De espaldas al pueblo, el régimen sigue confiando que la propaganda y el circo embrutecedor harán olvidar el hambre. Superada la distracción de los juegos centroamericanos se lanza a la parafernalia de Miss Universo. Como en la dictadura militar del general Molina, de 1975, nos venden un “país de las sonrisas” y concursos de belleza mientras manipulan información, imponen censura y reprimen a las fuerzas que se le opongan.
Al mismo tiempo, la falta de previsión gubernamental ante los efectos del cambio climático, las sequías y otras graves afectaciones climatológicas, golpean con enorme contundencia a los productores agrícolas; las víctimas destacadas son las familias que producen para su subsistencia, el pequeño y mediano productor agropecuario y, finalmente, las grandes masas empobrecidas, cuyo consumo básico se reduce, en tanto los precios escalan a niveles inalcanzables para los salarios de hambre de El Salvador.
Esta crisis no ha dejado de profundizarse a lo largo de los últimos años, en especial desde la superación de la pandemia de COVID-19, luego de la cual casi todos los países del mundo comenzaron un proceso de recuperación, que permitió un retorno de la economía a niveles pre-pandémicos.
En El Salvador, lejos de avanzar en la recuperación económica, hemos visto un incesante hundimiento de la economía nacional, que adopta la forma de endeudamiento público masivo, encarecimiento y escasez del crédito, fuga de capitales, reducción de inversiones, caída de importaciones y exportaciones, hasta llegar al punto que este año las remesas enviadas por las familias trabajadoras migrantes, superan por primera vez las exportaciones.
En los primeros cinco meses de 2023, El Salvador obtuvo ingresos de exportaciones por un monto de $2,850.3, pero las remesas fueron de $3,331.5, superando a las primeras en $481.2 millones. Como dice el lema oficialista: Siguen haciendo historia, porque la semana pasada también rompieron otro récord al superar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) los $250, para un salario mínimo de $365 en el sector comercio y $243.46 para el sector agropecuario.
Hasta los empresarios agremiados, y en su mayoría aliados del gobierno, se ven forzados a reconocer el fracaso económico del régimen. Esta semana el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Hasbún, ante sus asociados durante el encuentro nacional de la empresa privada, ENADE, mostró su preocupación por las bajas exportaciones, la disminución en las importaciones y la pérdida de empleos.
«Han bajado las exportaciones 7.5 %, pero también las importaciones han bajado 8.6%. El único indicador que ha subido es el tema de las remesas, pero sí es muy preocupante que ya las remesas superan inclusive el monto de las exportaciones , afirmó, para reconocer que este año, y solo en la industria, se han perdido 10mil empleos.
Hambre, sequía y cambio climático
Según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022, publicada por el Banco Central de Reserva (BCR), hasta un 84.6% de hombres y mujeres trabajadoras gana menos de $391 al mes, una cifra apenas superior al salario mínimo y dentro de ese porcentaje, casi el 54% corresponde a salarios por debajo de los $328.
Por otra parte, según el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), los asalariados del área urbana deben gastar hasta $51.52 más que hace un año para comprar los mismos 22 productos de la CBA, mientras que los trabajadores agrícolas han visto ese gasto incrementarse hasta en $47.21.
En este sentido, y restándole al salario las distintas retenciones de ley, por lo menos en el sector comercio, el CDC calcula que el salario neto mensual ronda los $327, algo que deja poco margen para cubrir otras necesidades como el pago de servicios, los cuales, según la organización equivalen a un costo promedio nacional de hasta $84.12.
Ese es el verdadero rostro de la pobreza en El Salvador, donde un altísimo porcentaje de población gana (en el sector urbano) 365$ al mes y debe gastar un mínimo de ($250.76 + $84.12) $334.88. Con esos datos, a una familia le queda para vivir unos $30 al mes para útiles escolares, transporte, ropa, medicamentos, etc. El drama es aún mayor en el campo, donde las familias campesinas deben gastar proporcionalmente más de su mísero salario ($283.46) para abastecerse con una CBA ($188.89). Esa es la vida a la que estan condenadas al menos 1.7 millones de personas que sufren pobreza en El Salvador, de acuerdo a los datos de la EHPM 2022.
A los salarios insuficientes se suman factores climáticos, como las sequías y las altas temperaturas que están afectando la agricultura, así como la falta de políticas específicas para ese sector, las cuales podrían implementarse para aumentar la producción de granos básicos y disminuir la dependencia de la importación de alimentos.
Según el CDC, el país actualmente mantiene una dependencia de granos importados de hasta 32.8%, en el caso del frijol; un 27.7% del maíz; más del 62% en el arroz y una dependencia de hasta 93.2% para otros alimentos como verduras y hortalizas de alto consumo en la dieta familiar salvadoreña.
Hambre y sed de justicia
No solo el hambre y la sed físicas afectan a importantes sectores de la población; la sed de justicia también se evidencia en las denuncias de organismos encargados de defender el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica de la ciudadanía.
Esta semana se conoció el informe de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que registra 173 muertes de personas bajo custodia del Estado, después de ser capturadas durante el régimen de excepción; 75 de esas muertes ocurrieron este año.
Del total de decesos, 84 mostraron signos de muerte violenta, mientras que 51 fueron por negligencia médica, cuatro fallecieron por enfermedades crónicas y 30 por causa desconocida. El informe señala que el 91% de las personas muertas no tenían vinculación con pandillas.
Socorro Jurídico también informó que, hasta la fecha, han presentado 1,285 solicitudes de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de las cuales tuvieron respuesta en 28 de ellas, con tres prevenciones y 25 improcedencias. Las cifras evidencian la literal inexistencia o denegación de justicia, como denunciaron en conferencia de prensa.
Lejos de que la situación mejore para las miles de personas que, siendo inocentes, como demostró el reconocimiento oficial de que al menos 5mil personas han tenido que ser liberadas después de meses de detención arbitraria, sin pruebas y en condiciones deplorables, hoy el régimen avanza a pasos firmes en la construcción de una dictadura que hace caso omiso al derecho humanitario, al derecho internacional, a los derechos humanos y civiles y a cualquier noción asociada al debido proceso, derecho de defensa, límites legales razonables para la detención inicial, entre muchos otros.
En efecto, actuando nuevamente como pasapapeles del Ejecutivo y de la FGR, virtual apéndice de presidencia, las bancadas aliadas del gobierno aprobaron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que, según diversos juristas, no hacen más que facilitar la tarea de la fiscalía, otorgar más poderes a fiscales y policías y debilitar la autoridad de los jueces que, tal como lo señaló la magistrada presidente de la Sala de lo Penal de la CSJ, Sandra Luz Chicas, la nueva normativa convertiría en pasapapeles. Opinión profesional que fue literalmente ignorada por los legisladores.
La oposición de profesionales del derecho y defensores de DDHH no se hizo esperar. “No había habido un retroceso tan fuerte como a partir de las reformas del año pasado; ya prácticamente han cambiado el diseño del procedimiento penal, devolviéndolo o retrotrayéndolo a un modelo inquisitivo”, señalaba el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego. Mientras que la Directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunciaba que “Estos juicios violan el principio de la presunción de inocencia al presuponer la culpabilidad de los acusados sin que se haya probado su responsabilidad penal. Es evidente que las reformas resultan contrarias a los compromisos internacionales”
Sin duda, entre los elementos más conflictivos destacan la decisión de extender hasta dos años la detención mientras se realiza la investigación, y poder englobar a cualquier acusado de asociaciones ilícitas (el más habitual de los cargos esgrimidos por la policía al momento de los arrestos), como perteneciente a un grupo criminal y, a partir de ese cargo, someterlo a juicios colectivos, donde se juzgan las acciones grupales sin individualizar a las/los autores. De tal manera que se pierde el derecho a ser juzgado por su responsabilidad individual y a tener una defensa de sus cargos, para pasar a ser sometido a juicios por delitos difusos contra los cuales se acusará a grupos más o menos numerosos de personas. Así el régimen arrasa con cualquier vestigio de un proceso justo, de cumplida justicia, e incluso del derecho real a una defensa. Kafka no hubiera escrito una ficción que supere esta realidad.
Mientras el régimen desmonta piedra a piedra todo el sistema de procedimientos judiciales, sigue avanzando en el control militar de la sociedad. A las ya conocidas acciones de acoso a comunidades defensoras del medio ambiente, de acciones de intimidación contra quienes denuncian las violaciones de derechos, hoy se avanza en la militarización de operaciones tradicionalmente en manos de civiles, como por ejemplo el control de puertos, cuya responsabilidad pasó de una entidad estatal autónoma, al control de la fuerza naval salvadoreña.
La primera expresión de esa militarización fue denunciada por los propios trabajadores portuarios a quienes las autoridades están obligando a entrenar a elementos de la marina en el manejo de las grúas y equipos de carga y descarga portuaria.
Con su habitual cinismo, el funcionario responsable del área por el Ejecutivo, el presidente de CEPA, Federico Anliker, desestimó las denuncias sindicales acusando a los trabajadores de responder a la oposición y al FMLN y de “tratarse de trabajadores holgazanes”. No lo dijo en privado, tuvo el descaro de decirlo en la entrevista televisiva de mayor audiencia en el país. Si la semana pasada eran los médicos los que ponían el grito en el cielo -y lo siguen haciendo- en defensa de sus colegas arbitrariamente separados de cargos, hoy son los trabajadores portuarios los que elevan su voz.
La grieta, pues, no es sólo social o económica, también el régimen a pesar de su aparente omnipotencia, empieza a sufrir el degaste de un accionar político errático, anti-popular, represivo y que creía que solo con manipulación y espectáculos circenses podría mantener dormido a un pueblo.
Lo recordamos hoy, cuando se cumplen 48 años de la masacre de estudiantes universitarios en San Salvador, el 30 de julio de 1975, cuando marchaban en solidaridad y protesta contra la represión de otros universitarios en la ciudad de Santa Ana.
Los signos de los tiempos tejen curiosas equivalencias y similitudes. Aquellos hechos fueron una señal de los duros años que esperaban al pueblo salvadoreño. Hoy dependerá de la organización y movilización popular impedir la consolidación de un régimen dictatorial; también la lucha política electoral debería plantearse como una forma más de elevar las conciencias, avanzar en la organización popular e impedir la consolidación de la dictadura, cuya máxima expresión simbólica será la violación manifiesta de la Constitución, con el intento autoritario de reelección ilegal.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Foto archivo
