En enero, Washington había retomado las sanciones al sector oro, limitando las transacciones de la estatal Minerven. Ambas decisiones suponen todo un regreso al esquema radical punitivo.
Sin embargo, con la continuidad de la licencia 41, el departamento del tesoro de EE.UU. sigue permitiendo que la petrolera Chevron explote y comercialice el petróleo venezolano, con lo cual, intenta favorecer (o privilegiar) a la empresa en todo lo relacionado a la venta de crudo venezolano.
De esta manera, EE.UU. busca eludir la afectación de sus propias medidas y perjudica no solo a Venezuela, sino al resto de países que quisieran abrir o continuar negocios petroleros en el país caribeño, en momentos de baja oferta mundial de combustible.
La licencia 44 A, dictada por el Departamento del Tesoro esta semana, establece que las empresas que quisieran continuar o emprender negocios en el área energética con Venezuela, pueden buscar el camino de la Chevron.
La medida implica, básicamente, pedir Departamento del Tesoro sus propias licencias individuales, con lo cual EE.UU. se estaría abrogando el derecho de decidir con cuáles empresas la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) puede comercializar y con cuáles no, lo que ha sido denunciado por Caracas como un nuevo intento de «coloniaje».
Tal como quedan las cosas por el momento, la empresa estadounidense es la única a la que se le otorga permiso para comercializar, quedando, hasta ahora por fuera, entre otras, Repsol (España), Eni (Italiana) y Maurel/Prom (francesa), que ya han adelantado negocios con Pdvsa. Ahora, esas firmas tendrán que dirigirse al Departamento de Tesoro para pedir su ‘beneplácito’.
Por ende, los principales afectados por la nueva decisión, además de Venezuela, son los socios occidentales de EE.UU., ansiosos por conseguir fuentes de abastecimiento energético después del conflicto de Ucrania y la voladura del Nord Stream 2.
Por su puesto, la más perjudicada es la estatal venezolana, que tendrá que reducir el valor del petróleo para colocarlo en mercados que se atrevan a eludir las sanciones, lo que generará una merma en los principales ingresos del país.
Sin embargo, más allá del tema financiero, las sanciones pueden afectar la esfera política venezolana, muy atribulada debido a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio y, probablemente, por la lectura que diversos actores opositores puedan otorgarle a la decisión de Washington: ¿una nueva luz verde para planes insurreccionales y convocatorias a la abstención?
El Acuerdo de Barbados languidece
En cierta forma, el principal efecto político que genera la decisión de la Casa Blanca es la disolución, de facto, de los acuerdos de Barbados que, por un lado, buscaban eliminar las sanciones y, por el otro, generar condiciones competitivas para las presidenciales.
Hasta ahora, la oposición inscribió dos candidatos: Edmundo González, por la Plataforma Unitaria; y Manuel Rosales, por Un Nuevo Tiempo, lo que garantiza la competitividad electoral demandada en la mesa de negociaciones. La excandidata de la Plataforma Unitaria María Corina Machado no pudo inscribir su candidatura debido a la inhabilitación que pesa en su contra.
Especialmente Rosales posee un enorme peso político en la oposición, ya que es el actual gobernador del principal estado del país (Zulia) y, en su momento, reconoció al exdiputado Juan Guaidó como «presidente interino».
Sin embargo, Washington quiere que Machado sea habilitada como candidata y por ende, poniendo en vilo el proceso electoral, ha decidido ‘patear la mesa’ y desconocer los avances que en materia política han desarrollado los actores del gobierno y la oposición para regularizar el conflicto, luego de un largo llamado a la violencia y la intervención militar.
Cuando Washington sigue tratando a Caracas de una manera sancionatoria, criminalizando al Gobierno y manteniendo una orden de búsqueda y captura en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es lógico que el Ejecutivo se sienta amenazado.
La amenaza, además, no está solo encarnada por Washington. La extrema derecha venezolana, que viene de tratar de imponer un ‘gobierno paralelo’ y ha protagonizado muchos intentos insurreccionales, se yergue como un actor hostil que plantea una tabula rasa con el chavismo, desconociéndolo como adversario y tratándolo como enemigo a eliminar, con la anuencia de EE.UU.
En ese marco, las nuevas decisiones tomadas por Washington pueden ser vistas por la oposición más radical como una ‘luz verde’ para nuevos llamados insurreccionales o para un desconocimiento del evento electoral y, por lo tanto, empuja al gobierno, a atrincherarse y a desconfiar de los actores opositores, lo que pone en serio riesgo los Acuerdos de Barbados, que buscan normalizar las relaciones políticas.
Como respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la suspensión temporal de una reunión con el Centro Carter, que busca participar, según los mencionados acuerdos, como un observador en el evento comicial.
Otros efectos, otras elecciones
Pero las sanciones también podrían traer otros efectos, esta vez en el ambiente electoral estadounidense y su campaña presidencial, que culminará en noviembre de este año. Pensamos explícitamente en el tema de la migración.
Cuando en enero, Washington fijó nuevamente las sanciones al oro, Caracas respondió suspendiendo el acuerdo migratorio establecido el año pasado, según el cual Venezuela recibiría a sus connacionales deportados por el gobierno estadounidense.
El tema de la migración en EE.UU. no es menor y ha estado muy presente en la precampaña, convirtiéndose en una de las puntas de lanza del candidato opositor Donald Trump. Si las sanciones volvieran a llevar a Venezuela a una situación de crisis, desabastecimiento e hiperinflación, es bastante lógico que empuje a la salida de sus ciudadanos, lo que podría complicar el panorama para Washington.
Así las cosas, las medidas tomadas por Washington pueden generar diferentes consecuencias en Venezuela, en Europa y en el mismo territorio de EE.UU. Queda por ver cómo cada actor elude esta nueva situación provocada por las intenciones de tutelaje sobre la soberanía venezolana.
Ociel Alí López* es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ganó el Premio Municipal de Literatura otorgado por el municipio Libertador de Caracas por su libro ¡Dale más gasolina! Chavismo, sifrinismo y burocracia (2015) y la beca internacional Clacso/Asdi para jóvenes investigadores (2004).
Este artículo ha sido publicado originalmente en el portal RT
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