La desaparición y asesinato de la activista Rosa Elvira Flores Martínez, cuyo cuerpo fue encontrado en el departamento de Sonsonate, donde desarrollaba su militancia en favor de mujeres, niñas y niños desprotegidos por una sociedad patriarcal y un gobierno misógino, constituye no solo un drama para la familia, para sus compañeras y compañeros de lucha, sino para la conciencia de una sociedad que lleva ya demasiado tiempo dormida por el opio del conservadurismo extremista, la manipulación y el odio como instrumentos de dominación.
El gobierno y sus marionetas en los diferentes órganos de poder intenta presentar este feminicidio como un misterio y eludir su responsabilidad. Pero para Rosa Elvira, como para los muertos y desaparecidos que se reportan cada día y de manera creciente, existe un responsable. Ese es, por acción o por omisión, el mismo gobierno que grita a los cuatro vientos que el país es seguro, pero que cuando secuestran y matan gente, alega demencia, así como niega responsabilidad en los más de 200 casos de muerte de personas en manos del Estado desde que se implantara el eterno régimen de excepción.
Este gobierno desplaza cinco mil efectivos militares para intimidar a una población campesina, mayoritariamente opositora, en el departamento de Chalatenango. Cuatro de los distritos cercados militarmente fueron ganados por el FMLN en las recientes elecciones, a pesar del fraude y la matonería imperante en el proceso. Usa la excusa de perseguir pandilleros en una zona donde los pobladores afirman llevar más de siete años sin pandillas, y muchos más sin reportar hechos de violencia gracias a la activa y permanente organización comunitaria, pero es incapaz de buscar con éxito a una activista cuya desaparición fue tempranamente denunciada a las autoridades.
No lo hace porque ha demostrado con creces que no le interesa la vida de quienes se le oponen, de quienes siembran conciencia en el pueblo, quienes enseñan a defender derechos conquistados y arrebatados por este gobierno usurpador e ilegítimo. Implementa medidas intimidatorias porque quiere un país sin disenso, de silencio opositor permanente, sea por miedo, por cárcel o por tumba, para que nadie levante una voz de denuncia.
La respuesta popular resulta imprescindible
La secta que gobierna El Salvador no respeta leyes; se siente impune. Le duele, sin embargo, la crítica internacional y el periodismo independiente, por eso los desprecia. Los demagogos alardean en sus discursos, pero sus acciones revelan que a nada temen tanto como a la posibilidad de que el pueblo se organice y despierte del letargo en que lo sume su permanente operación de manipulación.
Al creerse por encima de las leyes, el clan familiar piensa que éstas solo se aplican a sus súbditos, porque así es como ven al pueblo, tanto al sector que lo adula y alaba, seducido por operaciones masivas de propaganda somnífera, como aquella parte digna, pensante, rebelde, que resiste, muchas veces en silencio a la ofensiva brutal, basada en la fuerza militar, el autoritarismo y la represión selectiva contra quienes cuestionen el discurso único del Ejecutivo.
Aún en los tiempos oscuros y confusos que viven muchos pueblos de Nuestra América, incluida la realidad salvadoreña, es necesario entender que la ofensiva general de la extrema derecha en el continente solo será detenida y aplastada con la respuesta poderosa de la fuerza movilizada de los pueblos organizados.
En El Salvador esto no puede leerse sino como la urgencia del inicio de un acumulado de movilizaciones de protesta de lo pequeño a lo grande, desde la defensa de lo local y cercano hasta lo más amplio y nacional, confrontando aquel “tigre de papel” que se escuda en la fuerza militar desplegada como instrumento de disuasión e intimidación. Superado con la movilización popular ese obstáculo, destruido el fin disuasorio preconcebido, la razón de ser de esos despliegues militares habrá cesado.
Regresemos al caso de la trágica pérdida de Rosa Elvira, cuya vida y muerte debe convertirse en un símbolo de resistencia y de lucha, como continuidad de su propio ejemplo. Que su sacrificio sea un parteaguas depende de ese mismo pueblo al que ella defendió.
No se trata de palabras, declaraciones o conferencias de prensa, se trata de hechos; no se trata solo de denunciar su muerte, rompiendo un silencio sospechosamente conveniente cuando se trata de dejar en el limbo la muerte de una luchadora popular. No basta con las esquelas, aunque sean siempre necesarias.
Se trata de empezar a ejercitar el músculo hoy atrofiado de la movilización popular, de la protesta, permitida o no. Autorizada o no. Porque resulta evidente que el régimen solo entenderá con la gente en la calle de manera continua y permanente, con contingentes cada vez mayores, que expresen su repulsa a estos crímenes, que griten su desprecio a un gobierno que no solo desprecia las leyes sino a quienes no bailan al ritmo de una oligarquía reconstituida, infame réplica de aquella fuerza que sufragó, alentó e impulsó la represión generalizada, antesala del conflicto armado que hoy sus descendientes pretenden negar.
El gobierno de la excepción
A dos años ininterrumpidos de régimen de excepción, vemos diputados oficialistas haciendo gala de escasez de luces y servilismo crónico al afirmar en plenaria legislativa su disposición a aprobar la renovación de la medida “el tiempo que sea necesario”, sin cuestionamiento alguno, cada vez que el Presidente lo pida.
Mientras tanto, la violación sistemática de DDHH en el país, especialmente al calor de los abusos que permite el régimen de excepción, es condenada sin contemplaciones en el mundo, y desde las Cortes Internacionales se recuerda a los personajes que integran el gobierno, que las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad son personales e individuales, que esas causas no prescriben y que, por lo tanto, tarde o temprano serán juzgados, y muchos de ellos -incluyendo diputados y oficiales serviles- condenados.
A esto debemos sumar las denuncias de organismos defensores de DDHH en El Salvador, que señalan la arbitrariedad de las detenciones, el alto número de inocentes encarcelados, las torturas, maltratos y muertes, la inexistencia al derecho a una defensa justa, y la impunidad y discrecionalidad del corrupto director de Centros Penales, que ignora órdenes de libertad emitidas por jueces.
Urge un plan de lucha
La lucha contra un régimen ilegal e injusto no puede ni debe restringirse al ámbito de los derechos humanos ni a los organismos que lo denuncian, sino que debe necesariamente ampliarse al enorme espectro de derechos del pueblo aplastados y pisoteados por quienes se han hecho con el poder hace cinco años y han decidido no soltarlo, aunque para ello deban violar, como lo hacen, leyes y reglas fundamentales que albergaron la coexistencia social pacífica durante los previos 30 años.
Esa lucha debe incluir la defensa de la dignidad, vapuleada a diario por cada funcionario que, escudado en sus fueros, miente cínicamente en la cara de la gente a la que debe no solo respeto sino obligación de decir la verdad acerca de los asuntos del Estado y del uso de recursos por el gobierno.
Entre los mentirosos mayores del régimen figura sin duda el vicepresidente Félix Ulloa, convertido en especialista en lanzar globos de ensayo fabricados en CAPRES. De allí surge la propuesta de apropiarse indebidamente, mediante algún artilugio legal, del fruto del trabajo de la diáspora, a través de las remesas, del mismo modo que ya lo hacen con el robo institucionalizado de las pensiones.
El mismo personaje no tiene empacho en sugerir otra reforma ilegal de la Constitución para asegurar la reelección permanente. También fue él quien esbozó la tesis de guerra interna en materia de seguridad ciudadana para justificar “las víctimas inocentes que hay en cualquier conflicto”. La desfachatez, el cinismo con que expresa y justifica medidas profundamente antipopulares, excusándose en supuestas decisiones soberanas, solo confirman el desprecio hacia ese pueblo del que se llenan la boca estos funcionarios al servicio de sus intereses personales, de la burguesía que los mantiene, y del imperio que los respalda en tanto instrumentos del despojo nacional.
Mientras esos personajes se nos ríen en la cara, se siguen acumulando razones para la protesta, para el reclamo, para la organización y la lucha desde las calles, para la defensa de la vida, que se nos va en una canasta básica disparada; en la falta de oportunidades laborales, en la desesperanza de la juventud, en una salud pública con carencias interminables, donde más de un millón de personas dejaron de recibir terapias ambulatorias y otros tratamientos, mientras sigue en espera eterna la construcción del hospital Rosales.
La economía se desmorona y el Estado abandona sus obligaciones; en educación, las últimas pruebas PISA, que miden el estado de la educación a nivel mundial, colocaron a El Salvador en el lugar 78 de 81 países, con resultados deficientes en ciencia y matemáticas, lo que desmiente la narrativa oficial de insertar el país en la revolución tecnológica. El 18% de los estudiantes entre 15 y 16 años dijo haber dejado de comer al menos una vez por semana porque no había dinero en casa y el 3% tuvo que dejar de comer 2 o 3 veces por semana. Según PISA, solo los estudiantes de Guatemala, Indonesia, Marruecos y Camboya enfrentan más precariedad que los salvadoreños.[1]
El abandono educativo se demuestra también en el virtual desmantelamiento de la Universidad de El Salvador como único centro público de estudios superiores, a través de la asfixia financiera de un gobierno que sigue sin honrar las decenas de millones de dólares que le adeuda.
Nos sobran las razones, no solo para la resistencia sino para la lucha en todos los terrenos. Para los gurús de las redes sociales, para los neofascistas posmodernos, que piensan la política como un método para idiotizar conciencias, solo lo que aparece en el ciberespacio existe. El pueblo deberá demostrarles que no hay nada más poderoso que la calle, la movilización, la protesta ciudadana, el reclamo por lo justo, la organización política del pueblo y su partido. Los mensajes en las redes solo serán útiles para la resistencia popular cuando se transformen en acción, porque es la acción directa del pueblo lo que los demagogos más temen.
Será en la calle, con el pueblo organizado con audacia, pero con inteligencia, con sigilo y perseverancia, tejiendo las redes de la unidad popular en todos los terrenos, como sucediera muchas veces en la historia heroica de El Salvador, que las vidas de líderes y lideresas populares como Rosa Elvira no pasarán al olvido.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Jorge Menjivar
Referencias:
[1] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/18–de-estudiantes-en-El-Salvador-no-comio-al-menos-una-vez-a-la-semana-por-falta-de-dinero-20231210-0049.html
