Conclusiones de la Abogada General del TJUE
– El Frente POLISARIO avanza decisivamente en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui
El 21 de marzo de 2023, la Abogada General Tamara Capeta ha publicado dos series de conclusiones en asuntos referentes al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, relativos al origen saharaui de los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental ocupado y a los acuerdos de pesca UE-Marruecos y de ampliación de las preferencias arancelarias, que el Tribunal anuló en septiembre de 2021.
En cuanto al origen de los productos agrícolas (asunto C-399/22), la Abogada General concluye que, habida cuenta del estatuto separado y distinto del territorio saharaui, en virtud del derecho a la autodeterminación, «los melones y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental deben llevar en su etiquetado una referencia al «país de origen» que refleje su procedencia de dicho territorio. Estos productos no pueden indicar Marruecos como país de origen». Transponiendo la jurisprudencia del Tribunal sobre los productos procedentes de los asentamientos de la Palestina ocupada al caso del Sáhara Occidental, esta solución ilustra la cercanía entre la causa del pueblo saharaui y la del pueblo palestino.
Por lo que respecta al Acuerdo de pesca (asuntos acumulados C-778/21 P y C-798/21 P), la Abogada General concluye que debe desestimarse el recurso del Consejo y de la Comisión. En su opinión, «al no considerar el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes al mismo como separados y distintos de las de Marruecos, el Consejo no ha respetado el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental». Esta situación es, por tanto, contraria al principio de autodeterminación consagrado por el Tribunal en su histórica sentencia de 21 de diciembre de 2016.
Por último, en relación con el acuerdo sobre la ampliación de las preferencias arancelarias (asuntos acumulados C-778/21 P y C-798/21 P), la Abogada General recuerda que el pueblo saharaui, como titular del derecho a la autodeterminación e independencia, tiene «personalidad jurídica en Derecho Internacional». En este contexto, reconoce el derecho del Frente POLISARIO a emprender acciones judiciales para «defender la integridad territorial del Sahara Occidental».
Sin embargo, sin rechazar el procedimiento, la Abogada General considera que la decisión del Consejo fue anulada erróneamente puesto que otras obligaciones derivadas del derecho a la autodeterminación pueden ser relevantes, recomendando así que el asunto sea devuelto al Tribunal para que se pronuncie sobre este aspecto.
En el mencionado contexto, se hace una desafortunada referencia al concepto de «potencia administradora de facto», que el Tribunal rechazó en 2018. Y con razón: mientras ha negado la existencia misma del pueblo saharaui durante más de 50 años, la potencia ocupante marroquí no tiene derecho a expresar opinión alguna al respecto. Contrariamente a anteriores sentencias del Tribunal, esta referencia es una aberración jurídica que ignora los principios mejor establecidos del Derecho Internacional de descolonización.
El Frente POLISARIO ha tomado nota de los progresos realizados. Es necesaria cierta cautela, ya que se trata de las conclusiones de la Abogada General, no de las sentencias del Tribunal. Para ello, habrá que esperar unos meses. Sin embargo, en esta batalla jurídica que comenzó hace diez años, se han hecho grandes progresos. No se discute la admisibilidad de las acciones judiciales del pueblo saharaui y la Abogada General retoma los argumentos del Frente Polisario sobre el derecho a la autodeterminación y el derecho a la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Todo ello se inscribe en una jurisprudencia favorable al pueblo saharaui, que se confirma paso a paso.
Antecedentes
La Abogada General de la UE, la coroata Tamara Capeta, había recomendado el jueves 21 de marzo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule la decisión del Consejo de la UE por la que se confirma el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Había pedido además que confirme la sentencia del Tribunal General por la que se anula la decisión tomada por los Estados miembros.
La abogada general sostiene que el Acuerdo de Pesca y el Protocolo de Aplicación «no cumplen el requisito» de tratar el territorio del Sáhara Occidental como «separado y distinto» del Reino de Marruecos.
Además, agrega, el hecho de no tratar por separado ambos territorios «puede repercutir en el derecho del pueblo saharaui a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio.
En enero de 2019, la Unión Europea y el Reino de Marruecos firmaron el Acuerdo el Acuerdo de pesca, junto con el Protocolo de aplicación. Dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo de la UE. Seis meses después, en junio de 2019, el Frente Polisario, en representación al pueblo saharaui, solicitó la anulación de la Decisión del Consejo ante el Tribunal General.
En el recurso interpuesto, el Frente POLISARIO alega que el Consejo Europeo no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En su sentencia, el Tribunal General anuló la decisión del Consejo. En 2021, tanto la Comisión como el Consejo interpusieron un recurso ante el TJUE.
La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón.
Este artículo ha sido complementado con informacion del portal ecsaharaui.com/
Foto de portada: Pescadores de almadrabas suben un par de atunes de una piscina, en Zahara de los Atunes. EFE/Jorge Zapata/Archivo
