Habían llegado días antes a la isla griega de Milos, después de una larga travesía desde Siria, era una familia de seis: los padres y cuatro hijos. Era el año 2016, la guerra en su país estaba en plena marcha, habían entregado sus solicitudes de protección internacional confiados en que se les reconociese su derecho a refugio. Cuando la policía griega les puso en un avión, fletado junto al Frontex, pensaron que estaban volando a Atenas. Ver las banderas turcas en el aeropuerto acabó con sus expectativas. Así lo narraba el padre de la familia al Washington Post antes de que ayer, 6 de septiembre se hiciera pública una sentencia que llevaban años esperando.
La familia había denunciado al Frontex por su devolución ilegal. Le impugnaba las consecuencias de que no se hubiera estudiado y aplicado su solicitud de asilo: años difíciles en Siria y en Iraq, con un alto coste económico y psicológico. Su caso estaba destinado a marcar un hito en la rendición de cuentas de esta agencia de la UE, criticada por la opacidad con la que maneja su enorme presupuesto y acusada por no respetar los derechos humanos. La de la familia siria era la primera denuncia de esta naturaleza.
Sin embargo, a lo largo de la jornada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba al traste, al menos de momento, con las expectativas de la familia —pero también de muchas organizaciones de derechos humanos— desestimando la denuncia y argumentando que no es el Frontex, si no los países miembros, los responsables de las decisiones de retorno. La sentencia aún se puede recurrir. La organización de rescate en el Mediterráneo Sea Watch, calificaba la decisión del TJUE de “escándalo”.
Pese a las repetidas críticas desde la sociedad civil o el Parlamento Europeo sobre la gestión del Frontex y su acción en las fronteras, hasta ahora solo la oficina anticorrupción de la Unión Europea, la OLAF, ha conseguido atravesar la barrera de impunidad, gracias a una investigación que ponía el foco en las políticas de devoluciones en caliente y falta de respeto a los derechos humanos. Fue la OLAF la que logró en último término la dimisión, en abril de 2022 de Fabrice Leggeri, quien fuera director de la agencia. Poco más de un año después, el Tribunal Superior de Justicia Europeo, exime a la agencia de toda responsabilidad, en lo que, según han criticado diversas voces, supone una legitimación de su labor.
El caso de la familia denunciante se dio en los años de la llamada “crisis de los refugiados”. Entre 2015 y 2016 llegaron a pedir asilo 1.221.690 personas las que intentaron pedir asilo. Siete años después las cifras de petición de asilo vuelven a experimentar un repunte, superiores en un 28% a las de 2022 hasta la fecha, han superado el medio millón en el primer semestre de este año, alcanzando por primera vez un número similar a la de aquellos años. Del 2006 data el polémico y multimillonario “Acuerdo de la Vergüenza” con Turquía, que se comprometía a retener a las personas migrantes y solicitantes de asilo en su territorio, y aceptar las devoluciones de quienes llegaran a territorio europeo. Desde entonces se ha profundizado en esta política tanto en el Mediterráneo (con acuerdos con Libia, Egipto, Argelia, Túnez…), como en el Sahel y África Occidental.
Tras la conmoción que supuso la aparición del cuerpo del pequeño Aylan Kurdi en una playa de Turquía el 2 de septiembre de 2015, son miles de niños y niñas los que han perecido sin ser salvados, pero esto ha dejado de provocar ningún escándalo. En estos últimos años, impedir la llegada de migrantes a Europa a través del no salvamento o de las devoluciones en caliente han devenido la práctica habitual de la UE, refrendada sobre el terreno, normalizada por estados como Polonia, Grecia o España, y con consecuencias letales para las personas que migran, como pudo verse en el naufragio de una nave con más de 700 personas ante la costa griega el pasado junio.
Solo una semana antes, en los últimos días de agosto, se volvía a ver una escena que resulta familiar en el Mediterráneo, migrantes varados en un barco tras ser rescatados. Solo que esta vez el barco no era de una ONG de Salvamento, sino de la guardia civil, y el puerto que no quería aceptar personas migrantes no era europeo sino africano. La negativa mauritana a recibir un cayuco con 168 personas a bordo, trastocó por unos días las políticas migratorias españolas, interpuestas en el marco europeo.
Hacinadas en la superficie del barco, las 168 personas tuvieron que pasar días en condiciones indignas, haciendo sus necesidades en cubos. La guardia civil, además, llegó a pegar tiros al aire para imponer orden en la embarcación, que terminó recalando de vuelta en Senegal. “Amnistía Internacional considera que la devolución colectiva a Senegal de estas 168 personas, de confirmarse la ausencia de garantías básicas como son la asistencia letrada y traducción, y la vulneración del derecho a ser informadas de sus derechos y a solicitar asilo, constituye una práctica de devolución colectiva por parte de España contraria al derecho internacional de los derechos humanos”, alertaba AI después de que se hiciera público el retorno forzoso de estas personas a Senegal. Mientras, ante la política de devoluciones del gobierno, el movimiento migrante Regularización Ya, se preguntaba por las diferencias entre “la necropolítica” migratoria del gobierno y la de la derecha.
Opacidad y condicionalidad
En 2020 los acuerdos con Mauritania para la devolución de migrantes de países terceros se pusieron en el centro de la discusión al registrarse cómo se devolvían a este país solicitantes de asilo malienses, que, como la familia siria que se vio expulsada sin aviso en 2016, tenían derecho a protección dada la situación de conflicto en el que se encontraba su país de origen. Ese mismo año, apenas terminado un confinamiento que detuvo durante algunos meses las deportaciones, España apostó por acordar sendos pactos de retorno con Senegal y Argelia.
El gobierno no solo ha promovido pactos de retorno, ha hecho de la devolución en caliente una herramienta de control de fronteras, según vienen denunciando las organizaciones en los últimos años. Ya en la costa de las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, lanchas de la guardia civil fuerzan a quienes interceptan llegando a aguas españolas y los mandan de vuelta a Marruecos. La devolución de las 168 personas a Senegal sin garantías marcaría un nuevo hito en la forma en la que el gobierno incurre en prácticas ilegales sin rendir cuenta por ello. Existe un precedente reciente: las devoluciones masivas en caliente que se dieron el 24 de junio de 2022 en Melilla y que afectaron en gran medida a ciudadanos sudaneses, asistidos ellos también por el derecho a asilo.
En un informe publicado en 2022, CEAR repasa las herramientas españolas y europeas a través de las cuales se opera la externalización de las fronteras. Desde acuerdos bilaterales opacos —como el de tal en Marruecos y el de cual en Mauritania— al uso de la ayuda oficial al desarrollo o la financiación, la organización denuncia las diversas formas en las que tanto España como Europa condicionan su ayuda a los países africanos a la aplicación de medidas de control de fronteras.
Desde los diversos Planes África españoles, al comunitario Fondo Fiduciario para África (EUTF), al que sucedería El Nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, la cuestión migratoria es un apartado central abordado desde un enfoque securitario, denuncia la organización. El informe recoge cómo en el Parlamento Europeo “diversos grupos parlamentarios denunciaron además la politización de estos fondos, la priorización del control fronterizo, la falta de apoyo a las vías regulares además de la vinculación del desarrollo a la política migratoria”.
Las críticas sobre estos instrumentos coinciden en que sus contenidos son vagos, existe poca transparencia sobre su aplicación y que proponen soluciones de emergencia para abordar cuestiones estructurales. El nuevo instrumento de vecindad —válido entre 2021 y 2027— profundizaría en este enfoque de emergencia, introduciendo financiación en caso de “crisis migratoria”, y en la condicionalidad de la ayuda, estableciendo incentivos a la buena gestión fronteriza.
España en sintonía con Europa
Un año después de la masacre de Melilla el ministro de Exteriores, Albares, presumía de acuerdos bilaterales en materia de migración: “La relación entre España y Marruecos está arrojando en estos momentos aspectos muy beneficiosos para ambos países”, afirmaba, citando la caída de la inmigración irregular frente a la situación en otros países miembros: el naufragio frente a las costas griegas, o el incremento del 305% de la inmigración irregular a través de las costas italianas.
Sin embargo, varios representantes de la sociedad civil, entrevistados por CEAR, apuntaban a otra consecuencia nociva de las políticas de externalización de fronteras de Europa: “la UE está ‘instituyendo fronteras dentro de África’, impidiendo el derecho a viajar, y remando en contra a esfuerzos institucionales de creación de zonas de libertad de circulación de trabajadores”.
Volviendo a la condicionalidad, en el informe también se denuncia que la modificación de 2019 del código de visados, “condiciona la expedición de visados en función del grado de cooperación de un tercer país con los Estados miembros en materia de readmisión de migrantes en situación irregular”. Es decir, hace que el número de visados que obtiene un país dependa de su colaboración para admitir personas devueltas de terceros países, ahondando en la estigmatización de migrantes en los países de tránsito, potenciando situaciones como la vivida en Túnez en los últimos meses.
El enfoque español y europeo obvia que la mayor parte de los desplazamientos se realizan entre países africanos, las fronteras entre estos estados dificultan movimientos transfronterizos que se han dado toda la vida sin problemas, y alimenta el enriquecimiento de las redes de tráfico de personas, que obtienen más beneficios cuanto más difíciles son las rutas. Un reciente informe de la ONU estudiaba el florecimiento del negocio de la migración en una región donde las oportunidades económicas son escasas como es el Sahel.
En un contexto de crisis climática, violencia, sequía, empobrecimiento en el que cada vez es más difícil para mucha gente vivir en sus países de orígenes —la situación de la población en países como Siria, Líbano, o Afganistán sigue siendo muy precaria, mientras el Sahel atraviesa ya una década de inestabilidad— no parece que la Unión Europea y sus países miembros, entre ellos España, tengan otra visión respecto a la migración que la mirada securitaria y la lógica de la urgencia, denuncian las organizaciones.
Mientras, tras un incremento de las llegadas a las Islas Canarias en el último mes, se espera un repunte durante este septiembre frente al que el gobierno ya está planteando medidas conocidas: la habilitación de espacios temporales de acogida como ya se hiciera en el Plan África. CGT Salvamento Marítimo compartía ayer 6 de septiembre que al menos 638 personas habrían llegado a las Islas Canarias en un solo día. El sindicato viene reclamando que no se use Salvamento Marítimo como una herramienta de control de fronteras y que se refuercen sus recursos para poder salvar vidas. Según el colectivo Caminando Fronteras 951 personas habrían fallecido intentando llegar a España por mar en el primer semestre de 2023, 778 de ellas en la ruta canaria.
*Sarah Babiker, periodista especializada en género y comunicación, con experiencia docente y en prevención de la violencia. Formación en información internacional con foco en Mundo Árabe, África y América Latina. Diplomada en Antropología Social y Política.
Artículo publicado originalmente en El Salto.
Foto de portada: extraída de El Salto.
