Se aprobó la nueva ley laboral en Grecia a pesar de la oposición en las calles y de la oposición en el Parlamento.
Durante la jornada del viernes se confirmó la aprobación del proyecto de ley laboral propuesto por el gobierno de Mitsotakis, llevado adelante por el Ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis. La propuesta fue aprobada gracias a la mayoría absoluta que el oficialismo de Nueva Democracia posee en el Parlamento. El proyecto de ley, se titula «Para reforzar el trabajo – Incorporación de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 – Simplificación de los procedimientos digitales y refuerzo de la tarjeta de trabajo – Mejora de la función operativa del ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Trabajo»,
El jueves miles de trabajadores en distintas ciudades del país salieron a las calles para protestar en contra del proyecto de ley que denominan como “antilaboral”. Sindicatos y gremios aplicaron una jornada de huelga de 24 hs paralizando el transporte aéreo y marítimo. La Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY) también convocó a huelga nacional a la que se sumaron trabajadores de los hospitales, profesores y docentes.
No obstante, la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) no se movilizó causando una fuerte crítica entre los distintos sectores de trabajadores que participaron de las medidas de fuerza.
La nueva ley prevé la flexibilización del mercado laboral, afectando en particular a los empleados de empresas privadas. Los distintos grupos que se oponen a la nueva ley reclaman que se trata de una medida que agravará la explotación de los trabajadores, “otorgándoles a los empleadores el derecho de aprovecharse de los trabajadores durante el tiempo que deseen”, según explicaba la Federación de Asociaciones de Médicos Hospitalarios de Grecia (OENGE).
Algunas de las consignas que se escucharon en la movilización fueron: “O sus ganancias o nuestras vidas»; «Contra el proyecto de ley extremo y la política criminal»; «No nos convertiremos en esclavos modernos»; «Queremos recuperar nuestro tiempo robado»; «Las 8 horas fueron y serán una conquista de los trabajadores»; «Los empresarios se ahogan en las ganancias y el pueblo en el barro»; «Ninguna tolerancia para su crecimiento».
Los distintos grupos opositores que se manifestaron contra la ley señalaron que se liberaliza las relaciones laborales, se facilitan los despidos, y nuevas formas de empleo «flexible», como el contrato por encargo o demanda, mientras se criminaliza la acción de huelga. Se permite a los trabajadores tener “voluntariamente” un segundo empleo, de un máximo de cinco horas diarias, junto a su actividad principal de ocho horas al día, es decir, se prevén trabajos para dos empleadores con una jornada laboral total de hasta 13 horas. Se permite a los trabajadores tener dos empleos a tiempo completo, se suprime la semana de cinco días ampliando un sexto día laboral. También, para “empleados de guardia” se flexibilizan aún más los contratos ya que trabajaran lo que requiera su empleador con una única notificación de 24hs de anticipación.
El dirigente Dimitris Bratis declaró a la prensa que la nueva ley “suprime la jornada de ocho horas, disuelve el tiempo de trabajo de los empleados, suprime los convenios colectivos, esencialmente suprime el trabajo de cinco días y al mismo tiempo criminaliza aún más nuestro derecho a huelga. Se trata de un proyecto de ley antilaboral que surge como continuación de la ley Hatzidakis, una ley que el movimiento sindical pide que se derogue… Hoy, de hecho, el gobierno está legislando disposiciones aún más punitivas para el derecho de huelga garantizado por el artículo 23 de la Constitución».
Por su parte, el Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME) emitió un comunicado celebrando y apoyando a todos los trabajadores que participaron de las medidas de fuerza que luchan “para cancelar en la práctica la planificación del gobierno y de los grupos empresariales que quieren que nosotros, esclavos modernos, olvidemos la jornada de 8 horas y vivamos para trabajar en relaciones laborales flexibles como rehenes».
El representante del partido de izquierda Syriza declaró en el Parlamento que la ley antilaboral se trata de “la cesta de los empresarios” en donde cada empresario “comprará trabajadores sin derechos y sin vida”. Además dijo que extendiendo la jornada laboral a 13 horas el gobierno de Mitsotakis admite que los trabajadores no pueden vivir de sus salarios.
Para sumarle más datos, según la Eurostat en 2022, los griegos son los europeos que más horas laborales trabajan por semana. En Grecia, “el empleado trabaja una media de 41 horas semanales , más que nadie en la UE, seguido de Polonia con 40,4 horas y Rumanía y Bulgaria con 40,2 horas”.
El ministro de trabajo, Georgiadis, fue quien presentó y defendió el proyecto de ley argumentando que el objetivo principal es «estimular la creación de empleo» y «aumentar el número de puestos de trabajo viables y con un salario adecuado». Además declaró que «ni elimina la jornada de ocho horas ni (la semana) de cinco días».
El ministro también señaló que los trabajadores «no tienen nada que temer de nuestras reformas, ya que están perfectamente ponderadas para ayudar a que los trabajadores puedan, si así lo desean, aumentar sus ingresos – como hicimos con los tres años que les presentamos dos años antes – pero al menos y al mismo tiempo esto debe hacerse de tal manera que no pongamos en riesgo la existencia de la economía privada en Grecia».
Según argumentan desde el Gobierno la ley flexibiliza el horario para reducir el trabajo y las horas extraordinarias no declaradas y así protege a los trabajadores.
En julio, el gobierno de Mitsotakis, aprobó una ley que permite trabajar después de los 74 años, es decir, 7 años más allá de la edad de jubilación. La ley establece que toda persona entre 67 y 74 años, que no pueda tener una pensión podrá incorporarse a los programas de empleo del Servicio Público de Empleo (DYPA). La condición es que los desempleados en cuestión no hayan completado el tiempo de pensión requerido y hayan establecido un derecho de pensión al participar en un programa de empleo de la Organización.
No obstante, esta ley, a diferencia de la que se aprobó ayer, “fue votada conjuntamente por ND y PASOK, mientras que SYRIZA, la formación fascista «Spartyates» y Eleftherias votaron «presente», y los demás («Niki», «Elliot Lysi») votaron en contra”, reportaban los distintos medios de comunicación griegos.
El KKE votó en contra y declaró que “el gobierno debería retirar inmediatamente esta disposición inaceptable. Sin aumento de la edad de jubilación. El gobierno debería garantizar una pensión digna a todos los trabajadores no asegurados y no esta vergüenza de 360 euros”.
Además, ya en julio el KKE advertía que “está claro que se está produciendo otro nuevo ataque a los derechos de los trabajadores en beneficio de los grupos empresariales. La intensidad de la explotación atraviesa un ciclo de vida, desde la constante toma de rehenes de los diversos esquemas de contratos a corto plazo hasta la gran flexibilidad del trabajo, con salarios bajos y sin derechos, por lo que los trabajadores se ven obligados a permanecer en el trabajo hasta la vejez para garantizar una pensión mínima».
Uno de los momentos más difíciles que vivió el pueblo griego, pero también el gobierno de Mitsotakis, por lo que algunos analistas consideraban que le costaría su reelección, fue el choque frontal entre dos trenes en Tempe, que dejó 58 muertos en febrero de este año. Este acontecimiento resulta muy ejemplificador de las políticas griegas que han atravesado a distintos gobiernos durante décadas, ya que implicaron medidas de privatización, ajustes, desempleo, corrupción, vacío estatal…
El descontento popular llevó a miles de personas a la calle que exclamaban que ‘las personas fallecidas en Tempé son víctimas de la avaricia de la ganancia, víctimas de las privatizaciones’, mientras que la respuesta del gobierno fue decir que la colisión fue el resultado de un “error humano”.
La tragedia en Tempe fue recordada durante esta semana en los debates por la ley laboral de Georgiadis en el Parlamento. A partir de la criminalización de la huelga, Nasos Iliopoulos de Syriza, le habló a Nueva Democracia y enfatizó que “deberías tener un poco más de cuidado con las huelgas. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran escuchado a un sindicato que estuvo en huelga durante los últimos cuatro años, que les envió cartas, que se movilizó, 58 personas no habrían muerto en Tempe”.
La situación en Grecia es alarmante desde hace largos años, no obstante, las y los ciudadanos reeligieron, con una holgada mayoría, al gobierno de Mitsotakis en junio de este año para un segundo mandato de cuatro años pese haber atravesado crisis y escándalos graves. Es decir, los ciudadanos apostaron por la continuidad de un conservadurismo social, liberalismo económico y políticas fuertes contra desplazados y refugiados.
Los resultados de esas elecciones también confirmaron nuevamente el rechazo a la izquierda Syriza, liderada por Tsipras, a pesar de haber sido la segunda fuerza más votada, restó 15 escaños y quedó a 20% de distancia de Nueva Democracia. El partido que ganó en 2015 representando la esperanza de la izquierda europea gobernó durante los años más convulsionados de la crisis de la deuda en el país y continúa pagando su gestión que incluyó el corralito, la casi salida de Grecia de la eurozona, aceptar las reformas impuestas en el tercer rescate financiero en 2015 y finalmente desoír el voto del pueblo contra la austeridad propuesta por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
Al mismo tiempo, los comicios arrojaron la caída de la socialdemocracia después de años de gobierno subordinado al capital financiero europeo que han hundido a los pueblos. A pesar de haber quedado como tercera fuerza y obtener 19 escaños más que en 2019, PASOK no logró volver a posicionarse como fuerza y opción ante el pueblo griego que, de acuerdo a los resultados, pareció optar por una nueva derecha, conservadora. Por último, y no menos importante, se visualizó el auge de la extrema derecha en donde diputados neonazis han regresado a las butacas del Parlamento.
El medio cooperativo griego Efsyn, explicaba en una nota editorial que desde el primer gobierno de Mitsotakis se ha buscado hacer “insoportable la vida de los sindicatos con el famoso registro sindical, que prohíbe todas las asociaciones que no responden al expediente burocrático”. También resaltaron que la ley de Georgiadis “es la guinda del pastel de un debilitamiento sistemático de los sindicatos que lleva doce años”.
“La consagración legislativa del «derecho» a la huelga en el proyecto de ley Georgiadis es el complemento de una larga serie de regulaciones antisindicales de inspiración thatcherista que lamentablemente complementan la terrible incapacidad -¿o falta de voluntad?- de la burocracia sindical para estar a la altura de las ocasión”, haciendo especial referencia a la cúpula del “GSEE vendido” tal como lo nombraron en el Parlamento.
*Constantini Micaela, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: El ministro griego de Trabajo y Seguridad Social, Adonis Georgiadis, habla durante una sesión parlamentaria previa a la votación. (EFE)
