Los avatares que enfrenta, en los últimos meses, el Proceso de Cambio en Bolivia se han acentuado aceleradamente tanto por acciones planificadas desde la oposición regional y política y los medios de comunicación de las corporaciones privadas, como por los conflictos dentro del bloque de poder constituido por las organizaciones populares, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, ministros del gobierno central y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), abriendo así una serie de interrogantes sobre las perspectivas de las transformaciones históricas y revolucionarias desarrolladas en los últimos 20 años.
El paro de actividades impulsado regionalmente por el Comité Cívico, la Gobernación y el denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, mediante la violencia y las acciones de los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), impugnando la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fijada por el Gobierno para 2024, y pidiendo su realización en 2023, se extendió por más de tres semanas, provocando pérdidas estimadas por el Gobierno en mil millones de dólares, la muerte de cuatro personas y enfrentamientos violentos con la Policía. Este movimiento lo conducen Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, quienes propiciaron el golpe de Estado de 2019.
Ante esta situación las organizaciones populares de la ciudad de Santa Cruz, juntas vecinales, transportistas, comerciantes, vivanderas y gremiales se enfrentaron contra los impulsores del paro, y simultáneamente los movimientos sociales de campesinos, mujeres campesinas, indígenas e interculturales del Pacto de Unidad (PU) y del MAS rodearon y cercaron a los ejecutores del mismo; mientras tanto los medios de comunicación empresariales, especialmente los periódicos El Deber, Los Tiempos y Página Siete y los Canales Unitel y UNO, desarrollaron campañas abiertamente conspirativas contra el proceso.
El Gobierno, después de consultas y debates sobre la fecha del Censo con todas las gobernaciones, municipios, instituciones y universidades de Bolivia, determinó establecer para el 23 de marzo de 2024 la fecha definitiva, dejando aislado el movimiento de protesta.
Paralelamente, los enfrentamientos verbales entre dirigentes sociales y políticos, parlamentarios y ministros dentro del oficialismo se fueron acentuando, al extremo de producirse divisiones en la bancada parlamentaria del MAS e inclusive pugilato entre diputados. El ministro de Justicia, Iván Lima, asumió posiciones públicas solidarias con parlamentarios, dirigentes y periodistas de la oposición conservadora; el diputado Rolando Cuéllar abrió una campaña difamatoria contra el jefe y líder del MAS, Evo Morales, recibiendo el respaldo de algunos funcionarios públicos.
Por su parte, el segundo dirigente del MAS, Gerardo García, acusó a varios ministros y al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de realizar, desde sus despachos, campañas contra el MAS; el parlamentario oficialista Héctor Arce lanzó denuncias de corrupción de autoridades de alto nivel del Gobierno; y el exministro de Gobierno, que no pudo frenar el motín policial de 2019, Carlos Romero, atacó duramente al Ejecutivo por retrasar la fecha del Censo, coincidiendo con la oposición oligárquica.
Este panorama permite advertir que si los principales dirigentes y autoridades, Evo Morales, presidente del MAS; Luis Arce, presidente del Estado; y David Choquehuanca, vicepresidente, no encuentran un acuerdo de unidad y coherencia, exigido por las organizaciones populares y sindicales de todo el país, las perspectivas políticas del proceso revolucionario nacional-popular se presentarán muy difíciles, poniendo en riesgo las transformaciones económicas, políticas y sociales realizadas en Bolivia.
Eduardo Paz Rada * Sociólogo boliviano y docente de la UMSA.
Esta nota fue publicada en la Época.com.bo
Foto de portada: el pueblo santacruceño volviendo a la normalidad. Imagen: EFE
