La conclusión de la CPI del 8 de enero, con la aprobación del informe final el miércoles (18), marca otro capítulo en el ajuste de cuentas entre las instituciones democráticas y Jair Bolsonaro, junto con su entorno político más cercano. Independientemente de los efectos jurídicos que tendrá, el informe es en sí mismo un importante acto solemne, resultado de un mecanismo de investigación previsto en la propia Constitución que los golpistas intentaron socavar.
El documento, con sus 1.333 páginas, deja constancia para la posteridad del obstinado proyecto de degradación democrática llevado a cabo por el Gobierno anterior, cuya culminación tuvo lugar el 8 de enero. No hay que restar importancia a este logro. La rendición de cuentas moral e histórica -es decir, que una institución oficial diga: «Lo que allí ocurrió fue un intento de golpe de Estado, deliberadamente urdido por personas que traicionaron los cargos y funciones que ostentaban»- tiene un gran valor, aunque no sustituye a la rendición de cuentas legal ni debe restarle ímpetu.
Capitaneado por la senadora Eliziane Gama (PSD-MA), el informe se construye sobre la conexión de hechos que hoy, pasado el calor del momento, podemos ver como piezas de un mosaico. El documento enumera los ataques a las instituciones de control, siendo la principal el Tribunal Supremo; la difusión de mentiras sobre el proceso electoral; la cooptación de instituciones que monopolizan la violencia del Estado, como las Fuerzas Armadas y la policía; y las estrategias de comunicación que buscaban radicalizar a la población y desacreditar a la prensa. Todas estas piezas sirvieron al mismo propósito: garantizar la permanencia de Bolsonaro en el poder a cualquier costo.
Junto a las conclusiones de la CPI de Covid, el informe de la CPI del 8 de enero ayuda a componer un juicio bíblico del gobierno Bolsonaro. Ambos actúan como un registro de los años de un país que no ha estado a la deriva, sino atrapado en un barco precario, arrastrado por los rápidos de un golpismo del que sólo se puede escapar con un poco de suerte.
Hay, sin embargo, una diferencia importante entre los productos de las dos comisiones: el informe ahora no caerá en manos de un inerte Augusto Aras – y así Bolsonaro no puede contar con una pronta destitución que lo proteja del informe de esta comisión, a diferencia de lo que ocurrió en 2021.
Una CPI no tiene por sí misma el poder de acusar a nadie. Sólo indica a la autoridad competente -en este caso, el Ministerio Público- las personas que, a su juicio, deben ser responsabilizadas. Un auto de procesamiento es un acto formal en el que se declara que se ha producido un determinado delito y que existen indicios suficientes sobre sus autores. Al proponer la imputación de Bolsonaro y otras sesenta personas -ex ministros de su gobierno, militares, asesores-, el informe de la CPI sugiere dos caminos: o se imputa a estas personas, si el Ministerio Público considera que las investigaciones están maduras para la persecución penal; o se profundizan las investigaciones, para que queden claras las responsabilidades individuales de cada uno de ellos. Si se materializa el segundo escenario, el informe del IPC y las pruebas que recabe deberían adjuntarse a otras investigaciones ya en curso.
Según la comisión, Bolsonaro debería ser procesado por cuatro delitos: asociación para delinquir (art. 288 del Código Penal) por la connivencia entre él, sus ayudantes, militares (como el Ejército) y civiles (como la Policía Federal de Carreteras) con el objetivo de cometer crímenes contra el Estado de Derecho; violencia política (art. 359-P del Código Penal), porque las embestidas del PRF equivalieron a violencia psicológica por motivos políticos. 359-P del Código Penal), porque la comisión entendió que los bombardeos del PRF el día de la segunda vuelta de las elecciones equivalían a violencia psicológica por motivos políticos; y, por último, la combinación de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de Derecho (359-M y 359-L del Código Penal), tipificaciones que resultaron operativas en los primeros juicios de los golpistas por el Tribunal Supremo.
Cabe hacer algunas consideraciones. En primer lugar, la tipificación del delito de violencia política suena forzada. Es difícil sostener que las operaciones policiales en la segunda vuelta de las elecciones constituyan «violencia psicológica». El término, en su definición legal, se refiere a actos que generan daño emocional, atacan la autoestima y pretenden controlar acciones y decisiones a través del deterioro psicológico de alguien. Normalmente, este concepto se aplica en casos de violencia contra mujeres atrapadas en relaciones abusivas. Hace falta mucha elasticidad metafórica -que no cabe en la interpretación de los delitos penales- para equiparar la conducta de Bolsonaro contra los votantes del Nordeste con la de un marido tóxico. Tiene más sentido entenderlo como parte de otras conductas, que constituyen otros delitos ya suficientemente graves, como el golpismo o la abolición del Estado de Derecho. Es decir, se trata de actitudes que siguen mereciendo un tratamiento penal, pero no como delito autónomo.
Si estos dos últimos delitos derivan en una acusación, habrá que ver cómo se posiciona la nueva PGR frente al argumento de que el delito de tentativa de golpe de Estado absorbe al otro, de obstrucción violenta al funcionamiento de los poderes constitucionales. Esto porque un golpe de Estado es necesariamente la obstrucción violenta del funcionamiento de al menos uno de los poderes constitucionales. Se trataría, por tanto, de la comisión de un único delito. En las primeras sentencias del 8 de enero, vimos que el Tribunal Supremo, con los jueces André Mendonça y Luís Roberto Barroso derrotados, aceptó la tesis de la doble incriminación, lo que contribuyó a aumentar las penas de los condenados. Pero esto sólo fue posible porque la acusación contra los primeros acusados, presentada por el Fiscal General Adjunto Carlos Frederico Santos, pedía condenas por ambos delitos. Dependiendo de quién presente cargos contra Bolsonaro, este entendimiento podría cambiar.
*Rafael Mafei es abogado y profesor de derecho de la Universidad de San Pablo.
Este artículo fue publicado por Revista Piauí.
FOTO DE PORTADA: Folha de São Paulo.
