El Pentágono está retirando de la frontera entre EE.UU. y México a 1.100 soldados en servicio activo que había desplegado a principios de año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia.
El Secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó en mayo el despliegue de un total de 1.500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de 90 días de la presencia militar en la frontera. En aquel momento, los cruces ilegales de la frontera aumentaron rápidamente y se temía que aumentaran aún más tras el fin de las restricciones, pero las cifras han disminuido.
Las 1.100 tropas concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto; las 400 restantes se prolongarán hasta el 31 de agosto, dijo un funcionario de Defensa bajo condición de anonimato para discutir los detalles antes de un anuncio.
En el momento en que se hicieron públicos los movimientos de tropas, los funcionarios hicieron hincapié en que las tropas en servicio activo no ocuparían posiciones de primera línea en la frontera ni interactuarían con los migrantes, sino que realizarían tareas como la introducción de datos o el apoyo a los almacenes, con el objetivo de liberar al personal de Aduanas y Protección de Fronteras para que estuviera sobre el terreno.
Las tropas estaban destinadas a ayudar a los agentes fronterizos a hacer frente al fin del Título 42. Esa norma permitía al gobierno expulsar rápidamente del país a decenas de miles de migrantes en nombre de la protección de Estados Unidos frente al COVID-19.
En los días previos al fin del Título 42, los agentes fronterizos se encontraban con 10.000 migrantes al día y, en un momento dado, tenían a 27.000 migrantes bajo custodia. Pero inmediatamente después de la expiración del Título 42, las cifras cayeron bruscamente a unos 5.000 encuentros al día, y se han mantenido bajas, según los datos de la agencia.
Pero no está nada claro hasta qué punto estos descensos son permanentes. En los siete primeros meses del año, el número de personas que han cruzado el Paso del Darién, una ruta clave para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde Sudamérica, ha sido superior al de todo el año 2022.
La partida de las tropas militares en servicio activo también se produce cuando gran parte de la agenda de inmigración de la administración Biden está sujeta a desafíos judiciales. La semana pasada, un juez federal dictaminó que una norma de la administración que limitaba el acceso al asilo en la frontera sur era contraria a la ley. La administración está apelando esa sentencia, argumentando que es una parte clave de sus esfuerzos para mantener el orden en la frontera.
Por otra parte, el Departamento de Justicia anunció la semana pasada que ha demandado al gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar al estado a retirar las boyas flotantes en el Río Grande que, según el gobierno federal, representan un problema humanitario y medioambiental.
Las salidas tampoco afectan a otros 2.300 efectivos de la Guardia Nacional bajo órdenes federales que permanecen en la frontera en funciones de apoyo similares, dijo la semana pasada el jefe de la Guardia Nacional, el general Dan Hokanson. Estas tropas no serán prorrogadas, pero otras unidades serán rotadas para sustituirlas cuando finalicen sus despliegues.
Austin ha intentado que el Departamento de Seguridad Interior asuma plenamente las funciones de protección fronteriza en lugar de depender continuamente de las tropas militares. Como condición para que Austin aprobara previamente el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera hasta el 1 de octubre, Seguridad Nacional tuvo que aceptar trabajar con la Casa Blanca y el Congreso para desarrollar un plan de soluciones a más largo plazo en materia de personal y déficit de financiación.
En una respuesta a la AP, el Pentágono dijo que el DHS ha esbozado un plan para aumentar el personal y las inversiones en tecnología para hacer frente a futuros aumentos.
Este artículo fue publicado por AP News. Traducido por PIA Global.
FOTO DE PORTADA: John Moore.
