El domingo 23 de julio se celebran elecciones generales en España.
Se trata de unas elecciones anticipadas debido a la decisión del actual Presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, de disolver el Parlamento.
Una decisión anunciada en rueda de prensa el 29 de mayo, tras las elecciones municipales y autonómicas que habían supuesto una clara afirmación del Partido Popular de Núnez Feijóo y una clara derrota de los socialistas del PSOE.
Esta última ronda electoral ha visto, en la derecha, la desaparición de Ciudadanos -que no participará en las políticas-, el hundimiento de Unidas/Podemos (que ahora integra Sumar, en una pócima nada fuerte)- y la confirmación de la extrema derecha de Vox, que podría convertirse en el tercer partido de la monarquía española poco más de una década después de su creación.
El actual ciclo político ibérico se caracteriza por un regreso prepotente al bipolarismo, con una dinámica bipartidista preponderante y una acentuada personalización en favor de las figuras dirigentes de las distintas formaciones: Sánchez y Feijóo sobre todo, junto a Díaz y Abascal.
El choque será entre un frente progresista formado por el PSOE y Sumar, liderado por la gallega de 52 años Yolanda Díaz -viceprimera ministra del Gobierno de coalición saliente, además de ministra de Trabajo- y un frente antisanchista (victorioso en mayo) que reúne al PP y a los neofalangistas de Santiago Abascal, sin alianza formal entre populares y Vox.
PP y Vox gobiernan juntos en tres regiones, entre otras: Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, y ahora podrían gobernar España.
Al margen de las púas que ambos dirigentes se lanzaron durante la campaña, con el líder de los populares acusando a Vox de no ser «de fiar» y Abascal afirmando que no era la «rueda de repuesto» del PP, los votos de los neofalangistas seguirían siendo imprescindibles en caso de que el PP careciera de mayoría absoluta, mientras podrían completar su proceso de desbloqueo entrando en el Gobierno central.
Esto no tendría precedentes desde el final del franquismo hasta la fecha.
Vox ha vomitado su grosera propaganda reaccionaria sobre la inmigración, la violencia de género y el cambio climático, y Feijóo -que representa una posición más ‘centrista’ que el anterior líder Casado- ha intentado marcar distancias con los casposos más inescuchables del líder de Vox y sus compañeros de partido.
Pero todo parece más bien el habitual ‘juego de partido’.
De hecho, los dos grandes partidos españoles (PSOE y PP) necesitarán respectivamente los votos de la coalición de izquierda radical Sumar, que reúne a una quincena de formaciones -incluido lo que queda de Podemos- y de Vox.
Las formaciones fuera de estos dos polos tienen un peso significativo a nivel «regional» en particular en el País Vasco (PNV y EH Bildu, en cierta medida heredera de la izquierda aberzal), en Cataluña (ERC,JUNTS y CUP) y en Galicia (BNG) y en algunas cuestiones, que han ampliado los derechos sociales o las libertades de género, su voto ha sido decisivo.
Si la coalición entre el PSOE y Sumar gobierna en la Moncloa, la izquierda radical promete dar la batalla en algunos temas que han estado en el centro de esta corta campaña electoral: la semana laboral de 32 horas para la igualdad salarial, un vasto programa de construcción y mantenimiento de viviendas, el derecho a una «herencia universal» de 20.000 euros para todos los mayores de 18 años, financiada con un impuesto a los grandes capitales.
A quienes dudan del realismo político de las promesas de Díaz, la ministra responde con un balance de la actividad de su Ministerio desde 2020: una subida del 47% del salario mínimo -en contra de la opinión de los socialistas-, una ley para los trabajadores de plataformas digitales que se ha convertido en referencia en Europa, una reforma del mercado laboral que ha reducido la precariedad.
El feminismo y el ecologismo son otros dos pilares de la coalición de la izquierda radical, bastante moderada -por decirlo suavemente- en ciertas cuestiones de política internacional relativas al papel de la OTAN y la UE, de las que reclama una utópica «democratización».
Los puntos fuertes dignos de mención, desde nuestro punto de vista, son sobre la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, el reconocimiento del Estado palestino, una «interlocución pacífica, autónoma y crítica con China», y una apertura a las experiencias progresistas latinoamericanas.
Pero en el tema central de la guerra contra Ucrania, la posición está esencialmente subordinada a la del PSOE, que pregona el apoyo político y militar a Kiev.
El modelo político de la ministra es el experimentado en Barcelona con la ex alcaldesa Ada Colau, de la que eligió a una figura muy cercana a ella como el eurodiputado ecologista Ernest Urtasun; y dentro de Sumar están la escisión «moderada» del cofundador de Podemos Errejón, Más País (que se convirtió en la primera fuerza política de izquierdas en Madrid) y Compromís, una coalición de fuerzas de izquierdas de la Comunidad Valenciana.
Díaz ha recuperado en su equipo a otras figuras destacadas de Podemos como Pablo Bustinduy, o incluso Nacho Álavarez, y ha apostado por figuras como su portavoz en temas feministas, Elizabeth Duval, o Tesh Siti, de 29 años, nacida en un campo de refugiados saharauis en Argelia.
Si PP y Vox gobiernan en la Moncloa, se abrirá un escenario no muy distinto al que se está produciendo en varios países de la UE, con las fuerzas conservadoras tradicionales del lado de la extrema derecha.
Esto, en lo que se refiere al contexto ibérico, se caracteriza por un marcado temperamento «antiindependentista» contra vascos, catalanes y gallegos en particular, y un deseo de centralizar ciertos aspectos de la gestión de los asuntos públicos, restando márgenes de actuación a las distintas autonomías.
La última incursión de Abascal se refirió a Cataluña, al afirmar que -en caso de un gobierno del PP y VOX- no dudaba de que volverían las tensiones.
En un encuentro organizado por Europa Press el martes, dijo: «Impongan la ley, restablezcan los instrumentos que el Estado necesita para defender la unidad, que es la base de la Constitución».
En general, la derecha española -tanto moderada como extrema- reprocha que el Gobierno «en minoría» de los socialistas haya tenido que apoyarse en formaciones «autonomistas» para aprobar algunas leyes progresistas.
Otro tema por el que se caracteriza la extrema derecha española es su implacable actividad contra el amplio frente progresista en América Latina y su apoyo a las derechas anticastristas y antichavistas, como todas las derechas golpistas latinoamericanas, de las que el país ibérico se ha convertido en un hinterland político ideal, y al mismo tiempo en un trampolín para lo que se decide en Bruselas.
Hay que recordar que en España viven más de 3 millones de latinoamericanos -sin contar las «segundas generaciones»- y que algunos miembros importantes de las oligarquías latinoamericanas han elegido Madrid como capital de adopción, que se ha convertido en una especie de «nueva Miami».
En general, en la política española, más allá de los enfoques -conservador o progresista-, la relación con América Latina es central.
Es difícil predecir los resultados que saldrán de las urnas este domingo, teniendo en cuenta la ‘variabilidad’ de las encuestas y el hecho de que luego son puntualmente contradichas por el voto real.
España, después de Italia, Suecia y Finlandia y por último Grecia -donde se confirma- podría «girar a la derecha» y celebrar una nueva convergencia en el seno de la Unión Europea entre las fuerzas moderadas del liberalismo conservador y la extrema derecha que aspira a convertirse en el nuevo eje político de Bruselas.
*Giacomo Marchetti, periodista.
Artículo publicado originalmente en Contropiano.
Foto de portada: extraída de fuente original Contropiano.
