La falta de un mínimo consenso entre el oficialismo y la oposición enfrenta hoy a los ciudadanos de nuestro país a escoger entre el texto recién respaldado por la derecha o continuar con lo que hoy todavía rige como Carta Fundamental. Es realmente insólito constatar que la lucha emprendida por ponerle fin a una prolongada dictadura finalmente nos tenga ahora en la posibilidad de legitimar el régimen fundado por el Dictador tanto en el orden institucional como en el sistema económico social.
A pesar de que desde todos los ámbitos políticos se acordó la constitución de dos instancias constituyentes, las posiciones de la extrema derecha y la izquierda más radical conspiraron contra quienes podrían haber logrado un gran acuerdo político que diera un paso sustantivo en la consolidación de una democracia verdadera. Esto es, gobernada por la voluntad popular y las grandes demandas de la población.
Quienes sucedieron en La Moneda al Dictador no fueron capaces en tres décadas de implementar los cambios añorados por la amplia mayoría de los chilenos, hasta que por fin lo que provocaron es la hegemonía del pensamiento político de la derecha, como la fortaleza electoral e ideológica de los poderosos gremios y partidos que formaron parte del régimen pinochetista. De aquellos referentes que hoy se manifiestan con enorme engreimiento y se oponen, no solo a concordar una nueva Constitución, sino a todas las reformas económico sociales exigidas por el pueblo en sus múltiples manifestaciones sociales, cuanto su legítimo Estallido Social del 2018. Un fenómeno que, de no mediar una pandemia sanitaria mundial, se encaminaba al derrumbe de nuestro orden institucional, como hoy se reconoce tan ampliamente.
Estamos hablando de que hoy existe una democracia que poco o nada tiene de ser tan “representativa” cuando los moradores de La Moneda y del Parlamento resultan de la ingeniería política cupular, del irracional miedo al triunfo de la extrema izquierda o derecha. De las opciones azuzadas por la propaganda electoral millonaria, los poderosos medios de comunicación y la falta de cultura cívica de un pueblo realmente minusválido en sus estándares educacionales.
Institucionalmente, Chile hoy se encuentra en un callejón sin salida. Los textos constitucionales que deben ponerse en plebiscito en diciembre próximo, finalmente fueron redactados por las mismas manos, es decir por los pinochetistas de entonces y por los que hoy empiezan a reivindicar esos largos 17 años de interdicción ciudadana. Agregando a ellos ese conjunto de políticos que con el tiempo transcurrido terminaron encantándose con el Dios Mercado, las ideas neoliberales y la democracia acotada y tutelada por los poderes fácticos. Por todos los que fueron renuentes a la idea de convocar a una auténtica asamblea constituyente que decidiera libremente la forma de organizar nuestro estado y darle consecución a los derechos de la nación.
Es triste comprobar que las propuestas planteadas por el gobierno de Gabriel Boric tienen nula o escasa posibilidad de convertirse en leyes, como sucede con la postergada reforma tributaria y el injusto régimen de pensiones. Como tampoco parece posible que se sustituya el sistema privado y corrupto de salud. Acabar, como tanto se prometió, con las administraciones de fondos de pensiones y las isapres privadas de salud que, a pesar de los escándalos que ahora se les descubren, probablemente prolonguen vigencia con apenas algunos discretos a remiendos.
Ni siquiera en materia de educación, los líderes estudiantiles que arribaron al Gobierno se muestran capaces de cumplir con la demanda tan voceada en sus movilizaciones. Esto es fortalecer la educación pública, condonar las millonarias deudas en favor de las entidades privadas con el aval del Estado. Cuando ahora se cuentan por decenas de miles los estudiantes primarios y secundarios que no asisten a sus colegios debido a la justa huelga del defraudado profesorado. Con lo cual se fortalece la educación elitista y la pronunciada brecha cultural entre pobres y ricos.
Todo lo anterior debido a la ingenua disposición de las autoridades de lograr todo con el visto bueno de la oposición, renunciando a la movilización social que ha sido el verdadero motor de las transformaciones de nuestro pasado. Contenidos por las campañas del terror propiciadas por el mundo patronal, los partidos reaccionarios y la prensa abyecta. Por los mismos que en todo el mundo buscan embadurnar las expresiones populares acusando sus protestas y demandas sociales como violentistas o, incluso, terroristas.
Es obvio que la clase política chilena está, además, maniatada por su connivencia con la corrupción y las impunidades que le favorecen. Ya vemos que la falta de probidad no ha tenido excepción en los nuevos gobernantes, pese a las promesas que hicieron de marcar diferencia con la conducta de sus antecesores. Empatándose de esta forma con el proceder de tantos políticos de derecha a izquierda. Ante un pueblo que observa atónito y se obliga a dirimir nuevamente entre la ira o el desencanto.
Juan Pablo Cárdenas* Periodista y académico chileno.
Este artículo fue publicado en el portal surysur.net
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