El conglomerado de la ultraderecha y la derecha –uribismo, vargasllerismo, gavirismo, santismo, conservadores, neo paramilitares y militares asesinos- acuden a toda clase de artimañas y recursos politiqueros para sabotear, desestabilizar y bloquear al gobierno del presidente Gustavo Petro, que a cada paso encuentra esta gavilla regresiva haciendo montajes de todo orden –mediáticos, judiciales y parlamentarios- para anular su gestión transformadora con las reformas sociales y económicas que hacen parte de su plataforma programática.
Hasta el día de hoy tenemos de todo lo que es frecuente en el repertorio político oligárquico y fascista: Lawfare (guerra jurídica) en cabeza del Fiscal Barbosa, de la Procuradora Margarita Cabello, del Defensor del Pueblo (paramilitar), señor Camargo, de un sector judicial anclado en las Cortes, el Consejo de Estado y los tribunales regionales; gavilla mediática, apalancada desde los principales medios dominantes que encabeza la Revista Semana, de propiedad de un potente monopolio bancario, quienes no dan tregua al presidente, en el día a día; “golpe blando”, en la modalidad construida por la conspiración imperial, aunque algunos despistados –de izquierda, por lo demás- lo nieguen porque aún no tienen las pruebas suficiente en la Embajada gringa de Bogotá; y bloqueo y filibusterismo legislativo, que ha entorpecido el trámite de las reformas anti neoliberales en el Senado y la Cámara.
El presidente Petro no ha tenido un minuto de tregua en esta guerra contra su gobierno y por momentos pareciera darse una parálisis institucional en la administración progresista.
La penúltima “maravilla” de esta cascada regresiva la ha planteado el señor German Vargas Lleras –un agresivo jefe de la elite bogotana tradicional-, quien ha convocado a todos los jefes políticos para unirse en un solo “bloque electoral”, con el objetivo explícito de destruir al presidente Petro, al gobierno y su programa político transformador. Por fortuna, el llamado de este dinosaurio de la ultraderecha no ha tenido eco, confirmando su aislamiento político y desprestigio entre la opinión pública, derivado de su autoritarismo y descaches políticos con los sectores populares que aborda a punta de “coscorronazos” (ultrajes físicos) como lo ha hecho con sus empleados inmediatos. Frente a la bancarrota de Uribe Vélez, de Cesar Gaviria, de Santos y de Andrés Pastrana, Vargas Lleras ha intentado encuadrar a todos los sectores de la Oposición neoliberal, pero no despega en ese intento por llenar los vacíos políticos que se presentan en el bloque fascista reaccionario. En el proceso de recomposición de este sector, más bien van tomando forma los liderazgos de sectores militares uribistas que adelantan campañas de agitación por las regiones, como ocurre con el ex general Zapateiro, el ex comandante del ejército de Iván Duque, comprometido en masacres de campesinos, de líderes sociales, en procesos de corrupción y en alianzas con las mafias del narcotráfico.
A pesar de este cuadro de confrontaciones, disputas y tensiones catastróficas, el presidente Gustavo Petro ha mostrado ser un líder creativo.
Lo han querido paralizar y a que se resigne. Sin embargo, -como buen estratega- avanza, construye alianzas y sacude el tablero político profundizando sus relaciones con la multitud.
En principio, Petro proyecto un acuerdo político con actores políticos por fuera de su coalición electoral de base, para facilitar la gobernabilidad en los primeros meses de su gestión, lo que claramente se tradujo en importantes logros como la reforma tributaria, la paz total, el Plan de desarrollo y la normalización de las relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Se hicieron concesiones inevitables en la conformación del gabinete ministerial.
Pero, posteriormente (con el inicio del 2023) surgieron las fracturas, y en la propuesta de un paquete de reformas sociales (salud, trabajo y pensiones) las correlaciones de fuerza se alteraron provocando cambios en los ministerios y choques con las facciones del esquema partidista oligárquico.
Las reformas sociales planteaban un choque frontal con el modelo neoliberal en todas sus versiones. Los poderosos grupos económicos conformados con las EPS (Empresas de salud), la explotación seudo empresarial esclavista del trabajo y los billonarios Fondos de Pensiones, bajo el control de Sarmiento Angulo -el principal banquero del país-, declararon abiertamente la guerra y se volcaron a destruir el trazo reformista post neoliberal. Esta maraña oligárquica hizo de todo: guerra mediática, manipulación con encuestas, intrigas parlamentarias, sobornos a legisladores, ausentismo parlamentario y filibusterismo a fondo lo que, desafortunadamente, resultó en la bancarrota legislativa del paquete gubernamental.
El neoliberalismo sigue vivo y manotea como un león herido.
El presidente Petro, sin embargo, se mantiene firme en su postura de cambios, al tiempo que ha hecho ajustes en su estrategia política para incorporar a su “bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente en el uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta«[1]
En esos términos, ha profundizado su encuentro con los sectores populares promoviendo movilizaciones sociales y proyectando Asambleas populares con estudiantes, madres comunitarias, campesinos, trabajadores, indígenas y comunidades afrodescendientes, al tiempo que redirección sus alianzas –aminorando el protagonismo de las facciones burocráticas del clientelismo-, para atraer a pequeños, medianos propietarios y profesionales urbanos en condición de precariedad social.
En esa ruta es que se ha desplazado con su gobierno y altos funcionarios al departamento de la Guajira para adelantar sus gestiones durante más de una semana abordando los problemas más agudos de la población de esta región, afectada por la pobreza, la violencia y la corrupción de unos clanes políticos delincuenciales que tienen secuestrado el Estado en el departamento y los municipios.
Petro ha desplegado allí todo su arsenal como líder popular convocando a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los jóvenes y a los empresarios honestos para que, de manera mancomunada, se aborden los problemas más agudos del territorio como el hambre, la desnutrición de los niños, la carencia de agua potable, la explotación a cielo abierto del carbón, la transición energética, el turismo, la creación de una nueva universidad, las vías, los aeropuertos, la corrupción con las regalías petroleras y el predominio de las mafias violentas, enquistadas en la institucionalidad y en las redes urbanas hoteleras, como ocurre en el municipio de Dibulla, donde el clan del santandereano Diego Moreno Tirado (dueño de una frondosa contratación en el DPS y el PNIS, junto a su socio Alejandro Cárdenas) es el artífice y ejecutor de la violencia cotidiana de las bandas del neoparamilitarismo asentado en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta como herederos del Bloque Tayrona de Hernán Giraldo Serna.
En la Guajira, el presidente Petro ha declarado una Emergencia Económica y social para aprobar de manera directa, sin la mediación de los caciques politiqueros, los decretos y normas que resuelvan problemas críticos como el de la desnutrición que asesina cientos de niños indígenas, el suministro del agua potable a las comunidades y la transición energético para masificar el uso de energías alternativas y marchitar la dañina extracción de carbón mineral a cielo abierto, que se traga millones de litros de agua potable de los ríos de la Guajira.
Un hecho clave en la presencia del gobierno en la Guajira es la oficialización del Ministerio de la Equidad y la designación de la vicepresidente Francia Márquez como la primera Ministra encargada de adelantar las estrategias contra la pobreza y la miseria que azota a millones de colombianos.
Hay luz en el horizonte. Petro ha recuperado la iniciativa estratégica, en mi opinión lo que procede es agilizar la transformación del Estado en los términos del Plan de Desarrollo para profundizar el desmonte del neoliberalismo y la construcción de la sociedad post neoliberal. Transformar el Estado es dar un vuelco a la estructura administrativa de las instituciones públicas para colocarlas al servicio de los cambios democráticos. Lo que necesariamente implica remover la herencia burocrática del uribismo que aún sigue enquistado por todo el engranaje administrativo del gobierno, tanto a nivel nacional como regional y local.
En ese sentido sugerimos emprender la tarea de reconfigurar el Estado neoliberal mediante la conformación de una alta Consejería para la administración pública en la presidencia de la república que trabaje en llave con el DAPRE, adelantando los reajustes administrativos y misionales sectoriales necesarios, haciendo uso de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones que fue expedida en el espíritu de la Constitución de 1991. [2]
Pienso que el presidente tiene amplios recursos en las normas de la Constitución de 1991 para adelantar, -por la vía ejecutiva-, importantes reformas en el campo de la salud, la organización del trabajo, el régimen pensional, la educación universitaria, los servicios públicos, la reforma agraria, el combate a la corrupción, la paz, la autonomía regional y los derechos políticos democráticos de los sectores populares de la nación.
Horacio Duque* Politólogo y periodista colombiano. Colaborador de PIA Global
Referencia:
[1] https://www.aporrea.org/internacionales/a322734.html. [2]https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186.Foto de portada: imagen de YouTube
