En diciembre de 2022, el activista climático Bob Barigye, de 34 años, se enfrentó a una decisión que le cambiaría la vida. El profesor de biología ya se había involucrado mucho más en una campaña nacional contra un controvertido oleoducto de lo que podría haber soñado hace unos años. Pero ahora, tenía que decidir si ascender o no como el nuevo líder del movimiento.
Barigye conocía los riesgos de aceptar ese puesto (el anterior líder de la campaña acababa de dejar el cargo para recuperarse del trauma experimentado durante la detención policial), pero también sabía el tamaño y la importancia de la tarea que tenía por delante. Estuvo de acuerdo en encabezar el movimiento suelto de activistas decididos.
Una de las primeras tareas de Barigye fue liderar un diálogo para discutir los peligros del Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP ). El proyecto planificado está destinado a transportar petróleo 1.443 km desde los campos petroleros en Uganda hasta el puerto de Tanga en Tanzania. Los activistas dicen que desplazará a 14.000 hogares, causará daños ambientales irreversibles y generará 34 millones de toneladas de emisiones de carbono al año.
La reunión para discutir estos riesgos se fijó para el 24 de enero, el mismo día en que el presidente Yoweri Museveni inauguró la primera de las cuatro plataformas petroleras que forman parte del megaproyecto. Antes de la reunión, Barigye obtuvo la aprobación de la policía. Y así, esa mañana, se paró en la entrada del hotel sede en la capital, Kampala, esperando para saludar a los ambientalistas, activistas, funcionarios gubernamentales y políticos que habían aceptado participar. Sin embargo, poco antes de que comenzara el evento, un equipo de policías recorrió el edificio.
“Comenzaron a revisar cada habitación de hotel buscándome”, dice Barigye. “También estaban ahuyentando a nuestros invitados que habían venido para el diálogo. Cuando traté de negociar con ellos, me arrestaron por obstrucción a la justicia y por incumplir la Ley de Ordenación Pública”.
Barigye sospecha que las fuerzas de seguridad “sabotearon deliberadamente” el diálogo en el último minuto cuando se enteraron de que las principales figuras de la oposición Kizza Besigye y Robert Kyagulanyi (alias Bobi Wine) se encontraban entre los invitados.
La policía disolvió la reunión y mantuvo a Barigye en una celda durante cuatro días, tiempo durante el cual el activista dice que fue “torturado psicológicamente”.
“Amenazaron mi vida y la de mi familia”, dice. “Me arrastraron a una celda sucia, me hicieron pasar hambre… No podía dormir porque me interrogaban a cualquier hora de la noche”.
“La policía ahora prefiere la tortura psicológica”
El régimen de Museveni, que ha estado en el poder durante los últimos 36 años, no es ajeno a tomar medidas enérgicas contra las voces disidentes y detener a los críticos. Como se informó en African Arguments, las fuerzas de seguridad secuestraron a más de 1000 personas en el período previo a las elecciones de 2021, muchas de las cuales aún no se han encontrado. Más recientemente, la policía arrestó a un destacado político de la oposición y cerró la oficina de derechos humanos de la ONU en el país poco después de que expresara serias preocupaciones sobre el comportamiento de los servicios de seguridad de Uganda.
Lo que es nuevo, según los activistas climáticos, es el grado en que estas tácticas represivas ahora se utilizan para reprimir los movimientos que se oponen a EACOP. En los últimos años, varios activistas que pedían el desguace del oleoducto han sido arrestados, mientras que decenas de ONG, incluidas numerosas organizaciones ambientales, han sido clausuradas por la fuerza.
Barigye sugiere que el gobierno está apuntando particularmente a los líderes del movimiento climático de Uganda debido a su mayor influencia. Alega que las fuerzas de seguridad utilizan “cargos falsos” para detener a los activistas y luego utilizan deliberadamente la violencia psicológica en lugar de la física para evitar dejar pruebas más visibles de los abusos.
“Nos miran los enemigos del estado”, dice Barigye. “La policía ahora prefiere la tortura psicológica porque la tortura física creará mala publicidad en torno al proyecto del oleoducto, lo que podría alejar a los inversores y aseguradores… El gobierno no quiere estar en el centro de atención internacional por las razones equivocadas”.
Según Barigye, fue esta estrategia la que obligó a su predecesor Jackson Ssemwanga a retirarse del activismo en diciembre de 2022. Ese mes, el hombre de 37 años fue arrestado después de que él y otros tres, incluido Barigye, caminaran hacia las oficinas del National. Autoridad de Gestión Ambiental (NEMA) para solicitar a la agencia gubernamental que reevalúe la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de EACOP.
La policía detuvo a los cuatro activistas durante cuatro días. Tres de ellos se mantuvieron juntos, pero Ssemwanga fue trasladado a un lugar separado desconocido. Cuando fueron liberados, el exlíder anti-EACOP dijo que dejaba el activismo. A diferencia de los otros tres, Ssemwanga no fue acusado en los tribunales.
“Hasta ahora, todavía no quiere hablar de lo que le hicieron”, dice Barigye. “Tal vez la policía amenazó su vida o la de su familia. Todavía no lo sabemos”.
Cuando African Arguments se puso en contacto con Ssemwanga para pedirle su versión de los hechos, dijo por teléfono: “No puedo hacer eso porque no es seguro para mí… Mis amigos pueden continuar con su activismo, pero en cuanto a mí, me estoy tomando un descanso. ”.
Dickens Kamugisha, director ejecutivo del Instituto Africano para la Gobernanza Energética (AFIEGO), con sede en Kampala, también cree que el gobierno está tratando de infundir miedo entre los activistas. La policía cerró por la fuerza su organización en octubre de 2021 y detuvo a cinco miembros de su personal durante 72 horas. Dramáticamente volvió a arrestar a los empleados, junto con Kamugisha por primera vez, días después.
“El gobierno está lleno de codiciosos que quieren beneficiarse de este oleoducto a expensas del medio ambiente, y están dispuestos a hacer cualquier cosa con impunidad porque las leyes no significan nada para ellos”, dice Kamugisha, quien argumenta que el ley utilizada para justificar el cierre de AFIEGO fue mal aplicada.
El activista de derechos humanos y abogado Maxwell Atuhura sugiere que el gobierno utiliza «cargos anormales» contra los activistas para «desacreditarlos y hacerlos parecer como si fueran los verdaderos criminales a los ojos del público». Fue arrestado en 2021 por cargos de “incitación a la violencia” mientras investigaba comunidades que habían sido desplazadas por EACOP pero que no fueron compensadas. Desde entonces, Atuhara ha estado bajo fianza policial, lo que significa que todavía tiene que presentarse en una estación de policía regularmente mientras su caso permanece oficialmente abierto. El abogado dice que efectivamente ha sido “desterrado” de su casa en la región de Albertine, donde trabajaba, y que continúa siendo intimidado.
“A veces, los extraños me siguen cuando me muevo”, dice. “En mi pueblo natal en el distrito de Buliisa [en la región de Albertine], mi familia también vive con miedo porque la policía [puede] venir en cualquier momento de la noche para comprobar si estoy allí”.
Beatrice Rukanyanga, fundadora del grupo Kwatamiza Farmers, que ha estado apoyando a los hogares desplazados en busca de compensación y también cerró temporalmente en 2021, dice que cada vez es más difícil hablar. “Cuando haces campaña contra la tala de bosques o un oleoducto porque afecta a la generación futura, te ven como oposición, una señal de que no eres libre en tu propio país”, dice. “Estás intimidado por expresar tus puntos de vista”.
En declaraciones a African Arguments, el portavoz adjunto de la policía metropolitana de Kampala, Luke Owoyesigyire, dijo que las denuncias de tortura psicológica contra activistas son “simplemente infundadas” y que la policía aplica “fuerza razonable” para obtener información de los sospechosos.
“No entiendo cómo se puede medir la tortura psicológica o su magnitud”, agregó. “Si los activistas tienen un caso, que vengan y lo denuncien”.
El portavoz del gobierno de Uganda, Ofwono Opondo, simplemente describió a los activistas climáticos como “un grupo de buscadores de atención que no han sabido apreciar que el oleoducto está destinado a beneficiar a todos los ugandeses”.
Activistas climáticos en Uganda dicen que quieren mantener un diálogo pacífico con el gobierno sobre EACOP, que es en gran parte propiedad de TotalEnergies. Dicen que desean discutir los peligros que representa el oleoducto para áreas biodiversas como el Parque Nacional Murchison Falls y el lago Victoria, por donde pasará. Quieren celebrar debates significativos sobre formas más limpias de generar energía e ingresos para el país. Sin embargo, en lugar de palabras, dicen que el gobierno ha respondido con hostigamiento, intimidación, detención y tortura.
Activistas como Barigye creen que el gobierno está desesperado por evitar que se informe al público sobre los riesgos asociados con el oleoducto. Se ha dedicado a enseñar a los estudiantes de la escuela sobre los peligros de los combustibles fósiles a través de su Green Club, que tiene más de 250 miembros en Kampala.
“Quiero capacitar a los jóvenes para que se conviertan en una generación de activistas climáticos que puedan ocupar nuestro lugar cuando no estemos cerca”, dice.
Sin embargo, incluso este enfoque se enfrenta a dificultades. Barigye fue despedido de la escuela en la que enseñaba en 2017, en parte por temor a que sus actividades atrajeran la atención de la policía.
“Nuestro gobierno no quiere que la gente tenga información sobre el oleoducto porque cuando la tengan, se levantarán y les harán preguntas difíciles”, dice.
*John Okot es un periodista independiente que vive en Gulu, al norte de Uganda.
Artículo publicado originalmente en Argumentos Africanos
Foto de portada: #StopEACOP TotalEnergies Uganda Tanzania
Crédito: Viernes para el Futuro Uganda.
