Migración y otros asuntos
En un mundo globalizado, al calor del modelo neoliberal imperante, regido por tratados internacionales de libre comercio, las mercancías circulan libremente de acuerdo a las necesidades de los países centrales, mientras estos cierran sus puertas a las personas provenientes de los países productores de materias primas. Solo entra el número de migrantes que los países receptores necesiten. No ingresan personas, entra mano de obra barata, necesaria y eventualmente descartable
Con la finalización, este 11 de mayo, del Título 42 en materia migratoria en los Estados Unidos, que establecía la devolución automática a los países fronterizos de quienes entraran irregularmente a su territorio, miles de migrantes, sobre todo de América Latina y el Caribe, aunque también de otros continentes, se fueron agolpando en la frontera sur estadounidense en busca de asilo.
Sin embargo, las políticas restrictivas de EEUU, lejos de flexibilizarse, se endurecieron de inmediato con la aplicación del Título 8, que criminaliza la migración ilegal, autoriza la deportación inmediata de quienes entren a territorio estadounidense sin autorización, con subsecuente prohibición de entrada por cinco años, amenazando con acciones legales que llevaría a migrantes a las cárceles, como delincuentes.
Adicionalmente, Washington reedita las medidas adoptadas en tiempos de Trump estableciendo terceros países seguros. Esta vez la administración Biden “corre un poco más al sur la frontera” dirigiendo a las personas solicitantes de asilo a Guatemala y Colombia. En paralelo, se despliega en la frontera sur de los EEUU una suerte de histeria anti-inmigrante, con el gobernador Republicano de Texas a la cabeza de una narrativa bélica, anunciando el despliegue de fuerzas estatales militares, helicópteros de guerra, drones y toda una parafernalia militar. La crisis migratoria empieza a ser enfocada por el establishment como un problema de seguridad nacional. Aunque el gobierno estadounidense incrementa las medidas restrictivas sabe que, a la postre, fracasarán. La historia demuestra que no se puede frenar la migración a punta de pistola.
Al mismo tiempo que países centrales, como EEUU y varias naciones europeas, reconocen la necesidad permanente de mano de obra barata para infinidad de actividades productivas, que sus ciudadanos no están en condiciones o en disposición de realizar, esas potencias temen a las oleadas migratorias y, en consecuencia, las criminalizan.
Desde México, país afectado seriamente por la situación, su presidente insiste que la crisis no se resolverá hasta que los países receptores de migrantes contribuyan decididamente a combatir las causas que originan los éxodos cada vez más masivos desde los países emisores.
Sucede en la frontera estadounidense, pero también en el Mar Mediterráneo, en la frontera sur europea, que el viejo continente pretende inútilmente blindar contra la entrada de magrebies, subsaharianos y africanos en general.
El problema es global y no será resuelto con enunciados de buena voluntad ni demostraciones de fuerza, sino con luchas globales para transformar un mundo basado en formas de producción y distribución escandalosamente injustas, con países del llamado Tercer Mundo que siguen sufriendo sobre-explotación, despojo de sus recursos naturales y riquezas a manos de un puñado de empresas transnacionales extractivas, que dejan a los países exhaustos, sin recursos y sin oportunidades para sus pueblos.
El Salvador es históricamente un importante generador de migrantes. Desde los tiempos del conflicto armado el país ha generado diversas oleadas migratorias, sobre todo a los EEUU, pero también a Europa, Canadá y Australia, incluyendo en los últimos tiempos diversos países de América Latina, como México y las naciones del sur del continente.
Con posterioridad a los acuerdos de paz de 1992, y con la implementación del modelo neoliberal dependiente, la salida de población salvadoreña resultaba instrumental para que, una vez asentados en sus lugares de destino, las y los salvadoreños nutrieran con ingentes remesas en dólares al mercado de consumo local, creciendo gradualmente este factor económico hasta transformarse en la principal forma de ingresos de divisas para El Salvador. Algo similar se puede decir del resto de países del Istmo Centroamericano. Los nacionales se transformaron en producto de exportación, liberando tensiones sociales internas a la vez que se convertían en proveedores de divisas vía remesas familiares.
Más de 136,000 migrantes salvadoreños fueron expulsados automáticamente de los Estados Unidos en los últimos tres años, al ser procesados bajo el hoy derogado Título 42. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre enero y noviembre de 2022 más de 80.200 migrantes salvadoreños indocumentados fueron registrados entrando por su frontera sur, mientras que desde 2020 la cifra suma 217.755. Los datos señalan una tendencia marcada al incremento de migración de El Salvador hacia los EEUU desde la llegada del actual gobierno salvadoreño.
El milagro que vende el oficialismo no se materializa y, lejos de ello, continúa la tendencia a la expulsión de sus conciudadanos. El cuadro adjunto publicado por el Banco Mundial señala el claro incremento de la migración desde El Salvador, desmintiendo así las informaciones publicadas ocasionalmente en las cuentas presidenciales de redes sociales. En estos momentos esas cifras muestran que el nivel migratorio salvadoreño se equipara al de inicios del conflicto armado, en 1981. Sin duda, este gobierno está “haciendo historia” (repitiéndola)
Un fraude que desnuda al régimen
Justamente el tema migratorio fue también una cuestión de atención mediática debido a un caso que, en su desarrollo, dejó al desnudo la esencia del régimen, su política de mentir, chantajear, comprar, ocultar y corromper, con el único fin de sostener tasas de publicidad y aprobación pública elevadas. Para los personajes que gobiernan El Salvador, la verdad es irrelevante, lo importante es la percepción artificial que pretenden crear y que, por repetición, usualmente “convierten” en verdades aceptadas popularmente.
Pero no siempre las cosas salen como se espera y cuando la mentira y el fraude bien montados no funcionan el rey queda al desnudo, sin apelaciones. Así sucedió en el caso de dos ciudadanos colombianos que, creyendo la fábula mediática asentada en la narrativa de que el país se había convertido en el «más seguro del mundo», decidieron, cada uno por su cuenta, viajar a El Salvador a buscar oportunidades laborales en un país con una economía dolarizada, lo que les facilitaría el envío de remesas familiares en divisas a su país.
Sin embargo, ambos comprobaron rápidamente que los prejuicios, autoritarismo y virtual impunidad policial, los colocaron en una situación que ni en sus peores pesadillas hubieran soñado. Fueron detenidos en Soyapango, en la Colonia Las Margaritas, una zona populosa sometida al permanente acoso policial y militar desde la implementación del régimen de excepción.
Pese a estar legalmente en el país, y enseñar sus pasaportes para demostrarlo, los colombianos fueron detenidos, evocando a Roque Dalton, por ser “los siempre sospechosos de todo” cuando se encontraban comprando en un mercado local. Los matones uniformados y los integrantes de la oficina de migración, de inmediato asociaron “colombianos = traficante de drogas”, y sin más trámites los capturan y envían a prisión; al estar bajo el régimen de excepción los detenidos no tuvieron derecho alguno, otro que ser recibidos por una lluvia de palos, patadas y golpes al entrar en la cárcel, y el maltrato permanente que sufren todos los prisioneros, vivir en hacinamiento y sin condiciones de higiene, incomunicación total y, por lo tanto, incapacidad para contactar con su embajada o un abogado.
La lista de violaciones a los derechos humanos comprobadas en estos dos casos, no solo resultan irrefutables, sino que permiten establecer claramente un patrón de tratamiento hacia los prisioneros que, en la inmensa mayoría de casos, ni siquiera han pasado por una audiencia inicial para conocer sus acusaciones. Kafka hubiera escrito su mejor novela con la situación de las prisiones salvadoreñas.
Así pasaron tres largos meses hasta que las mismas herramientas que el régimen usa para manipular, engañar y mentir, se revirtió en su contra. La esposa de uno de los detenidos, ya sin posibilidades de saber qué sucedería con su marido, decidió denunciar el caso en las redes sociales. Se encendieron todas las alarmas y el régimen se volcó al plan B. Negó que se tratase de un caso de lucha contra pandillas ni de narcotráfico, sino que se trató de un “malentendido por cuestiones migratorias”.
Mientras intentaban establecer en las redes la nueva mentira como verdad incuestionable, el carcelero mayor del régimen, Osiris Luna en persona, se hace presente a la cárcel para “liberar” a los detenidos, ordena que les compren ropa nueva y los trasladan a un hotel capitalino, todo bajo un gran dispositivo de seguridad. En el trayecto, el funcionario insiste en que se trató de un malentendido y, como para esta gente la publicidad lo es todo, les pide que graben un video donde concuerdan que se trató de un error.
En ese tiempo, con una muy condicionada y vigilada “libertad”, los ciudadanos colombianos no pudieron contactar con los representantes diplomáticos de su país, y el consulado colombiano reconoció que el régimen no les dio oportunidad para ver a sus connacionales. Además, para minimizar los efectos de la crisis que podría desatarse, llevan a las víctimas de estos abusos estatales a pasar un día de playa en la llamada Surf City; allí les vuelven a tomar videos disfrutando del lugar. Estos materiales fueron difundidos desde varias cuentas, particularmente desde las del presidente, presentándolos como si hubiesen sido tomados semanas antes, cuando en rigor, los colombianos se mantenían en prisión.
¿Por qué se sabe todo esto, y por qué los medios lograron conocer la verdad?
Porque una vez que los ciudadanos colombianos, con una dignidad destacable, rechazaron las ofertas de casa, trabajo y varias otras prestaciones y prebendas a cambio de que firmaran y filmaran declaraciones negando los malos tratos y todo lo sucedido, e insistieron en ser retornados a su patria, llegados a Colombia y libres de la persecución del régimen salvadoreño, dieron su versión completa y detallada de los hechos.
No puedes comprar mi vida, dice una conocida canción de Calle 13. La dignidad de estos compatriotas de la Patria Grande demuestra en los hechos aquellos versos. El régimen buscará sin duda hacer olvidar cuanto antes esta historia, diluirla en el pasado como una fábula inventada por medios adversos al gobierno, pero este es uno de los pocos episodios en que todo el esquema de manipulación y corrupción del régimen queda expuesto.
Es importante no solo no olvidar este caso, sino ayudar a que la sociedad salvadoreña y, por supuesto, la comunidad internacional reconozca los métodos utilizados por este gobierno ilegítimo. Trasladar esa experiencia de los amigos colombianos en El Salvador a lo que están sufriendo, en algunos casos desde hace un año, mujeres y hombres sujetos a prisión sin derecho de defensa, y soportando violaciones a todo tipo de derechos y tratos vejatorios, es una forma de llegar a comprender la gravedad del caso, y denunciar y trabajar para revertir esta situación.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Según la vicecanciller para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, por lo menos 500 migrantes ya han pedido asilo al Gobierno mexicano. | Foto: EFE
