El pasado 5 de octubre la prensa colombiana trae la infortunada noticia de que la Policía Nacional, Ejército y fuerzas antinarcóticos colombiana, cometieron un crimen atroz al asesinar al menos 9 campesinos y dejar más de 50 heridos, cuyo único delito era manifestarse por sus derechos. Marcha Patriótica y la Asociación de las Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA) en el departamento de Nariño, denuncian ante la comunidad nacional e internacional la masacre cometida por el Estado utilizando las fuerzas de la Policía y del Ejército contra las manifestaciones de las comunidades de la Zona de Alta Mira y Frontera del Corregimiento de Llorente del municipio Tumaco. Esta situación sienta un precedente que no se condice con la supuesta política de paz, que dice el gobierno que desarrolla y que va a contracorriente de los llamados Acuerdo de Paz firmados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno de Colombia.
Desde el pasado 28 de septiembre del 2017 en diferentes veredas del sur colombiano, los campesinos se han venido manifestando y exigiendo el cumplimiento de lo acordado sobre el tema de la sustitución de cultivos ilícitos, se trata del punto 4 de la Agenda acordada e incluida en los Acuerdos de Paz de La Habana y refrendado por las máximas instancias del Gobierno y las FARC-EP.
En respuesta a estos reclamos, entre los días 4 y 5 de octubre pasados, unidades adscritas al Ejército y Policía Nacional abrieron fuego contra dichas pacificas manifestaciones de los labriegos de las zonas mencionadas con el luctuoso resultado.
Importantes sectores de la sociedad colombiana habían puesto sus esperanzas en que estas lamentables y criminales acciones de las fuerzas del Estado no se repetirían y mucho menos después de que los integrantes de las FARC-EP entregaran sus armas, se concentraran en zonas y puntos controlados por el Estado, luego de lo cual se pasaría a proyectar la paz y tranquilidad ciudadana en Colombia, lo que permitiría lograr la necesaria reconciliación y trabajar por una paz estable, duradera, que deviniera en justicia social y prosperidad.
Pero los hechos acaecidos, no solo en Tumaco y el sur del país, sino en otras ricas e importantes zonas geográficas, donde los paramilitares actúan con total impunidad, como en el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Chocó y el norte antioqueño, indican que hay mucha distancia entre los Acuerdos de Paz y la preocupante realidad.
La historia contemporánea colombiana nos indica que el gran dilema de esa sociedad es mucho más complejo y de profundas raíces políticas e ideológicas que no es fácil de quebrar, porque existe una oligarquía que no acepta bajo ningún concepto ni compartir ni mucho menos perder su poder.
A la opinión pública colombiana y a la comunidad internacional se le ha hecho creer que en Colombia reina la democracia y es que la singularidad colombiana está dada porque lo militares no aparecen gobernando ni dando golpes de Estado. No lo necesitan, porque desde que asesinaron al líder liberal, revolucionario y antiimperialista Jorge Eliecer Gaitán en 1948, la oligarquía colombiana ha compartido con los militares el poder, representados en lo que se denomino el Frente Nacional integrado por los Partidos Liberal y Conservador.
A diferencia de lo sucedido en Suramérica, en las décadas del 50, 60 y 70 donde eran frecuentes los golpe de Estado y los crímenes de guerra contra el movimiento popular, social y de izquierda, bajo el argumento de la “tenebrosa amenaza del comunismo”, en Colombia, no se dieron esas dictaduras, pero en la llamada “democracia colombiana” se han cometido muchos más crímenes de Estado que incluso los sumados en las dictaduras del 70 en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil juntas. Téngase en cuenta que el Centro de Memoria Histórica, en su informe publicado en el 2013 titulado “¡Basta Ya!” determinó que en ese mismo rango temporal, al menos 220.000 personas perdieron sus vidas, 166.000 eran civiles.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, había declarado la desaparición de cerca de 65.000 personas como consecuencia del conflicto social y armado.
Solo entre el 2003 y el 2010 existen denuncias de asesinatos para más de 3.000 jóvenes a manos de los militares, quienes recibían recompensa por resultados en supuestos combates con guerrilleros, pasando por bajas guerrilleras el asesinato de inocentes civiles, en lo que pasó a conocerse como los “falsos positivos”.
Los Acuerdos de Paz firmados y apoyados por la comunidad internacional y los organismos multilaterales, están a un ritmo muy lento. Esto y las denuncias por incumplimiento de lo acordad de parte del Estado colombiano, llevó al ex comandante de la guerrilla y actual presidente del nuevo Partido Fuerza Alternativa de Colombia del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, a reclamar con mucha fuerza al presidente Juan Manuel Santos Calderón el cumplimiento de lo firmado por ambos.
Esperemos que casos como la masacre de Tumaco no se repitan y que las Fuerzas Militares no se sigan manchando las manos con sangre de labriegos y trabajadores del campo, que pacíficamente exigen sus derechos.
Esos crímenes son de lesa humanidad y representan un grave delito. Esperemos que el Estado tome medidas y deje de tener como cómplices al paramilitarismo, expresión armada del narcotráfico y de la ultraderecha oligárquica y fascista colombiana, tal como está siendo denunciado por los organismos de Derechos Humanos en Colombia.
Tony López es periodista, politólogo y analista internacional.
