Una historia que desde el 28 de julio del 2021 hasta nuestros días ha tenido idas y vueltas entre dos firmes decisiones; la de Castillo de terminar su mandato y la de la oposición derechista de sacárselo de encima a como de lugar, sin considerar a los 8.836.380 votantes que le dieron el triunfo al actual presidente.
Apenas terminados los escrutinios y con la ONPE brindando los resultados definitivos, Castillo tuvo que enfrentar la envestida de Keiko Fujimori y sus partidarios que reclamaban por un supuesto fraude, pero en realidad ese sería el problema menor que debería asumir teniendo en cuenta que la derecha tenía casi el 50 por ciento de los votos, con una bancada muy minoritaria de Perú Libre en el Congreso (28 congresistas propios sobre un total de 130) y con los grandes poderes económicos en contra.
Debemos recordar que la Bolsa de Lima, al día siguiente de conocerse el resultado electoral, reaccionó con una baja en las acciones y al mismo tiempo una fuerte suba del dólar.
Uno a uno sus gabinetes sufrieron censuras y presiones de todo tipo que hicieron que, para mayo de este año ya llevara cambiados 50 ministros en 10 meses de gobierno, sin mencionar las judializaciones y pedidos de vacancia que hicieran que el 19 de octubre de este año, Castillo solicitara a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana, exponiendo que en Perú se estaba gestando una nueva modalidad de golpe de Estado.
Era una respuesta a las denuncias contra él, presentadas ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por considerarlo cabecilla de una organización criminal.
Además, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones (Alianza para el Progreso), aceleró la votación para que procedan cuatro denuncias nuevas contra Castillo, esta vez por haber asumido la primera cuestión de confianza como denegada.
Antes de la llegada de la misión de la OEA al Perú, el primer ministro, Aníbal Torres, anunció que presentaría una cuestión de confianza para un proyecto de ley que devolvía facultades de contrapeso político al Ejecutivo. La moción de confianza es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente, si este procediera a censurar o negar el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso.
El Tribunal Constitucional (TC) dictó una medida cautelar a favor del Congreso de la República, por la cual se suspende cualquier acción del Ejecutivo, para que no pueda disolver el Parlamento.
O sea, el poder judicial blinda al congreso que, al mismo tiempo resolvió avanzar con la tercera moción de vacancia y que para la sesión del próximo 7 de diciembre cita al presidente, para escuchar su descargo e ir a la votación final, esperando alcanzar los 87 votos que necesita para sacarlo.
Esta estrategia contra el presidente Pedro Castillo no solo se limita a obtener la vacancia, inhabilitación o destitución, también están trabajando para efectuar un cambio de las reglas vigentes para poder acudir a la figura de la suspensión.
La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el diputado de Fuerza Popular Hernando Guerra, aprobó este jueves los dictámenes sobre el adelanto de elecciones generales para el 2023 y la modificación del Reglamento Interno del Parlamento sobre el proceso para suspender al presidente Pedro Castillo, en plena semana de representación.
La semana de representación consiste en cinco días hábiles por mes que son agendados por el periodo que comprende al año legislativo. Durante estos días, la actividad en el Congreso disminuye porque cada legislador, supuestamente, tiene que viajar a su región de origen para relacionarse con los ciudadanos que representa, obviamente con sus viáticos pagos.
Claramente fraguando el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, fue que aprobaron la modificación del mismo, para poder suspender a Castillo necesitando nada más que 66 votos, resolución que deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso cuando corresponda.
La figura de “suspensión del presidente”, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, nunca fue aplicada, por consiguiente, no existe regulación sobre el número de votos. Con este vacío se pretende encontrar un vericueto legal para sacar a Castillo.
Esta norma establece que el presidente puede ser suspendido por “incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso”.
Guerra explica que, la definición de las causas para la suspensión, las definen los congresistas. “El pleno puede decir: no tiene capacidad física, no puede razonar…, hay muchísimas causas”, aseguró el diputado.
Es en este contexto, en el cual y luego de haber entrevistado a una cantidad de actores de la vida política del país, el Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente designado por la OEA representado por los siguientes cancilleres y vicecancilleres: Eamon Courtenay, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Belize; Arnoldo André, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Juan Carlos Holguín, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador; Mario Adolfo Búcaro, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; Julio César Arriola, Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay; Laura Gil, Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia; Pablo Anselmo Tettamanti, Viceministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina y el Eladio Loizaga, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, representante de la Secretaría General de la OEA, concluyen que el conjunto de los elementos descritos a continuación ponen en riesgo la institucionalidad democrática del Perú.
1. Inestabilidad democrática. Todos los actores entrevistados resaltaron la alta inestabilidad existente que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país. El origen de esta situación se identifica en la combinación de diversos factores entre los que se señalaron, la alta fragmentación de las fuerzas políticas; los constantes cambios en la formación de gabinetes; el cuestionamiento al nombramiento de funcionarios por ser considerados no idóneos; la obstaculización del ejercicio del poder; contrapuestos pedidos de recortes de mandato y adelanto de elecciones; los pedidos de vacancia presidencial (tres presentados a la fecha), el uso de la figura de la cuestión de confianza; la disolución del Congreso de la República; las investigaciones abiertas contra el Presidente y otros integrantes del Poder Ejecutivo, y la ausencia de diálogo entre los principales actores políticos.
Entre los poderes del estado existen acusaciones y señalamientos de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos. Cada poder del Estado responsabiliza a los demás de provocar falta de gobernabilidad. El GAN escuchó con preocupación expresiones como “en Perú hay pronóstico reservado”; y “la democracia peruana está en cuidados intensivos”.
El GAN también toma nota de los enfrentamientos entre poderes y la ausencia de mayorías y rompimiento de bloques en el congreso.
2. Ambiente altamente polarizado. La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado, y en ciertas regiones del país. Ello conduce a un enfrentamiento cada vez mayor en la sociedad peruana, lo cual puede afectar el normal funcionamiento institucional y generar mayor conflicto y división en la sociedad peruana. En palabras de un actor entrevistado, existe en la actualidad una “guerra civil entre las instituciones públicas”.
Diversos actores manifestaron las consecuencias que la polarización podría tener en el corto y mediano plazo, incluyendo las manifestaciones públicas entre defensores y opositores del gobierno, lo que podría comprometer la paz social—varios actores mencionaron la proliferación de armas en el “Perú profundo”, refiriéndose a las zonas más alejadas de la capital.
Según la información recabada por el GAN, la polarización se manifiesta entre poderes del estado, y en ciertas regiones del país. El GAN fue alertado por algunos entrevistados que, ante posibles decisiones adoptadas por los poderes del Estado, podrían suceder hechos violentos por parte de grupos sociales.
3. Acoso permanente y confrontación entre poderes. La confrontación permanente trajo la consecuente pérdida de credibilidad por parte de la población, que ve a los poderes del estado como actores que no están pensando en el bien común de la población. Hay cuestionamiento mutuo y confrontación entre diversos órganos del gobierno y ello puede atribuirse a que existe una desconfianza recíproca entre actores políticos que se acusan mutuamente. Ejemplos mencionados de esto son la dilatación y demora en atender iniciativas legislativas, incluso algunas leyes que no contienen iniciativa de gastos y que afectan el bienestar de grupos vulnerables, obras públicas paralizadas, por mencionar algunos.
4. Uso excesivo de herramientas de control político. Se presentó ante el GAN la preocupación por el uso indiscriminado de las mociones de vacancia, la negación al Presidente para viajar al exterior, denuncias constitucionales, mociones de interpelación, votos de censura, antejuicio político. Asimismo, se indicó al GAN que se está ante un proceso de “judicialización de la política y politización de la justicia”, lo que desvirtúa el rol y equilibrio de los poderes del Estado. Si bien la constitución peruana se organiza conforme a la separación de poderes, hay acusaciones cruzadas refiriendo que cada uno viola la jurisdicción del otro llevando acciones fuera de su competencia.
5. Cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación. Se tuvo conocimiento del GAN que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad, llegando a sostener que no son veraces, y que en algunos casos hasta son desestabilizadores. También se informó al GAN que en Perú existe “sobre libertad de expresión”, y que los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura. De igual manera, ciertos actores comunicaron que se utilizan las noticias reportadas por los medios para abrir casos de investigación legal contra actores políticos, sin contar con los elementos jurídicos necesarios. Por otra parte, los medios han cuestionado la falta de apertura del poder ejecutivo ya que no tiene relación con los medios, nadie conoce la agenda presidencial y se evita e irrespeta a los medios. Se ha evidenciado la confrontación entre el ejecutivo y los medios de comunicación, acusando al Presidente de carecer de transparencia en su gestión.
6. Crisis social. Todas las voces escuchadas resaltaron diversos aspectos de cómo la crisis de gobernabilidad ha impactado y profundizado la crisis social del Perú. Varias voces se alzaron contra la crisis sanitaria y alimentaria existente en varias regiones del país. No menos preocupantes fueron quienes denunciaron la situación de la educación, debido al retroceso en cobertura y al tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID 19. Asimismo, hubo voces que reclamaron la renuencia del legislativo en la tramitación de leyes en beneficio de asuntos sociales como la agricultura o la salud.
Se hizo un llamado a que se reinstale el camino al desarrollo y se gobierne y legisle para el pueblo, clamando por un cese a la lucha política con el fin de empezar a gobernar para la sociedad peruana.
Algunos entrevistados destacaron su temor a que la situación general pueda ser fuente de conflictividad, incluso armada.
7. Racismo y discriminación. Varios de los actores entrevistados denunciaron que la elección del Presidente Pedro Castillo puso de manifiesto que existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial. Esto se ha traducido en improperios e insultos hacia la imagen del Presidente.
Según se ha observado, también se ha perdido el respeto en la relación entre actores, que es condición indispensable para construir canales efectivos de comunicación. En este contexto, algunos entrevistados sostienen que la discriminación alcanza también a los 55 pueblos originarios y 48 lenguas que comprometen el legado cultural del país, y las cuales merecen el debido respeto y consideración.
El GAN también ha sido informado del retroceso que existe en políticas de igualdad de género y la pretensión de negar derechos adquiridos, así como de ataques a las mujeres a través de comentarios misóginos y homofóbicos que no pueden ser tolerados.
8. Compromiso con el diálogo. Los actores entrevistados sostuvieron en general su predisposición al diálogo como parte esencial del ejercicio democrático. Sin embargo, varios de los representantes de las instituciones fundamentales subrayaron que ese diálogo no puede mantenerse con otras contrapartes que se consideran cuestionables, ya sea por sus posiciones políticas o carencia de ellas o incluso por cuestionar su honorabilidad. En la práctica ello se viene traduciendo en dificultades, no solo en la relación formal entre poderes del Estado, sino incluso en el recurso a instituciones informales tradicionales en el Perú concebidas expresamente para fomentar el diálogo tales como el Consejo de Estado o el uso del Acuerdo Nacional, que no se han convocado.
Algunos actores también propusieron la posibilidad de encauzar el diálogo a través de un actor articulador, por fuera de los dos anteriores, con mesas de trabajo en las que se asegure mayor participación de la sociedad civil, con perspectiva de género.
Como queda de manifiesto en los testimonios recogidos en este informe preliminar del Grupo de Alto Nivel, la crisis de la democracia representativa liberal que rige en el Perú, trasciende el ámbito institucional y las consecuencias de tantos años de construcción mafiosa filo fascista, han llevado a ese país a una encrucijada.
Algunos como el Dr Vladimir Cerrón plantean el retorno a la Constitución del 79, otros como el ex Mayor de ejército Antauro Humala, plantean el cierre del Congreso y la refundación del Perú y la derecha fujimorista desde sus partidos y grupos económicos aliados, junto al cuestionado Presidente del Congreso José Daniel Williams Zapata, militar responsable de la masacre de Accomarca en 1985 y jefe de la operación militar Chavín de Huántar, contra el MRTA en la embajada de Japón en Lima, librada a sangre y fuego tras 126 días, conspiran constantemente para derrocar al presidente Castillo, esperando quizás, que la salida a la crisis venga de la mano de una acción militar, sin importar cual sea el costo de esta aventura.
Muchos pensarán que estos, no son tiempos para golpes militares de Estado, pero la reciente experiencia en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2019 con la confabulación de gobiernos derechistas limítrofes y el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, junto al derrotado intento subversivo de los Fascistas Camacho y Calvo, recientemente en Santa Cruz, nos muestra otra cara de la realidad que habla muy por lo bajo, de que la derecha viene por la revancha.
Oscar Rotundo* Analista político internacional editor del equipo de PIA Global.
Foto de Portada: Cientos de personas encabezados por dirigentes de derecha, marcharon en Lima para protestar contra el gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, e insistir en su vacancia, o destitución. https://opinionfrontal.com/
