Durante los tres primeros años del gobierno de Bolsonaro, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) operó un sistema secreto para monitorear la ubicación de ciudadanos en todo el país, según documentos obtenidos por el diario O Globo e informes de servidores.
La herramienta permitía, sin ningún protocolo oficial ni legalidad, el seguimiento de los pasos de miles de propietarios de teléfonos móviles, a partir del número de un contacto telefónico deseado.
La práctica generó malestar a nivel interno, ya que se percibía que se utilizaba contra los propios agentes. Además, se sabía que la agencia no tiene autorización legal para acceder a datos privados sin una sólida justificación autorizada. Los agentes denunciaron que la herramienta se utilizaba sin ningún tipo de control, denuncia o discriminación.
Ni Abin ni nadie relacionado con la herramienta, fabricante, representante o incluso el antiguo jefe de la agencia, Alexandre Ramagem, hicieron comentarios sobre el asunto, alegando «secreto contractual». Los que hicieron comentarios lo hicieron bajo condición de anonimato.
Objetivos preferidos
Desarrollada por la empresa israelí Cognyte (ex Verint), la herramienta, denominada «FirstMile», permite rastrear a una persona a partir de los datos transferidos desde el teléfono móvil a torres de telecomunicaciones instaladas en distintas regiones. Con ello, el espionaje gubernamental podría conocer el historial de todos los movimientos de una persona y crear «alertas» de los movimientos de un objetivo.
En la práctica, cualquier teléfono móvil podría ser vigilado sin una justificación oficial. La posibilidad de vigilar a agentes del propio gobierno, empresarios y políticos, así como a objetivos evidentes de movimientos sociales o partidos de izquierda, demuestra que nadie está protegido de este tipo de vigilancia. Estas sospechas generaron un procedimiento interno para investigar los criterios de uso y la regularidad de la contratación de esta tecnología de espionaje.
La agencia compró el software por 5,7 millones de reales, con renuncia a la licitación, a finales de 2018, todavía en el gobierno de Michel Temer, y fue utilizado durante todo el gobierno de Bolsonaro hasta mediados de 2021. Como no existe una legislación específica que prohíba la práctica, el programa fue utilizado sin ningún control protocolar.
Repercusión
La ley que regula la agencia, de 1999, no prevé entre sus actividades el seguimiento de teléfonos móviles ni la vigilancia de la geolocalización de determinados objetivos. Por tanto, puede estar vulnerando el derecho a la intimidad, la privacidad y la libertad de movimientos, e incluso poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
Por otro lado, hay indicios en la prensa de que la Abin, así como la Policía Federal, han sufrido interferencias y actuado para proteger a Bolsonaro y su familia en casos como el escándalo de las rachadinhas, la recopilación preventiva de información sobre negocios que involucran a su hijo Jair Renan y la preparación de dossier sobre irregularidades de gobernadores durante la pandemia para desviar el foco del CPI de Covid.
Todos estos «servicios» denunciados no aparecen en los informes oficiales, lo que lleva al montaje de una estructura paralela de espionaje a favor de Bolsonaro como individuo y no como presidente de la República.
Según el senador Esperidião Amin (PP-SC), ex presidente de la Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia (CCAI) del Congreso Nacional, el asunto revela la necesidad de actualizar el sistema de inteligencia. La CCAI es el ámbito más adecuado para inspeccionar las actividades de Abin.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE) del Senado y vicepresidente de la Comisión Mixta de Control de las Actividades de Inteligencia (CCAI), Renan Calheiros (MDB-AL), dijo que trabajará en ambos órganos colegiados para investigar el caso.
«La CCAI entrará en este caso con una enorme lupa, atenta a la privacidad de los ciudadanos. Si se confirman las revelaciones, estaremos ante una de las más graves violaciones constitucionales contra la intimidad de las personas. Los responsables deben ser castigados», afirmó Calheiros.
«En el ámbito de la CCAI y de la CRE, quiero reestructurar Abin para que se convierta en una agencia de inteligencia profesional, eficaz, moderna y útil al Estado, y deje de ser una reunión de fisgones y chismosos, a menudo políticos. Las democracias necesitan servicios de inteligencia, pero no necesitan chismes», añadió Renan en una entrevista a Globo.
También dijo que programará la sabatina del nominado para la dirección de Abin por el gobierno de Lula, el delegado federal retirado Luiz Fernando Corrêa. «Espero que responda adecuadamente a esta y a otras preguntas que siguen sin respuestas convincentes».
Anteriormente, el líder del Gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), dijo que tomará medidas para averiguar quiénes eran las personas vigiladas por Abin. El parlamentario también defendió la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI).
La líder del PCdoB en la Cámara de Diputados, Jandira Feghali (RJ) señaló esto como otro escándalo en la lista de Bolsonaro. «¿Quién estaba interesado en esta redada ilegal?», cuestionó.
El líder del PT en la Cámara, ZecaDirceu (PR), defendió que la Justicia y órganos de fiscalización como la Contraloría General de la Unión (CGU) investiguen a la Agencia Nacional de Inteligencia (Abin).
«Es una denuncia muy grave, es necesario hacer una investigación rápida y presentar una denuncia para que los involucrados sean, muy duramente, castigados», dijo el diputado. «Se trata de un atentado contra la libertad individual, una práctica abusiva de la época de la dictadura militar; es muy triste que todavía tengamos que convivir con situaciones como éstas».
Zeca Dirceu señaló que el gobierno de Lula, en consonancia con la opinión de todos los miembros de la bancada del PT, tiene toda la razón al defender la desmilitarización de Abin, para que se convierta en un organismo civil.
«Siempre hemos tenido razón al defender la retirada de Abin del mando militar. Es bueno que ahora tengamos un civil al mando y nos da la seguridad de que hechos como estos no se repetirán», comentó el parlamentario.
*Cezar Xavier es colaborador de Vermelho.org, donde fue publicado originalmente este artículo.
FOTO DE PORTADA: ABIN.
