Transición y contra transición son dos categorías teóricas a las que es obligado acudir en la actual coyuntura histórica nacional para entender el actual momento político en que se encuentra Colombia a raíz del acceso a la presidencia de la republica del ex senador Gustavo Petro como candidato del Pacto histórico y con un programa -ahora Plan de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”– de un contenido reformista y transformador incuestionable.
La transición política y social viene ocurriendo desde el “estallido social” de abril del 2021 en que se dio una masiva movilización urbana, indígena, campesina, juvenil, ambiental y femenina contra el gobierno uribista de Ivan Duque y su modelo neoliberal y violento. Esa rebelión dio forma a una potente subjetividad que sacudió toda la formación social y política imperante con sus dominios despóticos y salvajes por el uso estructural de la violencia contra los jóvenes y los trabajadores en los principales centros urbanos: Cali, Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Popayan.
La subjetividad constituida dio un salto hacia el desempeño político y electoral al confundirse con el movimiento organizado alrededor del liderazgo de Gustavo Petro y del denominado Pacto Histórico como convergencia de diversas tendencias de izquierda y populares -13 en total-.
Con la instalación del nuevo gobierno el 7 de agosto del 2022 y la proyección de un formato de gobernabilidad que supuso el ingreso de sectores tradicionales al gabinete presidencial, el proceso de transición tomó la forma de una ruta institucional y legal que cristalizó en la aprobación de una reforma tributaria progresiva, la acogida de la Ley de Paz total, la adopción del Plan de desarrollo, la validación del Acuerdo de Escazú y la emisión de un conjunto de actos ejecutivos con cambios en el ejercito y la policía, mediante la exclusión de altos oficiales militares con oscuros antecedentes en los “falsos positivos” y el exterminio de los líderes sociales y los ex combatientes de las Farc; la aprobación de la Renta ciudadana; algunas medidas de reforma agraria y otros pasos para atacar las mafias del narcotráfico enquistadas en el estado, y proteger a los campesinos cocaleros y los recursos ambientales con la eliminación del uso del glifosato en las aspersiones aéreas y manuales.
Esta transición bien puede focalizarse en los términos de un paso desde el viejo régimen de la violencia reaccionaria hacia un régimen de paz y convivencia, con reformas sociales que priorizan problemas muy graves de la población sumida en la pobreza y la exclusión social.
La contra transición.
Con casi dos años en ese camino (desde abril del 2021), hoy están tomando forma las tendencias de una agresiva “contra transición” que gradualmente se ha ido estructurando alrededor de los factores más virulentos del viejo Estado oligárquico. Me refiero a la campaña y sabotaje encabezado por el Fiscal neonazi Francisco Barbosa, la Procuradora Margarita Cabello -de las entrañas de los clanes caribeños de la corrupción- y la facción parlamentaria del uribismo, que recoge también el gamonalato de las vertientes tradicionales del bipartidismo liberal/conservador y del santismo alimentado en el despojo permanente de los presupuestos públicos a través de parapetos institucionales como el mega Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca, un verdadero corsé del clientelismo disfrazado del siglo XXI y una inmunda cloaca de las bandas politiqueras de Cali.
Con esa estructura de base, la contra transición se procesa duro en los principales medios de comunicación que no ahorran recurso alguno para atacar, debilitar y erosionar la gestión del gobierno progresista.
El fuego contra la administración es múltiple e inclemente, sembrando confusión entre la multitud mediante una casacada permanente de montajes y novelones -como el del tándem Sarabia/Benedetti- que pretenden distraer al país respecto de los elementos centrales de las reformas que demanda un país en crisis.
La contra transición ha subido de tono y nivel a raíz del paquete de reformas sociales impulsadas por el gobierno en las áreas de la salud, el trabajo y las pensiones, cuyo objetivo central consiste en desmontar el modelo neoliberal impuesto con la implementación de la Constitución de 1991 por los gobiernos de Cesar Gaviria, Andres Pastrana, Álvaro Uribe y Santos.
Hoy, estamos en pleno vórtice de la ofensiva ultraderechista que quiere cerrar, según el presidente Petro, con un “golpe blando” al gobierno, replicando el reciente asalto al presidente Pedro Castillo judicializado y encarcelado en un centro de alta seguridad en Lima.
Por supuesto, el bloque progresista (Pacto Histórico) tiene el desafío de superar el trancón sobrevenido y el sabotaje desatado; lo que bien puede ocurrir reorganizando la alianza con el movimiento popular, un poco desanimado y desmovilizado; el PH tiene que plantearse ya ser uña y carne de la gente en los pueblos, las veredas y los barrios, viviendo en el día a día sus problemas, construyendo la esperanza en un futuro diferente, pues de lo contrario todo se pagará con paralización, lejanía y desafecto; obvio, con menos votos en las próximas jornadas electorales.
Lo cierto es que hay que deshacerse de tanto oportunista infiltrado y enquistado por todos lados, metiéndole los dedos en la boca al presidente Petro, que son un verdadero lastre para la gran mayoría comprometida.
Pero, para enfrentar la arremetida de la ultraderecha uribista no “sobra” gestionar mejor la comunicación social para contrarrestar la desinformación y las mentiras constantes de los medios de comunicación de la aristocracia, que con su relato desvirtúa y falsea la información. No podemos permitir que el grueso de los medios siga en manos de la reacción neonazi que satura los contenidos informativos y el tipo de opinión mayoritaria que difunden. Es urgente crear y desplegar un sistema de mediación social alternativo al que apalancan los conglomerados financieros, militares y hacendarios.
El gobierno no puede caer en la trampa y meterse continuamente en charcas con asuntos menores, que ocultan los logros mas transversales, importantes e incidentes.
Horacio Duque* Politólogo y periodista colombiano. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: El presidente colombiano, Gustavo Petro, en la oficina presidencial del Palacio de Nariño en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo)
