hay que entrar a evaluar el impacto de la situación geopolítica inmediata, porque hay una gran probabilidad de que, en las elecciones de noviembre de este año en los Estados Unidos, el siempre previsible retorno de Trump a la presidencia se concrete. Eso fortalecería a los gobiernos ultra derechistas que se han venido posicionando en Nuestra América, como el de Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador y el recientemente electo presidente de Panamá, Mulino, estos últimos países fronterizos con Colombia. Así que, aunque el actual gobierno logre terminar tranquilamente este periodo, el cambio en la correlación de fuerzas internacionales impulsaría el regreso del uribismo a la presidencia de Colombia y del bolsonarismo en Brasil en el 2026, indiferentemente de quiénes representen para ese entonces a dichas doctrinas ultraderechistas en ambos países.
En ese mismo sentido, tal como otras concesiones dadas a partidos tradicionales dentro del gobierno han generado los más grandes escándalos de corrupción que hoy utiliza la oposición en su contra, la desafortunada llegada de Murillo como cuota de Juan Manuel Santos a la Cancillería de Colombia, marcó un retroceso en la política exterior colombiana, al enturbiar las relaciones con Venezuela.
Pero lo más definitivo de todo, es que los Estados Unidos, la OTAN y el sionismo siguen teniendo el mismo poder económico y militar que han tenido siempre en Colombia y es fácilmente deducible que el lobby sionista esté operando actualmente contra Petro, luego de la valiente decisión de romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
La ejecución del proyecto comprometido hace 8 años con los Estados Unidos en la Isla Gorgona, la apertura de una oficina de la Policía de Nueva York en Bogotá y la permanencia incuestionada de Colombia dentro de la OTAN en calidad de “socio global”, muestran que la injerencia de esos poderes se mantiene. También es evidente que el país continúa en el triste papel de ser la base militar estadounidense más grande en la región al servicio de los intereses imperialistas, sigue siendo depredada por las trasnacionales y permanece como enclave del narcotráfico. En consecuencia, el paramilitarismo ha aumentado, llegando a lugares en los que nunca antes había logrado posicionarse con una nueva modalidad de relacionamiento con las comunidades, que reconfigura su accionar y complejiza aún más la situación en los territorios.
Es precisamente allí, en los territorios de Colombia donde la Paz cuesta la vida. Donde han sido asesinados y asesinadas más de 400 firmantes del acuerdo de Paz entre las FARC EP y el Estado colombiano desde el 2016, donde continúa el proceso genocida contra líderes y lideresas sociales, entre ellos Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), asesinado recientemente por paramilitares unos días después de que éste organizara un espacio de participación social en torno a la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y el ELN.
En suma, las miles de personas que han decidido responder al llamado a participar en esa Mesa de diálogos, y en particular quienes integran ese interesantísimo espacio de participación popular que es el Comité Nacional de Participación, arriesgan su vida porque no hay garantías para la participación social cuando el paramilitarismo se multiplica. Incluso representantes del Pacto Histórico en las regiones han sido asesinadas en los últimos meses.
El fortalecimiento del paramilitarismo, también tiene mucho que ver con el hecho de que hasta el momento no se ha impulsado ningún cambio en la doctrina militar de Colombia.
En fin, la crisis actual trasciende a la Mesa de Diálogos entre el gobierno y el ELN. Es el proyecto histórico de Paz en Colombia el que se tambalea.
Ayer, durante un excelente discurso dado en Cartagena, donde disertó sobre la desigualdad y la historia política del país, el presidente Petro denunció públicamente que el golpe de Estado en su contra ha comenzado y lanzó una alerta nacional e internacional, convocando a la movilización en defensa de la democracia en Colombia.
“Era muy difícil que estos poderes mafiosos de la corrupción, lo que Álvaro Gómez Hurtado llamó el régimen de la corrupción en Colombia, acostumbrado al genocidio sobre el pueblo y acostumbrados a concentrar la riqueza nacional en sus propias manos y robársela, dejando el hambre detrás de sí y dejando la muerte, fuese a aceptar que alguien que no es de ellos, que alguien que es del pueblo, que haya triunfado en las elecciones limpiamente con la mayoría popular, con el voto chocoano, nariñense, caucano, del litoral pacífico, con el voto bogotano de los barrios populares, de los obreros y obreras, con el voto de la juventud masiva, con el voto de nuestro Caribe libertario, lo fuesen a dejar gobernar en Paz. No son capaces, no son capaces de aceptar la democracia…”
El presidente Petro parece haber descrito hermosamente “el hilo negro”, al caracterizar una verdad obvia para la izquierda colombiana que, a pesar de ello, decidió acompañar su gobierno por considerarlo una gran oportunidad histórica para el pueblo.
Al final, se hizo evidente que negociar y conciliar con la oligarquía más violenta del continente para tratar de gobernar, ofreciendo incluso espacios en el poder ejecutivo, no funciona.
En momentos como estos los gobiernos progresistas tienen dos opciones, o profundizan el Poder Popular, agudizan las contradicciones con las oligarquías y recuperan la soberanía de las garras del imperialismo, asumiendo las batallas que vendrán o continúan cediendo hasta mimetizarse con los gobiernos tradicionales y defraudan las expectativas que les llevaron hasta allí.
Por su parte, el Pueblo, como sujeto histórico definitivo, será quien decida si empuja y acompaña con fuerza al gobierno en una radicalización del cambio o si por el contrario se resigna a la imposibilidad de transformar el país. En últimas, también puede optar entre dejarse guiar o ir a la vanguardia en defensa del anhelo de una Colombia en Paz.
En esta coyuntura, Petro ha reiterado la convocatoria al Poder Constituyente, lo que resulta alentador, aunque aún sea una propuesta poco clara. Invocar los poderes creadores del pueblo, puede ser un avance verdaderamente revolucionario que no sólo garantice la estabilidad del gobierno y su continuidad, sino que además profundice las transformaciones que requiere la Paz, en tanto haya voluntad política real del gobierno y del otro lado, consciencia, capacidad organizativa y sabiduría para la difícil unidad popular.
Ante esta grave situación, lo único que no se puede permitir el pueblo colombiano, ni sus hermanos vecinos, es la indiferencia, porque ella traería consigo más y nuevos escenarios de guerra para toda Nuestra América.
María Fernanda Barreto* Militante colombo-venezolana, integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad.
Este artículo ha sido publicado en el portal https://hueleaazufre.com/
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