El régimen autocrático sigue rigiendo un Estado controlado por corruptos que sólo velan por los intereses y beneficios de la élite parasitaria aferrada al poder desde hace cinco años, dispuesta a continuar hasta extraer los últimos recursos de un país pobre y empobrecido, hambreado y miserable.
Las elecciones se desarrollaron bajo régimen de excepción, que limita derechos constitucionales, en un país militarizado hasta el último rincón, con informes de prensa contrastados que revelan complicidad gubernamental con el crimen organizado, las pandillas que dice combatir y las mafias internacionales del narcotráfico.
A las irregularidades registradas a lo largo de todo el proceso, se suman los múltiples incidentes producidos el día 4 de febrero que impidieron en diversos centros de votación la presencia de representantes de partidos opositores en las mesas. Durante el escrutinio -que aún continúa-, quedó de manifiesto la irresponsabilidad y complicidad con el oficialismo por parte del TSE, así como su incapacidad para garantizar las condiciones técnicas apropiadas para el desarrollo normal del proceso, provocando un retraso generalizado que obliga a desarrollar recuento preliminar y elaboración de actas de forma manual.
Se profundizan así las condiciones para el fraude, particularmente en la elección de diputados, como denuncian los mismos partidos, al quebrar todo mecanismo de transparencia y poder manipular arbitraria e impunemente los resultados.
Fraude sobre fraude
Esta semana se conoció la cínica afirmación del vicepresidente Félix Ulloa -convertido en usurpador a partir de su reelección inconstitucional-, quien reconoció en público -lo recoge el New York Times este 2 de febrero- que están desmantelando la democracia:
“A quienes dicen que estamos desmantelando la democracia, mi respuesta es Sí –[pero] no la estamos desmantelando, la estamos reemplazando por algo nuevo” [1]
La pregunta será ¿qué es “lo nuevo”? Como se viene demostrando a lo largo de diversas experiencias en América Latina, la democracia liberal burguesa apunta no solo un profundo desgaste como modelo de dominación, sino una abierta crisis que amenaza convertirse en terminal.
El modelo demoliberal burgués ya no resulta eficiente para las clases dominantes como herramienta de control social; crece la indiferencia y abstencionismo en los procesos electorales, también aumenta la preferencia por figuras y propuestas cada vez más disruptivas, intolerantes, superficiales y provocadoras, con promesas vacías que apelan a un público profundamente defraudado por gobiernos que los han hundido en el hambre, la inseguridad y el desasosiego.
A caballo de una democracia de la cual reniegan, conquistan gobiernos con el objetivo de establecer nuevas normas para ejercer su dominación y, eventualmente, transformarla en hegemonía. Así se puede interpretar la afirmación de Ulloa, que no se diferencia tanto de algunas promesas del entonces candidato Milei en Argentina, o afirmaciones de Trump en su carrera a las presidenciales de noviembre.
Quieren cambiar el modelo que no se ajusta a sus necesidades por uno autoritario, que concentre en sus manos la totalidad del poder temporal. Lo está exigiendo Milei a fuerza de chantaje, amenazas y compra de voluntades en el Congreso argentino.
En El Salvador, esa etapa de eliminación de la separación de poderes establecidos en los sistemas parlamentarios republicanos ya fue completada en el primer periodo presidencial. Hoy se trata de consolidar el modelo centralizado para garantizar, a fuerza de militarización en las calles, control y manipulación en los medios, y gestión absoluta del poder judicial y legislativo, así como del resto de poderes derivados, una adecuada implementación de un modelo contrarrevolucionario, asentado en la estabilización capitalista neoliberal dependiente en su forma más concentradora, especulativa y extractivista, y la participación del país como pieza menor en la geopolítica.
En este último sentido, El Salvador retorna a las filas de países alineados con Washington en su política de redespliegue neocolonial de carácter defensivo estratégico en la región, y retoma el papel de retaguardia del sistema. Los movimientos en la región colocan a El Salvador junto con Guatemala como países donde Washington se asegura lealtades a cambio del respaldo a ambos gobiernos. En el caso de Guatemala, la decisiva participación del Departamento de Estado en apoyo directo del entonces presidente electo Bernardo Arévalo frente a la ofensiva oligárquica nativa, parece garantizar el alineamiento guatemalteco durante los próximos años.
La visita a El Salvador, en octubre de 2023, del subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dando su beneplácito a un proceso de reelección abiertamente viciado y anticonstitucional, que había sido hasta entonces cuestionado severamente desde la Casa Blanca, fue la clara señal del cambio de aires y lealtades en San Salvador. No existe, sin embargo, confianza mutua, sólo intereses comunes.
Hoy, a pesar de una carta firmada por un reducido número de legisladores demócratas, dada a conocer estos días, en la que se cuestiona el proceso, se insta a la administración Biden a vigilar el respeto a los DDHH y a revisar sus relaciones diplomáticas y de cooperación, prevalece una complicidad silenciosa de Washington respecto a la violación de normas constitucionales, el irrespeto a las reglas de juego electoral y demás vicios por todos conocidos.
Con total impunidad se acumula fraude sobre fraude, listados interminables de quejas de la oposición, denuncias irrefutables, advertencias y denuncias de observadores electorales internacionales que se encuentran en El Salvador desde principios de año, y que incluso el 4 de febrero vieron obstaculizada su labor en más de una ocasión.
Entre las denuncias que destacan los organismos internacionales y los medios figura la entrega de paquetes alimenticios yútiles escolares a domicilio “de parte del presidente”, a pesar de estar prohibido según la regulación electoral; el voto en el exterior con pasaporte,aunque esté vencido, en lugar del reconocido documento único de identidad; violación del silencio electoral de 3 días previo a los comicios, que sin embargo no se implementó para los votantes en el exterior porque elTSE no reguló este proceso.
Masiva presencia militar desplegada a escala nacional pocos días antes de las elecciones; inauguración de obras públicas y su publicitación en tiempos prohibidos por la legislación electoral; campaña adelantada y la posterior al silencio electoral ante un Tribunal Electoral ciego, sordo y mudo, cooptado y sumiso ante el poder Ejecutivo; el uso de fondos públicos por parte del partido de gobierno y sus socios, mientras se ahoga financieramente al resto de partidos al negarse a entregar la llamada deuda política para que puedan financiar sus campañas; el ilegal retiro de propaganda de partidos de la oposición por funcionarios del partido oficial, utilizando los recursos del Estado y fuerzas policiales locales, entre muchas otras que podríamos citar.
Pero no ha habido un fraude mayor que aquel de buscar una reelección mediante interpretaciones maniqueas de una Constitución que es clara hasta la redundancia a la hora de prohibir cualquier reelección presidencial consecutiva, previendo para quien lo intente y quienes lo apoyen la pérdida de sus derechos ciudadanos.
Es en esas condiciones que la ciudadanía fue a expresar su decisión, sabiéndose vigilada, manipulada y condicionada desde las redes sociales y los medios, que auguraban que sin la reelección y sin una renovada mayoría absoluta parlamentaria, la oposición vaciaría las cárceles de criminales que asolarían las calles. Nada dijo de esta patraña publicitaria la autoridad electoral, nada investiga, y no lo hará superado el proceso, a menos que se trate de imponer sanciones a la oposición.
Hambre y corrupción más allá de las elecciones
La oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés), adelantó elementos de su Plan de Respuesta Humanitaria 2024 para El Salvador, próximo a publicarse. Casi el 56% del 1.1 millón de personas identificadas en situación de precariedad son mujeres. «Al menos 611,000 mujeres necesitan asistencia humanitaria debido a los efectos combinados de la inseguridad alimentaria, oportunidades de sustento limitadas, poder adquisitivo reducido y violencia de género«.
Ante el drama del hambre, esta semana también se conocieron noticias acerca de los niveles de corrupción del grupo en el poder y sus lacayos. Luego del robo institucional a los jubilados aprobado desde el Legislativo, impidiendo que los pensionados pudieran adelantar el retiro de parte de sus ahorros, se conoció que el Banco Hipotecario (BH) recibió un salvavidas de 280.4 millones de dólares de las AFP, que adquirieron esa deuda millonaria en títulos emitidos por el banco estatal, perjudicando la rentabilidad de ahorros de cotizantes.
Para completar esta radiografia de la corrupción, se conoció también el informe detallado[2] de los préstamos millonarios otorgados por el mismo BH en condiciones extremadamente laxas y sin control alguno, favoreciendo a un grupo de diputados y altos funcionarios del gobierno, así como a integrantes del clan familiar en el poder.
Son al menos $4.9 millones en créditos estatales del BH concedidos a 27 funcionarios y 3 primos del presidente. 22 de esos créditos para adquirir inmuebles en zonas privilegiadas de El Salvador, desde terrenos en la playa y lujosas residencias en la capital, hasta lotes en las faldas del volcán de San Salvador.
Entre los beneficiarios de los créditos están el presidente y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y Suecy Callejas, ministros del gabinete de Gobierno, secretarios de la Presidencia y otros diez diputados de Nuevas Ideas que también buscaban la reelección este 4 de febrero. La propia presidenta de la junta directiva del BH durante el periodo en el que se concedieron los créditos, Celina María Padilla de O’Byrne, fue una de las prestatarias.
Ni libres, ni limpias, ni justas, ni democráticas
Ese es el régimen “renovado” este domingo 4 de febrero. En esas condiciones de persecución, manipulación, desinformación, militarización, restricción de derechos, hambre y fraude generalizado, la ciudadanía asistió a las urnas.
La primera etapa de estas elecciones está aún en desarrollo en medio de innumerables irregularidades que favorecen todo tipo de manipulación por parte de un oficialismo que controla ilegítima y abusivamente todos los mecanismos que deberían garantizar una transparencia ausente en todo el proceso.
En esas condiciones, podemos hablar de dos victorias, una de ellas ilegítima, la de quien con trampas, mentiras y fraude afirma haber alcanzado el mayor número de votos para imponer a sus inconstitucionales candidatos.
La otra es la victoria política del partido que, sin recursos y bajo asedio de un poder coludido para destruirlo e impedir su existencia, se afianza como la segunda fuerza política en el país, no solo electoral sino por su presencia activa en el territorio. La única capaz de enfrentar, desde los territorios y las calles, al fascismo envalentonado que se prepara para seguir reprimiendo y hambreando a un pueblo que encontrará en el FMLN las banderas, las energías y las herramientas para combatirlo.
La batalla del 4 de febrero no ha terminado, y se prepara ya la del 3 de marzo para la disputa municipal. Vendrán en adelante nuevos desafíos y nuevos combates contra la imposición, el autoritarismo, la impunidad y el abuso de poder.
La lucha, continúa.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: AFP
Referencias:
[1] https://www.nytimes.com/2024/02/02/world/americas/el-salvador-bukele-election.html
[2] Los $4.9 millones en créditos estatales del Banco Hipotecario para 27 funcionarios y 3 primos de Bukele
