El mes de junio se vio sacudido por la irrupción de las protestas en la provincia de Jujuy, una provincia distante de la capital, que se ha ido visibilizando por distintos motivos, diferentes a los que hoy llaman la atención de propios y ajenos.
Jujuy aparece en las postales turísticas y en los catálogos de las ambiciones extractivistas como un inmenso desierto de “oro blanco”, pero Jujuy no está deshabitado, es una provincia a la que históricamente la “capital” le ha dado la espalda, como a todo el norte argentino, es un lugar con una inmensa riqueza cultural y con un pueblo sacrificado y valeroso que ha empezado a mostrar lo peligroso que puede ser, pensar que la República es para unos pocos.
Uno de los objetivos más perniciosos del neoliberalismo, ha sido el ataque a la educación, ese ataque que, en la agenda estratégica de la recolonización imperialista, se ha desarrollado sistemáticamente, afectando a los jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad y a los trabajadores de la educación, especialmente a los docentes.
Docentes, que en algunos casos no superan los 40 mil pesos de salario básico y a los que el gobierno provincial ha ofrecido elevar a 63.200 pesos, teniendo en cuenta que, en Jujuy, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), en el mes de enero, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitaba 152.381,97 pesos, para no caer por debajo de la línea de la pobreza, y para no ser indigente, una familia debía tener un ingreso de 72.240.81 pesos.
Por tal motivo el pasado 5 de junio, los gremios docentes convocaron a un paro por tiempo indeterminado al que adhirieron los trabajadores estatales de la provincia, y llamaron a diferentes marchas que se desenvolvieron en el marco de una reforma de la constitución provincial que fue rechazada por el conjunto de la población por su acelerada e inconsulta aprobación, con artículos que condicionan la protesta social y afectan las relaciones con las colectividades originarias en cuanto a la tenencia de la tierra y los efectos de la explotación extractivista en la región.
Luego de más de 30 días de lucha y al no lograr la recomposición salarial que vienen reclamando, han comenzado una «huelga de hambre» frente al Ministerio de Educación de la Provincia en San Salvador de Jujuy, a los que se sumaron docentes del Ramal, de la Puna y la Quebrada, tras realizar una «marcha blanca» hasta llegar a la carpa montada por los maestros de capital para dar inicio a la medida de fuerza.
Paralelo a este hecho en la madrugada del sábado primero de julio, mientras sesionaba el Concejo Deliberante de Humahuaca para tratar la Reforma Constitucional, la policía cargó contra los manifestantes que acompañaban las deliberaciones, causando heridos y detenidos.
Al término de la sesión, el Concejo aprobó una Declaración en contra de la Reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales, abriendo así, un nuevo incidente que se suma a los cortes y las marchas en varias localidades de la provincia.
Los cortes son encabezados en su mayoría por los pueblos indígenas de Purmamarca y Tilcara. En Abra Pampa, los estudiantes han tomado los colegios secundarios y persiste la represión en medio de una incertidumbre política por lo que hará el Ministerio de Justicia de la Nación ante la aplicación de esta reforma de Gerardo Morales que se erige como un modelo a seguir de acceder al gobierno nacional en las próximas elecciones.
Es evidente que la puesta en marcha de la represión y persecución dictatorial, junto a la reforma constitucional, componen la puesta en escena de un plan de alcance estratégico, pues los compromisos adquiridos ante los organismos internacionales como los fondos buitres y el FMI, traerán consigo la aplicación de un procedimiento de entrega del patrimonio nacional con el agravamiento de la situación social.
Denuncias de privación ilegítima de la libertad, allanamientos como los sufridos por Milagro Sala o la familia Domínguez, las torturas, la metodología represiva aplicada por la policía que ya lleva varios heridos que han perdido un ojo, entre otras aberraciones sin la condena de las autoridades de la nación y las medidas pertinentes para que termine la prepotencia del ejecutivo provincial, son una mala señal en el porvenir.
La puja por el negocio del Litio necesita de un marco legal que le garantice la “paz social” que no ahuyente los capitales (China, Japón, Australia, Canadá, Francia, Reino Unido y Corea del Sur), por eso el artículo 67 de la reforma sostiene “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”.
Jujuy forma parte del triángulo del litio que componen Argentina, Bolivia y Chile, se estima que allí hay entre el 65 y el 85% de las reservas mundiales de este metal blando, de color blanco plata. La reforma de Morales adecua los artículos 36 y 50, que le permiten al Estado lanzarse a la obtención de numerosos territorios, muchos de los cuales pertenecen a las comunidades originarias, ratificando a través de ellos “el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio”.
En síntesis, Morales y sus socios, ya sean comerciales o políticos simbolizan, corrupción-represión y despojo, formula utilizada durante décadas por quienes tanto hablan de libertad y democracia en la Republica liberal.
Oscar Rotundo* Analista político y editor del equipo de PIA Global
Foto de portada: Germán Romeo Pena (ANRed).
