Aunque haya gobiernos y personajes que parezcan empeñados en no dejar disfrutar a sus pueblos ni un día de paz, armonía y felicidad, es momento de afrontar el futuro con optimismo. Estos días sirven para recargar energías en compañía de amistades y familiares, preparándonos mejor para las resistencias que se vienen frente a esos gobiernos insensibles al sufrimiento de sus pueblos.
Si las acciones de una persona dedicada a la política deben medirse con una vara más alta que sus dichos, hay personajes que a través de sus hechos han demostrado ser dramáticamente incoherentes respecto a su discurso, impropio de quien supuestamente espera o aspira representar y defender los intereses del pueblo, porque al negar con sus acciones sus promesas y palabras, miente a ese pueblo del cual, con engaños, obtuvo su voto de confianza.
En estos días podemos encontrar muchos funcionarios que, sin haber cumplido con su palabra de responder a los intereses del pueblo, salen a mendigar votos con promesas que saben que jamás cumplirán. El tema viene a cuento cuando se conoce del cierre definitivo de al menos 18 Casas de la Cultura en diversas partes de El Salvador.
Dicen que el ser humano es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Esa premisa puede aplicarse a la hoy diputada, y aspirante a ser reelegida (¡!), Suecy Callejas, legisladora de Nuevas Ideas por el departamento de San Salvador, primera vicepresidente de la Asamblea Legislativa; fue durante dos años ministra de Cultura del actual gobierno; abogada y bailarina profesional, también fue secretaria de Cultura en la Alcaldía de San Salvador en la gestión del actual presidente como alcalde capitalino.
La revista feminista Alharaca ofrece un detallado perfil de la funcionaria, entre cuyas facetas destaca que es bailarina de ballet profesional, rubro en el que ha participado junto a Gabriela Rodríguez, actual primera dama de la República.
Cuando fungió como ministra de Cultura recibió fuertes críticas y acusaciones por haber, por ejemplo, permitido en enero de 2020, el uso de instalaciones oficiales como el Palacio Nacional, para que una corporación privada, la empresa Avianca, celebrara su aniversario; para esa actividad, además, se facilitó la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional, sin que jamás se dieran explicaciones del uso de esos recursos pertenecientes al pueblo salvadoreño, ni mucho menos si se obtuvo alguna retribución por esas “generosas” concesiones autorizadas por la entonces ministra, la misma que ese mismo año no movió un dedo para organizar algún tipo de ceremonia / homenaje al más importante hecho refundacional de la Patria, la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, al que Callejas así como su jefe presidente y el grupo de poder que lidera, intenta deslegitimar y negar, para construir una historia nacional a la medida de los nuevos poderes hegemónicos a los que disgusta la historia de luchas y victorias del pueblo salvadoreño, y que por ello pretende despojarlo de esos recuerdos.
Como ministra de Cultura también fue criticada por permitir la destrucción de sitios arqueológicos y con presencia de comunidades indígenas, para la construcción de complejos habitacionales, como en Tacushcalco, y represas hidroeléctricas, como en el caso del río Sensunapán. Durante la pandemia, su ministerio compró con sobreprecios, espejos para los baños de la institución, y gastó más de 25 mil dólares para afinar pianos, según reporta el informe detallado de la revista Alharaca.
En su primer día como diputada, introdujo la pieza de correspondencia para destituir, con dispensa de trámite, a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, consolidando el poder del clan familiar sobre los tres órganos del Estado.
Se podría suponer que una persona dedicada al ballet mostraría algún tipo de sensibilidad artística y particular valoración del hecho cultural y de la cultura en sí, así como de la promoción de esta por todos los medios posibles. A juzgar por sus posiciones de hace apenas dos años, parece que en su momento esas cuestiones le servían como particulares temas de promoción personal. Así, encontramos un mensaje en la red Twitter, que con fecha 26 de agosto de 2021, destacaba el papel de las Casas de la Cultura establecidas a lo ancho del territorio nacional desde los años ‘70 del siglo pasado. La funcionaria sigue hoy esclava de sus palabras de entonces:
«De un total de 160 (Casas de la Cultura) a nivel nacional, tendrán mobiliario, computadoras, internet, espacios remodelados y libros nuevos de autores salvadoreños y extranjeros, dejando atrás los folletos y libros viejos que dejaron las administraciones pasadas».
Pasado el tiempo encontramos hoy a la misma Callejas denostando la labor de las Casas de la Cultura que se comprometió a desarrollar. Desde medios masivos de comunicación se convierte en cómplice directa del aniquilamiento de ese esfuerzo.
Sus declaraciones constituyen un reconocimiento de su incapacidad y/o falta de palabra ante el contrato firmado en los hechos con su electorado, al prometer cosas que jamás cumplió y que hoy, lejos de plantearse enmendar la situación, prefiere lisa y llanamente sumar su voz para justificar el cierre de espacios culturales para el pueblo.
A mismo tiempo, se eliminan puestos de trabajo. Naturalmente, y como suele ser el modus operandi del gobierno, desde el ministerio de Cultura desmantelaron con arteras maniobras antisindicales toda la estructura gremial que operaba en defensa de la fuerza laboral en esa cartera, que fue despedida violando acuerdos internacionales firmados con la OIT y sin que el ministerio de Trabajo, al servicio de la patronal estatal, moviera un dedo en su defensa.
Poco acostumbrados a la reacción de sectores afectados, confiados en que sus mecanismos de propaganda embrutecedora podrían seguir jugando en su favor mientras aplastan derechos ciudadanos, parecieron sorprenderse con la inmediata reacción de importantes actores protagónicos del mundo de la cultura salvadoreña.
Y es que la situación toca las fibras sensibles de colectivos, artistas y escritores que rechazan el cierre de verdaderos espacios de formación artística para la población. Así, por ejemplo, el Colectivo de Artes Plásticas y Escultura Ix Yawal en un comunicado de prensa emitido en sus redes sociales expresó:
«Rechazamos energéticamente el cierre de Casas de la Cultura del país, estos sucesos se están llevando a cabo sin ninguna explicación lógica o argumentación firme que justifique el cierre de las mismas; ya que varias de ellas estaban en funcionamiento con talleres de Educación Artística de artes plásticas, música, poesía, danza, oratoria, teatro, escritores, etc. El abandono del Ministerio de Cultura es otro golpe bajo y retroceso alejándonos del patrimonio de nuestras raíces culturales, quitando oportunidades para la juventud y niñez que visitan estos espacios en donde los gestores culturales tratamos y luchamos muchas veces ad Honoren…».
El poeta salvadoreño Alfonso Fajardo, expresó en su cuenta de X:
«Esta es la importancia que le da a la cultura este Desgobierno: nada. Después de tirar a la basura las bibliotecas de las Casas de la Cultura, ahora las clausura.
El escritor Carlos Cañas Dinarte también alzó su voz desde las redes:
«A finales de agosto de 2021, una funcionaria me quiso contradecir y tuiteó que en una semana iban a empezar a funcionar las nuevas 30 Casas de la Cultura de las diez nuevas redes de bibliotecas de El Salvador. Sigo esperando ver esas infraestructuras en funciones, pero la realidad es que llevan 18 Casas cerradas».
La estrategia, en palabras simples, fue denunciada por un trabajador que, como casi todos ante este régimen, solo hablan desde el anonimato por miedo a las seguras represalias desde el poder:
«Fueron bien estratégicos porque primero desarmaron el sindicato del ministerio. Luego, este año no hubo asignación de presupuesto para talleres; los fondos de $2,000 que daban fueron congelados».
Así actúa un gobierno empeñado en asegurar su propia acumulación originaria como grupo de poder económico y político a costa del Estado, puesto éste a su disposición como un bien explotable, mientras el auténtico dueño, el pueblo soberano, sigue hundido en la miseria económica y sufre día tras día el desguace del Estado de Derecho, el desmantelamiento de las formas organizativas populares, la reversión de conquistas sociales, y el avance de su conversión en una amalgama inculta y sin educación.
Por eso cierran progresivamente áreas clave para la educación y la formación en todas sus expresiones, y las reemplazan con juegos y entretenimientos superficiales, como la “decorativa” e inútil Biblioteca Nacional, donde va la gente a tomarse fotos y mirar sin tocar, porque eso está prohibido.
Saben que un pueblo embrutecido es más fácil de dividir y manipular; y un pueblo manipulable es un pueblo fácil de dominar. Esa es la verdadera clave de lo que algunos entusiastas llaman pomposamente el “bukelismo”.
¿Para qué sirve un Presupuesto General de la Nación?
En El Salvador, para nada. Es irrelevante lo que aprueben diputados como la mencionada vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y el conjunto de sus sumisos colegas, que juegan el papel de achichincles presidenciales, sin derecho u opción a opinar, decidir o disentir, con la sola tarea de votar a favor de lo que llegue como orden ejecutiva desde CAPRES. Por eso la actual Asamblea Legislativa es ilegítima y juega un papel vergonzoso, que reniega de la democracia para someterse a los designios de un autócrata.
Por eso el presupuesto tampoco sirve para nada, porque no importa que el cuerpo legislativo apruebe 9 mil millones de dólares para utilizar en el año fiscal 2024, porque esa cifra será modificada sin discusión, y en la mayoría de casos con dispensa de trámite, para ajustarse a las necesidades injustificadas de gastos que se le ocurra al Ejecutivo. La historia así lo demuestra. En 2021, primer año con una Asamblea con mayoría de Nuevas Ideas, se realizaron 77 modificaciones, elevando en más de $1,000 millones el plan de gastos. En 2022, se produjeron 64 alteraciones para aumentar el presupuesto en $1,700 millones.
Este nivel de modificaciones hace que pierda todo sentido la Ley del Presupuesto General de la Nación como instrumento de control institucional y, sobre todo, de planificación de gastos.
Mientras los gobiernos anteriores debían justificar sus modificaciones al presupuesto, en virtud de no disponer mayorías parlamentarias suficientes, volviendo así más riguroso cualquier cambio que requiriese deuda (que exige mayoría calificada de 56 votos), hoy el control parlamentario absoluto desde el Ejecutivo favorece la modificación del plan de gastos con endeudamiento, sin siquiera discutir el tema.
Si se revisa la suma de los presupuestos de cada administración desde Alfredo Cristiani hasta la actualidad, es posible observar que el aumento por quinquenio se registra en torno a los $5,000 millones. Esa tendencia se rompió con el actual presidente millenial. La suma de todos los presupuestos de Salvador Sánchez Cerén fue de $26,822.3 millones, según datos oficiales. La correspondiente al actual periodo es de $39,784.3, es decir $12,962 millones más o, lo que es lo mismo, un 50 % de incremento.
Si la economía no crece a ese ritmo, el dinero no puede salir de impuestos, y debe surgir de endeudamiento. Eso es lo que hace este gobierno, que sigue teniendo los niveles más bajos de crecimiento económico de Centroamérica, como lo reconoce el Banco Central de Reserva (BCR), que afirma que el país crecerá apenas un 2.6% este año.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: twitter.com; imf; Tarik GOK
