El levantamiento militar y civil del 4 de febrero de 1992 no se puede interpretar como una acción fuera de un contexto de hambre y represión que había encontrado su epicentro en la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 conocida popularmente como “El Caracazo”.
Para este momento se aplicaba en nuestra región una experiencia política y económica caracterizada por la implementación de las recetas económicas dictadas por la “escuela de Chicago” de George Stigler y Milton Friedman, en el marco del colapso del sistema del “socialismo Real” y la caída de la URSS. Era la época de los líderes imperialistas Ronald Reagan y Margaret Thatcher, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, dando vida al llamado Consenso de Washington.
En esa Venezuela ahogada por las deudas desde el fatídico “viernes negro” en el gobierno de Luis Herrera Campins, el Fondo Monetario Internacional (FMI), exigiría el saneamiento fiscal, con ajustes tremendos a las condiciones de vida de los sectores populares que venían padeciendo las graves consecuencias de procesos hiperinflacionarios, que destruían las economías regionales y generaban grandes bolsones de pobreza y desocupación, acentuando la desigualdad y consagrando a la especulación financiera sobre el capital productivo.
Según una investigación realizada por el economista Hugo Contreras, publicada por la Revista Economía Nº 4, 1989, “En el año 1988, según estimaciones autorizadas, el servicio de la deuda alcanzaría alrededor de USA $ 5.000 millones, más del 50% del valor de las exportaciones, las cuales se calculan en USA $ 9.800 millones (8.400 millones por petróleo y 1.400 millones por otras exportaciones). El déficit de la balanza de pagos se estima para este año en 4.000 millones de dólares; en el supuesto de que se logren nuevos préstamos e inversiones extranjeros, dicho déficit se reducirá, de lo contrario, el desequilibrio externo podría llegar a magnitudes considerables que no podrá sostenerse por más de un año, a expensas de las reservas monetarias” [1]
En esa Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el gobierno recién asumido, decidió acompañar las políticas fondomonetaristas con una serie de medidas económicas que comprendían una liberación de las tasas de cambio y una devaluación de la moneda de 170%, que impactaron negativamente sobre la sociedad y que generaron la repulsa de la población, que al salir a las calles a reclamar por la implantación de estas medidas económicas que nada tenían que ver con las promesas de campaña del candidato socialdemócrata, encontraron la criminal represión de un régimen que presumía de ser democrático.
Bien vale recordar algunos datos para contextualizar la situación que años después desencadenaría la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992.
Principales medidas aplicadas por Carlos Andrés Pérez en febrero de 1989 [2] al imponer su programa de reformas llamado “El Gran Viraje”.
• Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4.500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
• Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.
• Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
• Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
• Liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
• Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
• Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.
• Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %.
• Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo.
• Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
• Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.
• Congelación de salarios y cargos en la administración pública.
Las consecuencias por la aplicación de este paquete de medidas fue una masacre sin precedentes en la historia del país caribeño con un saldo de 276 muertos y más de 3.000 desaparecidos, a manos de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional.
Sobre estos acontecimientos recogemos el testimonio del entonces Mayor Hugo Chávez Frías que relataba, “Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles. Y le digo: ‘Mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a parar al pueblo’. ‘¿Pero ¿cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, como así fue”
Para 1992, la situación de Venezuela se caracterizaba por un proceso de descomposición multifactorial al cual la “democracia representativa” no podía dar respuestas por estar cooptada por el alineamiento incondicional al “Consenso de Washington” y trasversalizada por una corrupción endémica de la cual, años después, tendría que dar cuenta Carlos Andrés Pérez.
Como bien lo refleja el trabajo realizado por Miriam Kornblith en su ponencia “Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y viejas reglas de juego” [3]
“A raíz de la crisis del modelo rentista, se pusieron en marcha procesos de reestructuración del sector público, como la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal y tributaria, la liberación de las tasas de interés, la unificación del mercado cambiario y la desregulación de la política comercial.
El Gran Viraje, programa de transformación estructural propuesto por el gobierno del Presidente Pérez, intentó la redefinición de las prioridades, mecanismos y reglas de la acción estatal. Los nuevos lineamientos también afectaron a la industria petrolera, a través de la política de apertura, mediante la cual se procedió a incorporar capitales privados, locales y extranjeros, en diversas fases del negocio petrolero.
El contexto de escasez de recursos genera tensiones y frustraciones, que no son fácilmente canalizables a través de mecanismos, instituciones y reglas originalmente diseñados para tiempos de abundancia. La negociación para poner en marcha estas modificaciones ha sido lenta y conflictiva, y ha estado caracterizada por las marchas y contramarchas. El modelo rentista, tanto en su dimensión estrictamente económica, como en sus consecuencias más difusas en los ámbitos cultural, institucional e ideológico permea a la sociedad venezolana y al proceso de formulación de políticas públicas”.
Como consecuencia de esta realidad, el deterioro en las condiciones de vida de inmensos sectores populares en todo el país para el momento del levantamiento del 4 de febrero de 1992, arrojó los siguientes resultados, recogidos por Neritza Alvarado Chacín en su trabajo “Pobreza y crisis en Venezuela” [4]
“El deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana en los ’80 y ’90 permite entender los elevados niveles de pobreza registrados a consecuencia de la crisis y las medidas de ajuste. Independientemente de las opciones metodológicas adoptadas para su definición y medición, destaca el incremento de las familias que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas y pese a la diversidad de cifras, hay un relativo acuerdo en que al menos más de la mitad de la población vive en situación de pobreza. Sin embargo, más que una medición exacta, lo importante es visualizar los procesos y tendencias que se tejen detrás de las estadísticas. En este sentido, si bien la pobreza total crece en los ’80 y parece estabilizarse a inicios de los ’90, la pobreza crítica se ha incrementado más rápidamente y la pobreza extrema tiende también a aumentar. Otro hecho significativo es que la pobreza se eleva en hogares encabezados por personas con elevado nivel educativo, empleadas en el sector moderno de la economía. Asociado a esta tendencia se ha acuñado el término «neopobreza». Asimismo, se produce un reacomodo de los estratos sociales que se evidencia en el crecimiento de los estratos TI y V, registrándose así un proceso de polarización social”.
“Según CORDIPLAN (Método de Línea de Pobreza) para 1990 la pobreza total en Venezuela es de 66,0%, la pobreza extrema 32,0% y la pobreza crítica 34,0%. Para ese mismo año según la OCEI (Mapa de la Pobreza, Método de Necesidades Básicas Insatisfechas), el total de Hogares Pobres se ubica en 38,5% mientras que la pobreza extrema es de 16,3%. Finalmente, según FUNDACREDESA (Método Graffar modificado por el Dr. Hernán Méndez Castellano) para 1992 el total de familias en pobreza es de 78,2%, de las cuales 40,3% viven en pobreza crítica y 37,9 en pobreza extrema”.
Aquí tenemos la base material que determinó la acción cívico militar comandada por el líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, sus camaradas y la militancia popular para el desmonte de este esquema de dominación que pretendía eternizarse bajo la tutela de Estados Unidos.
“Compañeros: lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”, expresaba Chávez al dar por terminada la operación Zamora, y ese “Por Ahora” cobraba una dimensión histórica, pues Chávez, desde su concepción geoestratégica, entendía que las razones materiales que dieron origen a ese levantamiento subversivo, no se superarían dentro del estatu quo planteado dentro de la “IV República”.
Y ese “Por Ahora” se hizo presente ante cada batalla electoral e institucional, desmontando con laboriosidad la estructura centenaria de dominación, ampliando la democracia representativa con una nueva Constitución construida y votada como nunca antes por su pueblo.
Desde que Venezuela se convirtió en la República Bolivariana de Venezuela, con el comandante Chávez como presidente, el asedio de la derecha vernácula y fundamentalmente la norteamericana, mas allá de la administración que gobernara, ha sido constante, cruel y multifacético.
Durante 25 años la Patria de Bolívar ha sido un laboratorio en el que se experimentaron todo tipo de acciones destituyentes para retornar a esa nación rebelde al redil de naciones encuadradas en el espíritu morroista, que alienta la torpe idea de que América, nuestra América, es un apéndice de los norteamericanos.
Una torpe idea para quienes pensamos, como Alí Primera, que la Patria es el hombre, para quienes anhelamos y trabajamos por una Patria Justa, Libre y Soberana, hermanada al destino de los pueblos solidarios y pacíficos que pretenden construir un mundo mejor y para todos.
Ese “Por Ahora” es un himno que nos llama a la esperanza y a la constancia para alcanzar los objetivos planteados, es un estandarte que alerta al enemigo que una batalla perdida, no significa la pérdida de la guerra, y es la imagen de la soberbia colonialista rendida por la humilde voluntad de los pueblos que anhelan su liberación. Por ahora es para siempre.
Oscar Rotundo* Analista político, editor de PIA Global
Foto de portada: Maisanta La Guerrilla Digital/Facebook
Referencias:
[1]http://becker.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_04/Pdf/Rev04Contreras.pdf [2] Escrito por Enio Melean el día 27/02/2020. Publicado en Noticias [3] https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/8103/3/kornblith.pdf [4] Downloads/2335-Texto%20del%20artículo-2335-1-10-20140925%20(5).pdf
