Disciplinar a la clase trabajadora
“El objetivo de las autoridades al iniciar estos procesos ilegales es aterrorizar a la clase trabajadora para que calle”, sostenía esta semana ante la prensa un trabajador del sector salud al referirse a la suspensión sin goce de sueldo de más de 30 trabajadores del gremio médico, en medio de una investigación que posiblemente termine en despidos masivos por parte del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL).
La razón de esta suspensión, que lleva dos meses y medio, es la represalia por participar en una concentración, el pasado 8 de agosto, frente a las oficinas ministeriales para exigir el pago de nocturnidades y vacaciones que, a ese momento, sumaba ochos meses de atraso.
Es, en todo sentido, una medida represiva por medio de artilugios legales para extender por meses las investigaciones, impidiendo a los trabajadores durante ese tiempo el acceso a sus salarios. Esto constituye de hecho una sentencia al hambre, al deterioro de sus condiciones de vida, afectando a toda la familia (hijos que no pueden continuar estudiando, obligaciones financieras imposibles de cumplir, afectaciones psicológicas, emocionales, familiares, etc., etc.). Todo esto como forma de castigo a trabajadores que reclamaron lo que les corresponde y que la patronal no cumple.
El caso del MINSAL resulta emblemático de la relación que este gobierno ha decido llevar con las y los trabajadores organizados. El mensaje, desde el inicio de la actual administración ha sido la mano dura contra sindicatos que no se sometieran a los dictados del gobierno, la persecución de cada protesta, la traición en falsas mesas de negociación, que solo sirven para identificar liderazgos y perseguirlos en consecuencia, hasta llegar, en más de un caso, al encarcelamiento de dirigentes.
Escudado en el régimen de excepción inconstitucional, renovado ad-nauseam por una Asamblea Legislativa al servicio de intereses oligárquicos y burgueses, y profundamente enemistada con cualquier defensa de los intereses populares, el gobierno utiliza las amenazas y el previo aplastamiento del Estado de Derecho, para aplicar durísimas medidas represivas contra la clase trabajadora organizada.
Lo hemos visto en conflictos previos, como el sucedido recientemente en el Ministerio de Obras Públicas, en el arresto artero de sindicalistas de la Secretaría de Cultura; en el Ministerio de Educación; se evidencia en innumerables municipalidades de todo el país, cuyos liderazgos sindicales fueron sistemáticamente sometidos a persecución, criminalización de la protesta y encarcelamiento sin causa justificada. Lo vimos en el desmantelamiento de organismos como Injuve o Insaforp, donde jamás se tomó en consideración el futuro del personal.
Esas maniobras, algunas represivas, otras coercitivas, pero todas en contra de las y los trabajadores, tienen una sola finalidad: disciplinar a la clase trabajadora. Como en tiempos de dictadura, se busca generar miedo para que rechacen sindicalizarse y, en los casos en que estén organizados, renuncien a sus sindicatos y aíslen a sus dirigentes.
Las líneas de acción contra los sindicalistas más conscientes y consecuentes son, en primer lugar, la persecución y eventualmente el despido ilegal -porque viola el fuero sindical- pero, en más de un caso, ante la continuidad de la protesta se recurre al arresto ilegal. Esa es la política laboral de este régimen represivo y autoritario que, no obstante, no cesa de abrazar en sus discursos su supuesta defensa de intereses populares.
Los largos y oscuros años de neoliberalismo, como ha sucedido en el resto del continente y del mundo, contribuyen de manera determinante para propiciar en nuestras sociedades -devenidas profundamente individualistas, insolidarias y egoístas-, un clima de rechazo a las actividades asociativas y a la lucha sindical en defensa de los intereses colectivos de la clase trabajadora.
Concesiones a la prensa (y a USA)
El ataque organizado y sistemático contra toda forma asociativa laboral que no pueda ser controlada por el régimen, resulta también un punto de coincidencia con las políticas imperiales, en la medida que coadyuvan a los planes de recolonización y estabilización capitalista en la región, reafirmando la dependencia de nuestros países hacia Washington.
Si durante un tiempo -el imprescindible para consolidar su posición, con aval de masas, como fuerza política y económica dominante en el país- fue útil para el régimen mostrar un discurso díscolo y rebelde frente a determinados personeros del imperio en la región, el tiempo fue demostrando que aquella pose era solo eso, y que representaba contradicciones muy secundarias con las fuerzas imperiales.
Con la llegada de Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, tiene lugar la superación de aquellas contradicciones secundarias, que habían generado diversas presiones desde Washington y respuestas discursivas agresivas, sobre todo desde la presidencia salvadoreña. La visita parece promover el fortalecimiento de una relación de dependencia con Washington, para lo cual se verifican ciertas concesiones desde San Salvador que, en contrapartida, permitiría a un régimen ávido de recursos financieros acceder por fin a organismos multilaterales, hasta ahora vetados.
La visita de Nichols es el colofón de una serie de encuentros de alto nivel que en los últimos años han presionado para limar diferencias, y encausar al régimen claramente en su alineamiento con la Casa Blanca.
Ya en 2021, Victoria Nuland, siniestra promotora de la llamada Revuelta de Maidan, en Ucrania, que dio como resultado la consolidación de las fuerzas fascistas hasta desembocar en el actual conflicto del Este Europeo, visitó El Salvador; en aquel momento para presionar -sin respuestas positivas- al Ejecutivo a que revierta las medidas generadas por el golpe blando legislativo que removió la CSJ, el ministerio público y tomó virtualmente por asalto el control de todos los poderes del Estado para ponerlos a disposición del Ejecutivo.
Previamente habían visitado El Salvador altos dignatarios, como el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, en diciembre de 2020; Kevin McAleenan, interino del Departamento de Seguridad Nacional, en agosto de 2019; y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en julio de 2019.
En 2021 visitó El Salvador la subsecretaria para el Hemisferio Occidental, Julie Chung; el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson; y la directora del Consejo Nacional para Centroamérica, Megal Oates. El 7 de abril de 2021, el enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, también visitó El Salvador, pero no fue recibido por el presidente Bukele. Zúñiga anunció un acuerdo de cooperación por más de $2 millones para la CICIES junto al entonces fiscal, Raúl Melara, destituido por la legislatura celeste días después.
En septiembre de 2023, el subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Eric Jacobstein, visitó El Salvador y se reunió con la canciller en funciones, Adriana Mira.
A lo largo de todo este tiempo, entre presiones y duras declaraciones, se fueron estableciendo canales de comunicación que afianzaron la influencia de Washington en el actual gobierno mientras se suavizaron las presiones en materia de derechos humanos, restricción de libertades y manejo de fondos. Hoy resulta notable la disminución de presiones respecto al régimen de excepción, así como las críticas al Bitcoin, que parece ya no ser obstáculo para negociaciones con el FMI; clara señal de aceptación mutua.
Por una parte, el gobierno de El Salvador realiza concesiones, como la reciente decisión arbitraria, racista y discriminatoria, pero muy bien vista por quienes diseñan las políticas de control migratorio en EEUU, de establecer una tasa aeroportuaria de US$1000 a ciudadanos provenientes de África y la India; o la eliminación de la “ley mordaza” que sancionaba con años de cárcel a periodistas por reproducir mensajes de pandillas.
Desde Washington acallan sus críticas respecto de la ilegal postulación presidencial a la reelección. La mayoría de magistrados del TSE y el Ejecutivo consuman la violación a la Constitución y apuestan a la impunidad; confían, sin demasiadas bases de sustentación que les garanticen sus anhelos, que el régimen pueda durar lo suficiente para impedir la persecución judicial de los actuales funcionarios, convertidos en delincuentes a partir de sus decisiones prevaricadoras, constitutivas de delitos tan graves que conllevan la pérdida de sus derechos ciudadanos.
34 años atrás
Hace 34 años muchos funcionarios, incluidos altos mandos de la fuerza armada, se sentían invulnerables. Muchos de ellos juraban que la resistencia popular encarnada en las fuerzas políticas y militares del FMLN, serían derrotadas y aniquiladas.
El 11 de noviembre de 1989, aquellos fascistas y dictadores (embozados en un supuesto gobierno civil electo) se vieron sorprendidos en el lugar donde se sentían más seguros, en la propia capital del país y en las grandes urbes de la nación. En cada lugar fueron asediados, golpeados y obligados finalmente a reconocer ante el pueblo salvadoreño y el mundo que eran incapaces de ganar esa guerra, que la negociación que arrogantemente negaron, finalmente debía ser aceptada.
Apuestas similares sigue realizando el actual régimen y el imperio que ahora firmemente lo respalda. Apuestan, como en aquellos años, a desintegrar a las fuerzas del pueblo, a eliminar al FMLN, porque saben que hacerlo significa decapitar sueños y esperanzas de lucha y de victoria del pueblo, sus experiencias de combate en todos los terrenos.
Como entonces, el FMLN y otros sectores populares, conscientes de la lucha y de las dificultades que esta representa, recurre a diversas formas de resistencia, desde la denuncia internacional a la lucha de calles y en los lugares de trabajo; desde la defensa de sus condiciones materiales de vida a la lucha política electoral, muy a pesar de la colosal manipulación del proceso para asegurar al oficialismo un gobierno sin sorpresas.
Las fuerzas de la burguesía, la oligarquía y el imperialismo vuelven a equivocarse. Sueñan con dulces victorias; y éstas dan por sentado el aplastamiento electoral del FMLN gracias a las burdas maniobras realizadas. Para las fuerzas del pueblo, en cambio, el criterio de victoria es otro, muy distinto.
Los enemigos del pueblo aspiran a la destrucción total del FMLN, cualquier resultado inferior a ello les resultará insuficiente. Para las fuerzas populares el criterio de victoria será, precisamente permanecer, sobrevivir a esa ofensiva mediático-política-electoral. En la medida que no puedan destruir al FMLN, ese hecho constituirá su derrota en el largo plazo.
La presencia del FMLN mucho más allá de los eventos electorales de febrero y marzo próximos determinará su victoria. Y con ella, el triunfo de la resistencia y el inicio de la cuenta atrás del régimen.
A pesar de sus poses triunfalistas, los autócratas no se fían ni dejan de elucubrar formas para impedir que las fuerzas de izquierda puedan siquiera hacer campaña. Por eso, entre las promesas del candidato inconstitucional destaca en primer lugar el mantenimiento del régimen de excepción ¿Para las pandillas? ¡Por supuesto que no! Para todas y todos aquellos que, desde las comunidades, desde sus puestos de trabajo, desde la organización popular, desde los centros de estudio y la academia, desde las iglesias y desde la diáspora, se sigan atreviendo a desafiarlos. Lo mismo sucedía hace 34 años. Será bueno que lo recordemos y que también lo recuerden quienes hacen sus cuentas alegres.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Imagen de portada: REUTERS/Jessica Orellana
