Esa realidad no se altera con grandes discursos triunfalistas, con promesas de obras faraónicas, ni con embrutecedores espectáculos como distractores masivos.
La posverdad que funciona en la política
Una forma de mentira que en psicología se conoce como “ilusión de verdad” es ampliamente usada en el mundo de la política a partir de la penetración de la llamada posverdad, donde los hechos objetivos, las evidencias, las pruebas son menos importantes a la hora de formar opinión pública que la apelación a las emociones.
La comunicación política usa y abusa de la emoción sobre la racionalidad. Así oímos en campaña aquello que la gente quiere escuchar, sin importar demasiado si las promesas resultan de imposible cumplimiento, o si se trata de ilusiones que harán soñar a un «mercado de votantes» con la ilusión de pertenecer a un mundo hasta entonces considerado imposible de alcanzar.
Se les dirá para ello que los que gobernaron antes les negaron el derecho a acceder a determinadas condiciones, y se presentarán como los únicos que pueden hacer realidad esos sueños. Si la nación está en evidente crisis, y las condiciones materiales de las mayorías son innegablemente deplorables, se prometerá un futuro próspero, advirtiendo que deberán pasar primero por serias dificultades.
En algunos lugares hablarán de “medicinas amargas” pero transitorias; en otros se vaticinará dificultades para todos, “equilibrando el sufrimiento” por un tiempo hasta que las cosas mejoren; habrá otros que prometerán que las desgracias las pagarán las “castas” o grupos privilegiados.
En todos los casos se trata simplemente de mentiras descaradas para obtener la confianza de votantes llevados al límite y explotados en su confianza por estafadores profesionales que se hacen llamar políticos, especialistas y asesores de marketing electoral y comunicación política. Es la forma de hacer política de los burgueses, que además ha ido contaminando y descomponiendo el hacer político de muchos que alguna vez iniciaron desde la izquierda y decían defender intereses populares.
Son parte de la peor calaña de la humanidad, porque sus mentiras condenan a la muerte por hambre, por guerras, por prisión, por olvido y exclusión a millones de personas en el mundo, que previamente les otorgaron su confianza a través del voto.
Son delincuentes, pero jamás irán a la cárcel por esos delitos. Si algún día son condenados, lo serán por otro tipo de crímenes, más relacionados con pérdida de confianza o traiciones a grupos mucho menos numerosos e infinitamente más poderosos, como le sucede hoy al hondureño Juan Orlando Hernández, y a varios otros altos funcionarios caídos en desgracia ante poderes de alcance mundial.
Esto último será bueno que lo recuerden algunos mandatarios y altos funcionarios en ejercicio a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, empezando por El Salvador. En ese submundo, rodeado de brillo y glamour, pero profundamente podrido y corrupto, las caídas en desgracia son tan frecuentes como los ascensos vertiginosos.
La posverdad que no encaja en la economía
Las mentiras del marketing político presentadas como posverdad, se aplican bien a la política, pero encajan muy mal con la economía.
En un reciente informe de la unidad de Investigación financiera de The Economist, que estudia el caso de El Salvador y las perspectivas para 2024, citado en un trabajo de CNN en español[1], se señala que:
«En la narrativa gubernamental hay un discurso de que somos un paraíso para atraer inversiones, y que todo el mundo está peleando por invertir en El Salvador. Pero lo que las cifras oficiales del Banco Central de Reserva dicen es que no estamos atrayendo inversión extranjera directa», sostiene el análisis.
«Se llega a mencionar incluso el milagro salvadoreño. ¿El milagro de qué? De acuerdo con las cifras oficiales, este milagro no existe. Los indicadores macroeconómicos del país nos dicen que ese milagro económico no existe».
[…]»la actividad económica seguirá enfriándose [en 2024] a medida que el aumento brusco y sincronizado de las tasas de interés mundiales surtan mayor efecto». The Economist no confía en que se materialice un acuerdo entre San Salvador y el FMI «dado el historial de heterodoxia macroeconómica del Gobierno, como lo ilustra el uso oficial de bitcoin como moneda de curso legal». Sin eso, son pocas las probabilidades de impulsar un mayor desarrollo de infraestructura.
Es esa dura realidad la que no puede ser vestida/disfrazada/disimulada a fuerza de posverdad, porque es imposible negar las enormes dificultades de la población para afrontar el día a día desde una informalidad que supera el 70% de la fuerza productiva, con el consumo como motor artificial de una economía asfixiada. Artificial porque ese consumo no se asienta en la producción, ni en inversión extranjera o empleo, sino en las remesas provenientes, sobre todo, de EEUU, y que superaron en el año 2023 el PIB nacional[2].
Según los datos del BCR, los salvadoreños que viven en el exterior enviaron el año pasado a El Salvador $8,181.8 millones en remesas. Eso implica que el envío creció un 4.6% comparado con lo recibido en 2022, cuando fueron $7,819 millones.
La inflación es otro dato que el gobierno se empeña en maquillar, subrayando “desaceleraciones”, que no pueden ocultar que en la economía familiar cada día se compra menos con igual cantidad de dinero.
Según un reciente informe sobre inflación presentado por el Banco Central, el rubro restaurantes y hoteles registró un alza de 5.70%, el mayor incremento en el índice de precios al consumidor (IPC), que es el indicador para medir la inflación; por otra parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son de las que más inciden en la población, cerraron con un alza de 2.15%.
Reformas para atraer dinero a un tesoro vacío
Como venimos señalando, el endeudamiento público sigue desbocado, y si se desacelera no es por algún impulso gubermamental para restringir el gasto, sino porque las entidades financieras mundiales han ido cerrando el grifo monetario de manera constante. La última noticia al respecto provino del BCIE, el mayor financista multilateral del Gobierno. Su nueva presidenta ejecutiva, Gisela Sánchez, aseguró en la primera semana de marzo, que se frenará la inversión a El Salvador. El 43% de los préstamos de multilaterales al país corresponden al BCIE.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 11 de marzo, como es habitual, sin discusión y en tiempo record, reformar la Ley de Impuestos sobre la Renta, exonerando de ese pago el ingreso de fondos de remesas familiares, repatriación de capitales y rentabilidades de inversiones en títulos valores.
Aunque el gobierno se empeña en presentar la iniciativa como una acción en favor del pueblo, lo cierto es que los economistas coinciden en que la reforma busca atraer capital al país. Es de hacer notar que la recaudación de impuestos en febrero cayó $228.1 millones, respecto a enero pasado, según datos del Ministerio de Hacienda.
Para el economista Luis Magaña, se trata de “un modelo que tiene a la base una idea, que la decisión fundamental del movimiento de capitales para los inversionistas es el tema tributario”. Sin embargo “existe amplia evidencia que no es así”. “El Doing Business hace énfasis en la importancia de la cualificación de la fuerza de trabajo y la seguridad jurídica por encima de los impuestos”, sostiene.
Magaña hace referencia a una investigación del BCR, que señala que las inversiones que se estimulan con este tipo de reformas son de capitales rentistas. “Es decir, inversión que solo entra a los países para hacer uso de sus recursos, pero que no promueven el desarrollo de las fuerzas productivas de las estructuras locales. Son las que están más involucradas en salarios precarios, explotación de recursos naturales, despojo de tierras a comunidades”, puntualiza.
Sin seguridad jurídica los únicos capitales que puede seguir atrayendo El Salvador es el de la especulación, la explotación de recursos naturales y humanos, y el despojo. Eso no es nuevo, superada la pandemia de COVID-19 se dispararon las especulaciones monetarias, el lavado de capitales a través de cripto-activos, o la construcción y especulación inmobiliaria, que ha colocado la renta de la tierra para explotación urbana en valores equivalentes a países del primer mundo.
Así encontramos que el salario mínimo no llega a los $400 pero los alquileres en algunas zonas exclusivas del país llegan, o incluso superan los $4000 dólares mensuales. Hace mucho tiempo que los alquileres en torno a los $1000 dólares en barrios considerados de clase media alta han dejado de asombrar a la población.
Además de la gravedad en materia económica que enfrenta el pueblo salvadoreño debemos agregar la continua violación a los DDHH, la persecución a quienes los defienden, como el caso del encarcelamiento bajo régimen de excepción de Mónica Delgado, una madre buscadora de su hija desaparecida en 2022. Había participado en la marcha del 8M en San Salvador y fue detenida en su domicilio el 11 de marzo.
Se sigue persiguiendo a los pobres en lugar de combatir la pobreza, se expulsa a personal médico sindicalizado por ejercer su derecho laboral, mientras los hospitales colapsan con enfermos de dengue y de diarrea sin que el gobierno tome una sola medida paliativa seria.
Esa es la realidad de El Salvador que la posverdad no puede ocultar. Esos son los desafíos que un gobierno de publicistas, paralizado e inepto, intenta ocultar con propaganda y mentiras. Una realidad que, tarde o temprano, impondrá su fuerza para hacer caer la dictadura.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: AP
Referencias:
[1] https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/02/analisis-economia-principal-preocupacion-salvadorenos-crecimiento-lento-orix/
[2] Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva (BCR), los ingresos en remesas superaron por $271 millones la cifra recolectada en impuestos en todo 2023. Ver EDH
El último informe del BCR reporta que se han recibido $594 millones en remesas y que el 90% de esos fondos se destinan para consumo, 6.6% para educación y 0.4% para inversión.
